10/7/13

Error sobre error en Egipto

  Ya metidos en Ramadán y con la perspectiva de una semana desde el golpe de estado, en ningún caso puede considerarse una buena noticia que el proceso de cambio político que vive Egipto desde la caída de Mubarak (11 de febrero de 2011) haya sido interrumpido bruscamente por los militares.
Es bien sabido que desde 1952, las fuerzas armadas son un actor político de primer orden en la historia del país, sin olvidar que son también un potente actor económico (se estima que entre un 25 y un 40% del PIB nacional está directamente en sus manos). Constituyen una casta que ha servido de ascensor social para varias generaciones, hasta el punto de convertirse en la columna vertebral del Estado, sin haber perdido sorprendentemente una muy positiva imagen entre la ciudadanía.
Aunque su actuación no encaje con los modos políticos de las democracias consolidadas, hay que entender que todo ello le confiere una autoridad ampliamente reconocida en amplias capas de la población egipcia para arbitrar el proceso que debería conducir al país a convertirse en la primera democracia árabe. Visto así, su actuación para defenestrar a Mohamed Morsi de la presidencia, tan solo un año después de su elección, es mucho más el resultado de los errores acumulados por quien no supo gestionar su victoria que el deseo de los uniformados por gobernar el país.
En realidad, como ha quedado tantas veces demostrado en estos últimos dos años, los militares están más cómodos moviéndose fuera del alcance de las cámaras. Su interés fundamental es preservar sus privilegios (algo que habían logrado ya de hecho en la cohabitación que habían establecido con Morsi), garantizar la estabilidad del país, respetar el acuerdo de paz con Israel y asegurar la libertad del tráfico por el canal de Suez. De ningún modo quieren asumir la pesada carga de gestionar los asuntos diarios en una situación socioeconómicamente tan delicada como la actual. En consecuencia, habían dejado en manos de Morsi y del Partido Justicia y Libertad esa tarea de desgaste, tutelando desde la distancia un proceso que tenía como primer reto mejorar el nivel de bienestar del conjunto de los 84 millones de egipcios, devolverles su dignidad y asentar un marco de libertades que pusiera fin a la endémica corrupción del sistema.
Todo indica que Morsi no supo interpretar adecuadamente el mensaje. En lugar de buscar la incorporación del más amplio número de actores políticos posible (a fin de cuentas su victoria apenas superó el 51% de los votos emitidos), reforzó la hermanización del Estado, copando todas las instancias de poder con miembros de los Hermanos Musulmanes (HHMM). Si a eso se le une que en ningún momento ha logrado dar la vuelta a una situación económica muy negativa, se explica que tanto una buena parte de la población como sectores que se sentían agraviados (desde los coptos a los jueces, pasando por secularistas, demócratas y jóvenes revolucionarios) hayan planteado un desafío (en la forma del movimiento Tamarod) que ha desembocado en las movilizaciones del pasado día 30. Ese escenario de movilización ciudadana ha servido, por tanto, de base argumental para que el general Al Sisi haya escenificado el ultimátum que ha eliminado a Morsi.
Mirando hacia adelante, lo más inmediato es frenar la dinámica de violencia que se empieza a registrar en las calles, puesto que si eso ocurre se haría imposible reiniciar ningún nuevo proceso de cambio político. Más allá de eso, el panorama global es inquietante por mucho que los militares han tratado de corregir errores del pasado, incorporando desde el primer momento a figuras tan relevantes como el líder suni de Al Azahar, al patriarca copto y a Mohamed El Baradei (cabeza visible del Frente 30 de Junio, brazo político del movimiento Tamarod). También se han apresurado a nombrar a Adly Mansour, presidente del Tribunal Constitucional, como presidente interino, respondiendo precisamente a una de las peticiones concretas de Tamarod.
Pero nada de eso despeja por sí solo un horizonte cargado de incertidumbre. Porque, en definitiva, los militares saben que no hay ningún grupo político tan consolidado como los HHMM que pueda servir como interlocutor y como responsable de la gestión de los asuntos nacionales. Esperando que los nuevos gobernantes no cometan el error de ilegalizar al Partido Justicia y Libertad (lo que alimentaría la victimización de los HHMM), nadie puede garantizar que la próxima Constitución vaya a ser más equilibrada que la ahora suspendida, ni que el vencedor en las próximas elecciones sea más sinceramente demócrata. ¿Y si vuelven a ganar los islamistas?

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