8/3/13

Después de Chávez


Por Juan Gabriel Tokatlian


Ha muerto una de las personalidades políticas del mundo más singulares e influyentes de comienzos del siglo XXI: Hugo Chávez inauguró un régimen político híbrido en su país, Venezuela, y se proyectó –él y su modelo– mundialmente mediante una estrategia de inusitada visibilidad para un país del Sur. Intentó fundar un nuevo orden hegemónico interno recurriendo a una particular mezcla de nacionalismo, populismo y socialismo que aún debe evaluarse con mejores instrumentos de análisis y cierta mayor ponderación, al tiempo que, con un estilo simultáneamente carismático, mesiánico y provocador logró trascender la política venezolana y convertirse en un punto de referencia obligado en el continente y hasta en algunos temas de la política mundial. La aspiración de cambio que enarboló Chávez y su centralidad casi excluyente en el escenario político de Venezuela hacen que, naturalmente, todo sea frágil después de su muerte.

A partir de ahora habrá una transición política en Venezuela. Nada indica que será una transición de sistema (de presidencialismo a parlamentarismo) o de régimen (de autoritarismo a democracia o de democracia a autoritarismo). Tampoco pareciera que se producirá una transición de partido (una coalición hoy oficial sustituida, en lo inmediato, por una futura coalición opositora). Se trata, en esencia, de una transición de mandatarios (Hugo Chávez será sucedido por un nuevo presidente del “chavismo”).

Sin embargo, el impacto de esa transición supera el nivel personal: la estructura institucional, la política pública, la relación gobierno–oposición y hasta la diplomacia venezolana pueden ingresar en un proceso cambiante y contradictorio de impredecibles consecuencias para el país (y para sus vecinos próximos, aliados políticos y oponentes ideológicos). La experiencia de transición previa que tuvo el país –la de 1958, sellada con el pacto de Punto Fijo– poco tiene que ver con la actual: aquélla representaba la salida del mandato autoritario de Marcos Pérez Jiménez, se firmó entre tres partidos (AD, Copei y URD) democráticos pro-sistema, procuró establecer un gobierno de unidad y asegurar un programa mínimo de gestión. La presente transición no apunta a crear un nuevo régimen, no se da entre partidos relativamente próximos en su orientación, no se guía por la búsqueda de unidad en el manejo del Estado, ni parece dirigida a concertar un programa básico y compartido de gestión gubernamental.

No hay en América latina muchas “buenas prácticas” de transición de hombres fuertes que autoproclamaron una revolución para su país; sea ese proyecto revolucionario de corte marxista o nacional popular. En realidad, la disolución (vía golpes de Estado y proscripciones políticas, por ejemplo), la contención (vía estrategias coercitivas especialmente auspiciadas por Washington y acompañadas por algunos países del área, por ejemplo) y la reversión (vía “guerras de baja intensidad” y el despliegue de proxies, por ejemplo) –y no la transición– han sido los esquemas más usuales ante experiencias revolucionarias en la región. Por lo tanto, es importante destacar que Venezuela –los venezolanos– deberá nutrirse de pocas experiencias exitosas fuera del continente y aprender de los fracasos que han afectado por años a algunos países del área.

En esa dirección, hay dos planos claves. En el nivel interno, un proceso electoral solo no dirime, per se, la sucesión de un liderazgo revolucionario y su legado. Es indispensable un doble tipo de acuerdo. Por un lado, uno hacia adentro, en el seno del oficialismo (para controlar el alto nivel de faccionalismo imperante) y otro en el seno de la oposición (para que sus expresiones más moderadas y modernas no queden atrapadas por lo más vetusto del bipartidismo convencional). Por otro lado, un acuerdo de garantías para la oposición (para eludir que se torne antisistémica) y para el propio oficialismo (por ejemplo, respecto de la continuidad de ciertas políticas públicas) y el compromiso en torno de unas pocas reglas de juego fundamentales que profundicen y no socaven la democracia. En esta hora y las próximas los tejedores de potenciales compromisos serán más importantes y valiosos que los protagonistas retóricamente más efusivos, ya sea a favor o en contra de Chávez y sus casi tres lustros de gobierno.

En el nivel internacional, lo importante es no incidir negativamente en aquella transición (por ejemplo, en el caso de Estados Unidos) y estar dispuesto a facilitar lo que eventualmente pueda pactarse domésticamente (por ejemplo, el aporte de los países de Latinoamérica). En esta dirección, hay que recordar que la incorporación de Venezuela como miembro pleno del Mercosur tuvo menos que ver con el comercio o con una presunta compensación por la suspensión de Paraguay y más con la política y la diplomacia. Lo más probable es que en el cálculo de Argentina y Brasil, principalmente, prevaleciera la idea de prepararse para eludir un eventual clima de descontrol en lo que iba a ser –y hoy ya es– la transición venezolana. Si se produjera allí una situación turbulenta e inmanejable o un quiebre del orden democrático o una reversa revanchista del actual proyecto político, el problema para Sudamérica será monumental. Si, por otro lado, se asentara un “chavismo sin Chávez” aun más radicalizado o se manifestara una pugna feroz en el corazón del chavismo haciendo ingobernable el país, entonces el problema para la región sería igualmente grave. Si Buenos Aires y Brasilia quisieron que Caracas estuviera en el Mercosur, éste es el momento para, con discreción y realismo, contribuir a que Venezuela viva una transición efectivamente incruenta y potencialmente positiva.

En realidad, para los venezolanos de uno y otro bando y para los actores externos próximos o distantes, aliados u oponentes de Caracas, ésta debiera ser la coyuntura de la mesura y la sindéresis.

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