2/4/13

Prostitución en la Argentina: sobre la penalización del cliente


SE PRESENTAN EN EL CONGRESO DOS PROYECTOS PARA SANCIONAR A LAS PERSONAS QUE PAGAN POR SERVICIOS SEXUALES

Comienza el debate sobre la penalización del cliente

Dos proyectos se presentan mañana sobre penalización del cliente, uno en el Senado y otro en Diputados. El primero sanciona el consumo cuando hay víctimas de trata. El segundo, en todos los casos, como en Suecia.


Por Mariana Carbajal
El debate por la penalización del consumo de prostitución llega al Congreso. Mañana, se presentarán dos proyectos que, con algunas diferencias, castigan con penas de prisión a los clientes. Uno es del senador Aníbal Fernández, del Frente para la Victoria. El otro, de la diputada Marcela Rodríguez, del monobloque Democracia Igualitaria y Participativa, que cuenta además con el respaldo de representantes del oficialismo y la oposición. El de Fernández penaliza sólo a los clientes que consuman prostitución de personas víctimas de trata. El de Rodríguez, en cambio, impone penas de seis meses a tres años de prisión a quien paga “por el uso sexual de una persona”. En ninguno de los casos se plantea una condena a las personas que son objeto de ese comercio.
“Está documentado en distintos países que lo que genera la trata es la demanda del comercio sexual. Sin explotación sexual no hay trata”, destacó a Página/12 la diputada Rodríguez, al explicar el fundamento de la iniciativa, que toma como modelo la política que se aplica en Suecia desde hace más de una década, donde los clientes son perseguidos penalmente igual que los proxenetas.
Fernández no quiso adelantar los detalles de su propuesta. En una entrevista con Víctor Hugo Morales, en Radio Continental, aclaró que su proyecto penaliza a los clientes que consuman prostitución de personas en condición de trata. “Creemos que tiene que penarse a aquel que consume, para evitar que nuestras chicas sean explotadas, secuestradas o manipuladas en cualquier lugar del país. Así podremos conseguir que no exista una actividad tan deleznable como es la trata de personas. Si no podemos convencerlos por lo honorable, por lo moral, los deberemos convencer por un ejercicio de la política penal, porque no pueden consumir nuestras chicas, ni jóvenes ni menos jóvenes”, indicó el senador del FpV. En su blog, además, escribió: “Como indica Amnesty International, es deber del Estado no sólo impulsar una investigación seria y comprometida para identificar, juzgar y condenar a los responsables, sino también prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual”.
Las iniciativas tienen diferencias. Para Rodríguez, “la prostitución siempre es explotación”, independientemente de que quien la ejerza lo haga por propia decisión. Fernández, en cambio, sostiene: “Sin clientes no hay trata”. Es decir, su proyecto no persigue a quienes pagan por sexo si hay una meretriz o un varón en situación de prostitución que da su consentimiento para desempeñar esa actividad.
Rodríguez viene planteando hace varios años la necesidad de penalizar al cliente-prostituyente para eliminar la trata para explotación sexual. Este no es el primer proyecto de Rodríguez en el mismo sentido. En esta oportunidad, la acompañan con su firma diputadas y diputados de un amplio arco político, entre ellos Héctor Recalde, María Elena Chieno, Nancy González, Inés Lotto, Graciela Caselles, Carmen Nebrera y Stella Maris Levenberg, del Frente para la Victoria; María Luisa Storani, de la UCR; Nora Iturraspe, de Nuevo Encuentro; Alicia Comelli, del Movimiento Popular Neuquino; María Virginia Linares, de GEN; y Estela Granero, de Córdoba Federal. El mismo Gobierno ha defendido esa política en foros internacionales desde 2009 (ver aparte).
El proyecto de Rodríguez modifica el Código Penal e incorpora como artículo 126 bis el siguiente texto: “Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que ofreciere o entregare una suma de dinero o una cosa apreciable en dinero o provecho económico o cualquier tipo de beneficio por el uso sexual de una persona. Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable también en el caso de que el pago del dinero o la entrega de la cosa apreciable en dinero o beneficio sea realizado por una tercera persona. En ningún caso son punibles por la comisión de este delito las personas prostituidas”.
En los fundamentos de la propuesta, se detalla que la reforma tiene como objetivo “adoptar medidas necesarias para la eliminación de la explotación sexual”, que “es una de las mayores violaciones a los derechos humanos fundamentales contra mujeres, niños y niñas así como personas transgénero, travestis e intersex, que implica un atentado a la integridad sexual, a la dignidad y a la libertad de la persona, al mismo tiempo que una manifestación de la desigualdad entre los sexos y de las diversas formas de violencia contra las mujeres en los términos de los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro país”.
Una propuesta similar está vigente en Suecia desde hace más de diez años. “Estudios que se han hecho en Suecia muestran que el modelo de penalización del cliente funciona bien, porque reduce notablemente la trata y la prostitución”, indicó la diputada a este diario. “La trata de niños, niñas y mujeres casi ha desaparecido” y “la prostitución bajó casi en un 80 por ciento en algunas ciudades”, precisó. Para Rodríguez la discusión no debería anclarse en si el cliente paga para consumir el cuerpo de una víctima de trata o la persona –mayoritariamente son mujeres en situación de extrema vulnerabilidad social– no se encuentra en esa condición. “En realidad casi no hay nada para discutir. Si un hombre sabe que la mujer es víctima de trata, es partícipe de la comisión del delito, de acuerdo con las modificaciones que se le introdujeron a la ley de trata a fin de año. Si yo compro un coche robado, sabiendo que es robado, nadie discute que cometo un delito. Creo que someternos a discutir que si en lugar de un coche es una mujer objeto de trata es ya perder mucho terreno en el contexto actual”, opinó.
La iniciativa tiene amplia fundamentación en legislación comparada, tratados internacionales de derechos humanos, y en un informe de la ex Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Sigma Huda, quien sostiene que “es extremadamente difícil, si no imposible, como una cuestión de hecho para los usuarios de prostitución, evitar usar prostitutas tratadas, aun si de buena fe ellos intentan hacerlo”. Para Huda, los usuarios de prostitución que deseen asegurarse de que no estarán involucrados en el comercio sexual con una víctima de trata “deben desistir del uso de personas prostituidas, porque seguramente si ellos están tan bien intencionados preferirían renunciar a la experiencia del comercio sexual”. En el informe, presentado ante el Consejo Económico y Social, el 20 de febrero de 2006, la ex relatora sostuvo: “La mayor parte de la prostitución, tal y como se practica actualmente en el mundo, suele reunir los requisitos para que pueda ser considerada trata. Es raro dar con un caso en que los motivos que llevan a una persona a la prostitución, y las experiencias de esa persona dentro de la prostitución, no incluyan como mínimo un abuso de poder y/o un abuso de vulnerabilidad. En este contexto, poder y vulnerabilidad deben entenderse también desde la óptica de las disparidades basadas en el sexo, la raza, la etnia y la pobreza. Dicho de manera sencilla, el camino que lleva a la prostitución y a ese estilo de vida una vez que se ha caído en ella raramente se caracterizan por el pleno ejercicio de derechos de las víctimas o la obtención de oportunidades adecuadas”.

DEFINICIONES DE EVA GIBERTI

“Esta sanción sería un gran avance”

“Todo lo que signifique sancionar a los clientes de prostitución es un gran avance”, opinó Eva Giberti, titular del Programa las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde 2006, recordó Giberti, “estoy hablando de esto”, pero en aquel momento “no fue aceptado como posible”. Sin embargo, a partir de 2009 el entonces ministro de Justicia y hoy senador, Aníbal Fernández, y después la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hablaron en foros regionales e internacionales del rol de los clientes en la existencia de la trata de mujeres para explotación sexual.
Ahora, Giberti ve más cercana la posibilidad de debatir el tema, en un contexto donde “todo el mundo habla de la trata”, en el que ha quedado “en completa transparencia” la “corruptela” de la Justicia para protegerla, luego del “vergonzoso fallo” que absolvió a los trece imputados por la desaparición de la joven tucumana Marita Verón, y a partir de la sanción de una ley que tipificó el delito (en 2009) y de la vigencia de un decreto presidencial que prohibió la publicación de avisos de comercio sexual en los medios de comunicación (2011).
De la órbita de Giberti dependió originalmente la Oficina de Rescate y Acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata, que hoy es un programa nacional. “La trata existe porque hay hombres que son violadores sistemáticos” y en tanto usuarios alimentan el círculo de explotación sexual, advirtió la especialista.
“Yo deseo una política como la de Suecia. Pero no me imagino que se pueda implementar ahora porque el nuestro es un país colonial en relación con un patriarcado muy fuerte. Estoy segura de que en el Senado van a surgir resistencias para aprobar este tipo de propuestas”, indicó. Para Giberti, si los proyectos prosperan, las detenciones de los “clientes-prostituyentes” deberían realizarse en el momento en que se hacen los allanamientos en los lugares de explotación sexual, burdeles, whisquerías o casas de masajes. “Lo que sucede cuando ingresa la Gendarmería o la Policía Federal en esos sitios es que se le colocan las esposas al rufián o proxeneta y los clientes hacen cuerpo a tierra y luego se van a su casa. Ahí es el momento para detenerlos. No hay que hacer inteligencia previa”, describió.



ORGANIZACIONES A FAVOR Y EN CONTRA DEL PROYECTO

“Es sólo una pata del problema”


“El prostituyente es sólo una pata del problema”, sostiene Graciela Collantes, activista de la filial Capital de Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) de Capital. Que las acciones de políticas públicas sólo se ocupen de quien paga por sexo, explicó en diálogo con este diario, no soluciona la situación “de vulnerabilidad de las mujeres”. Además, evaluó, es contradictorio hablar “del castigo al prostituyente cuando en algunas provincias hay códigos contravencionales que regulan el ejercicio de la prostitución”. Por ello, sostuvo Collantes, el debate debe tener también en cuenta “la raíz del problema”. En cambio, aun cuando coincidió en la necesidad de sumar “políticas de inclusión y capacitación para todas las mujeres que ejercen la prostitución, porque entran en ese circuito para sobrevivir y no por elección de vida”, Fabiana Túñez, de La Casa del Encuentro, dijo que la ONG mantiene su acuerdo con “cualquier medida que tienda a desalentar el consumo de cuerpos de mujeres y niñas, y de víctimas de trata”.
“El prostituyente es una pata del problema, porque hay una cultura patriarcal que hace que esa penalización por sí sola no resuelva la problemática de la vulnerabilidad”, evaluó Collantes. En el caso de un cliente que paga por tener sexo con una víctima de trata, “en realidad pasaría a ser cómplice de un delito”, pero en el caso de la prostitución, señaló Collantes, la evaluación debe ser diferente. Es preciso “plantear políticas públicas específicas para mujeres en situación de vulnerabilidad” que permitan a esas personas generar alternativas. De otro modo, el riesgo es el doble discurso. En la Ciudad de Buenos Aires, por caso, “hay un artículo del Código de Faltas, el 81, que castiga la oferta y demanda de sexo en la vía pública pero, si te fijás, ves que casi todas las actas son por oferta y casi nunca por demanda”.
Por su parte, Túñez evaluó que cualquiera de los proyectos de ley en cuestión “puede sumar”. “Toda medida que tienda a garantizar los derechos de las mujeres puede sumar, fundamentalmente los que ayuden a desterrar formas de proxenetismo.” Sin embargo, aclaró, “no estamos en contra de las mujeres. Lo que podemos decir es que debieran darse políticas de inclusión, de capacitación para todas las mujeres que ejercen la prostitución, porque entran en ese circuito para sobrevivir y no por elección de vida”.



LA POSICION DEL GREMIO DE TRABAJADORAS SEXUALES

“No fuimos consultadas”

Elena Reynaga sostiene que al penalizar al cliente “nos clandestinizan a nosotras” y que así quedarán “en manos de la policía, que hace caja con nosotras”. Piden políticas para el sector.



Por Pedro Lipcovich
“Al clandestinizar al cliente, nos clandestinizan a nosotras, y eso agrava la trata y la explotación”, sostuvo Elena Reynaga, presidenta de la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales y fundadora de Ammar –sindicato integrado en la CTA que lidera Hugo Yasky–, al expresar su rechazo a los proyectos de penalizar a los clientes de trabajadoras sexuales. “Una vez más no hemos sido consultadas: nos ignoran, nos invisibilizan”, denunció, y recordó que la entidad fundada por ella fue premiada por las Naciones Unidas por su acción contra el VIH/sida. Según Reynaga, la diputada Marcela Rodríguez (Coalición Cívica) “mira siempre hacia Europa, pero una cosa es la policía de Suecia y otra la de Argentina, que ‘hace caja’ con nosotras”. En cambio destacó “los avances que las trabajadoras sexuales están logrando en Ecuador y en Bolivia”. Y advirtió que “elegimos a los diputados para que escuchen todas las voces, no algunas”. Ammar defiende las cooperativas de trabajadoras sexuales y rechaza el proxenetismo y la trata. Según un mapeo efectuado hace tres años, habría más de 80 mil trabajadoras sexuales en la Argentina.
–Una vez más, no fuimos consultadas –deploró Reynaga–. Vuelven a ignorarnos. Ammar tiene 19 años: en este tiempo logramos la derogación de edictos policiales en distintas provincias y trabajamos con los ministerios de Salud. En 2010 recibimos el premio Cinta Roja (otorgado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– y Onusida). Pertenecemos a la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales, con 65 organizaciones de 16 países. En Bolivia, gracias al gobierno de Evo Morales, la compañera Evelia Yucra obtuvo el primer DNI donde figura “trabajadora sexual”. En Ecuador, el presidente Rafael Correa recibe a las trabajadoras sexuales y les otorgó una casa para su sede.

–¿Qué opinan de la penalización del cliente?

–Algunos miran siempre hacia otros países, europeos, y se olvidan de que viven en la Argentina. Una cosa es la policía de Suecia, otra la de Argentina. Al clandestinizar al cliente, nos clandestinizan más de lo que ya estamos: se exacerba la trata y la explotación. ¿Y por qué el Estado tiene que regular en qué se gasta la plata? ¿Por qué va a prohibir que alguien con su plata compre sexo? ¿Y quién aplica estas leyes? La policía; nos vuelven a poner en manos de estos mafiosos, que hacen caja con nosotras. En la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 81 del Código Contravencional prohíbe la oferta y también la demanda de sexo en la vía pública, pero la policía le hace la contravención a la chica y al cliente le dice: “Poneme un doscientos y no te mando la contravención a tu casa”; lo mismo pasaría con una ley que criminalice al cliente.

–La idea del proyecto es que no existe el trabajo sexual como actividad libremente elegida...

–Respetamos lo que cada diputado piense. Pero no los elegimos para que hagan lo que ellos creen sino para que legislen para todas y todos. Los legisladores parecen pensar que la prohibición tiene más impacto mediático, en vez de plantear políticas diferenciadas para la trata, el proxenetismo y el trabajo sexual autónomo. Ya hace tres años hicimos un mapeo y, sólo en las cinco provincias más importantes, se estimaron 80 mil trabajadoras sexuales. Buscamos el reconocimiento, la creación de cooperativas de trabajadoras sexuales autónomas. Y cuando nos movilizamos, la gente se acerca, está dispuesta a firmar, nos dice que ojalá lo logremos...

–¿Y en cuanto al proyecto de penalizar al cliente sólo cuando medie trata de personas, como sugirió el diputado Aníbal Fernández?

–Tampoco estamos de acuerdo. ¿Cómo se haría para diferenciar? En un prostíbulo podría haber situaciones distintas. Y sí, podría ser que en un prostíbulo superclandestino haya trata. Pero en los procedimientos que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires no hay trata de personas sino proxenetismo: las mujeres no están secuestradas, pero las explotan. Por este y otros temas venimos reuniéndonos mensualmente con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

–¿Qué objetivos tiene el diálogo de Ammar con la Defensoría del Pueblo?

–La Defensoría nos convocó el año pasado con la idea de diseñar políticas públicas. En la Ciudad apoyamos el proyecto de la diputada María Rachid para derogar el artículo 81. Y no queremos quedar marginadas de la política de vivienda; en el proyecto Pro.Cre.Ar hay que mostrar cuánto se gana: queremos pagar impuestos y poder así recibir créditos. El 80 por ciento de las trabajadoras sexuales vive en cuartuchos de hoteles, con sus chicos, pagando lo mismo que por un departamento de dos ambientes.

–¿Hay otras cuestiones que se planteen en esas reuniones?

–Las chicas denuncian atropellos en los procedimientos que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, no sólo de los policías sino también de psicólogas que participan. Una coordinadora de las psicólogas vino a nuestra sede el día que se reúnen las chicas: “¿No podés entender que no estoy obligada, que estoy trabajando?”, le reclamaban. La psicóloga tuvo la capacidad de reconocer que era un tema que desconocía, y me pareció bárbaro que haya venido a escuchar a las compañeras. Nosotras no somos tontas, no somos estúpidas. Hay muchas trabajadoras sexuales que son pensantes, inteligentes, y no trabajan para nadie más que ellas y sus hijos.
Página 12

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