1/7/12

Presidente Obama, su Segunda Enmienda mata mexicanos

 por Sergio Aguayo

“¿Por qué las armas te preocupan tanto?”, me preguntó Ricardo Raphael a raíz, supongo, de que en el 2011, empecé a solicitar firmas para pedir al presidente Barack Obama tres medidas que redujeran el contrabando de armas de Estados Unidos a México.

Nací en un rancho del municipio de Ayotlán pero crecí en la capital de Jalisco, un estado leal a la cultura de la violencia. Después del rosario venía la cena y luego empezaban las historias de tesoros y aparecidos y se recordaba a la parentela que combatió a los federales gritando “¡Viva Cristo Rey!”.

Eran relatos minuciosos y detallados sobre cómo se moría, se mataba y se velaba. Era igualmente normal que en las fiestas familiares algún varón desahogara el regocijo vaciando al aire un cargador de una Colt 45.

En el barrio de mi adolescencia, San Andrés, formé parte de una pandilla llamada Los Vikingos, que veía con naturalidad el uso de la fuerza. El arsenal era escaso ―pistolas, rifles calibre 22 y uno que otro M2― y se dejaba para situaciones extremas. Los duelos personales o las batallas campales contra otros barrios o contra los golpeadores de la Federación de Estudiantes de Guadalajara se libraban a patadas, guantazos o garrotazos. Había un cierto código de autocontención y las muertes por armas de fuego eran más bien escasas e imputables, en ocasiones, a los arrebatos de imprudencia de quienes se les iba una bala o se volaban una parte del cerebro para chantajear a la novia, o mientras jugaban a la “ruleta rusa” bajo el influjo de rones o tequilas de ínfima calidad.

Los novenarios esporádicos se hicieron habituales cuando, a finales de los sesenta, una parte de la Guadalajara pobre y consciente se unió a la insurgencia armada que fue aplastada por los escuadrones de la muerte que en sus ratos libres servían a quienes empezaban a traficar con drogas. En 1971 dejé Jalisco cargando una que otra cicatriz pero ninguna cuenta irreparable. Me enrolé en la brutal disciplina de El Colegio de México donde o leías y escribías o perecías. Encerrado en los sótanos de la Biblioteca me daba mis tiempos para sentir la culpabilidad de quien sobrevive una tragedia; sabía que el mundo de mi juventud estaba siendo destruido a sangre y fuego. Fue entonces cuando me interesé por los derechos humanos y encontré en la protección de las víctimas el antídoto a la displicente familiaridad con la violencia de mis primeros años.

Vinieron los posgrados en el extranjero y a finales de los setenta me convertí, por invitación de Lorenzo Meyer, en profesor del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. El año en que ingresé a ese claustro las guerras centroamericanas iniciaron; las estudié y me movilicé para exigir que México diera asilo a las oleadas de desplazados con las cuales era inevitable que me identificara. Me conmoví y sufrí con los horrores de las guerras. En octubre de 1982 acompañaba a una misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en la Selva de Marqués de Comillas, Chiapas. Súbitamente, por entre los árboles salían miles de andrajosos indígenas guatemaltecos que venían huyendo de los feroces Kaibiles (tropas de élite guatemaltecas). ¡Cuánto dolor, cuánta muerte y sufrimiento! No sería ni la primera ni la última vez que descendí al Infierno de Dante. Reaccioné haciéndome especialista en temas de seguridad; quien quiera defender los derechos humanos ha de comprender la lógica de sus violadores.

México era diferente. La disputa por el poder se hacía cada vez más en torno a elecciones limpias y confiables. Tan fuerte era el impulso pacífico que la vertiente armada de la rebelión zapatista de 1994 duró unos cuantos días, muy rápido aceptaron una tregua de facto que todavía se mantiene. Fue una esperanza efímera. El presidencialismo autoritario y centralista no fue sustituido por una institucionalidad democrática; sólo se rompieron los diques que contenían una criminalidad que floreció y se expandió porque tenía tras de sí una añeja veneración por la violencia.

En 2011 México está inmerso en una guerra y la debilidad del Estado le impide enfrentar un doble flujo: del sur van a los Estados Unidos ríos de drogas y de migrantes; el norte avienta al sur fortunas en dinero y un caudal de armas cada vez más letales. Cada día entran a nuestro país hasta dos mil pistolas y fusiles de asalto que equipan a los grupos armados para sembrar el terror y enfrentarse a las fuerzas estatales. El costo social es gigantesco y crece la sensación de impotencia. Para evitar que nos paralice el miedo hay que renovar la agenda.

El 10 diciembre de 2008 participé en una cena organizada por el Instituto México del Woodrow Wilson Center. Seríamos una cincuentena de mexicanos y estadounidenses que después del postre escuchamos las palabras del entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. Faltaban unos cuantos días para que tomara posesión Barack Obama y el funcionario aprovechaba para decirles a los estadounidenses ahí presentes que México esperaba que Obama frenara el contrabando de armas.

A la mitad de su alocución entraron unos asistentes de traje brilloso. Iban en procesión cargando una Barret calibre 50, el arma preferida de los francotiradores. Había leído sobre ella, pero nunca la había tenido tan cerca. Medía un metro con veintidós centímetros, tenía dos patas que soportan un cañón largo y esbelto y despedía destellos de un intenso gris metálico que me recordaban el color de algunos ataúdes. De su parte superior le brotaba como joroba una gigantesca mira telescópica. Tenía un cargador para diez balas capaces de perforar blindajes, atravesar concreto y despedazar cuerpos.



Por mi herencia jalisciense veía con lujuria al instrumento; por mi formación posterior me horrorizaba pensando en cómo destruiría a una persona. Mientras me sumergía en mis cavilaciones Medina Mora seguía describiendo sus peculiaridades; así supe que un francotirador canadiense tiene la marca mundial porque en Afganistán pulverizó a un enemigo a 2,400 metros de distancia. Esta Barret, agregó el procurador, costó unos 4 mil dólares en una armería de Texas y le fue incautada a unos sicarios en Reynosa, Tamaulipas. Es favorita de los carteles mexicanos que complementan sus arsenales con la pistola Five-Seven o “Matapolicías” y los famosos “Cuernos de Chivo”.

El procurador criticó la facilidad con la cual se adquieren armas en Estados Unidos (un derecho garantizado por la Constitución) porque, en sus palabras, la “Segunda Enmienda no fue pensada para armar criminales”. Cerró su presentación solicitando a los estadounidenses que transmitieran al gobierno de Barack Obama la petición del gobierno de Calderón de prohibir la “venta de rifles de asalto” autorizada por George W. Bush.

La postura mexicana se mantiene. Felipe Calderón Hinojosa la reitera una y otra vez. En mayo de 2010 incluso dijo ante el Congreso de Estados Unidos que “si ustedes no regulan adecuadamente la venta de armas” estas podrían ser usadas contra “autoridades y ciudadanos estadounidenses”. En Washington lo escuchan educadamente pero no pasa nada porque puestos a elegir entre las vidas de mexicanos y las ganancias de los mercaderes de armas optan por lo segundo. Sobre todo porque quienes defienden la posesión de armas cuentan con la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) que tiene un discurso muy bien armado para defender su derecho a comprar y portar armas.

En suma, los carteles mexicanos tienen garantizados todos los suministros bélicos que necesitan. Aprovechándose de la corrupción, en las aduanas mexicanas se abastecen sin problemas en las 8,479 armerías existentes en Arizona, California, Nuevo México y Texas. De allá proviene 84% de armas y municiones con las cuales se nos extorsiona, secuestra y asesina. Ellos se justifican atrincherándose en la libertad y la democracia.

Tenemos unos vecinos hipócritas porque cuando les conviene sí combaten el tráfico de armas. Durante la sangrienta guerra del sudeste asiático bombardearon día y noche el Sendero de Ho Chi Minh utilizado por Vietnam del Norte para abastecer a los guerrilleros del Vietcong; hace poco decretaron un embargo de armas a Libia y se escandalizan y gritan alarmados ante la ligerísima posibilidad de que México sea utilizado por terroristas para atacarlos.

No todos los estadounidenses son iguales. Un buen número de ellos se preocupa por lo que sucede en nuestro país y están dispuestos a presionar al gobierno de Barack Obama para que frene el contrabando de armas a México. Con eso en mente, Alianza Cívica ―organización de la que formo parte— dialogó durante varios meses con grupos como Washington Office on Latin America y Global Exchange de Estados Unidos para establecer una campaña contra el contrabando de armas haciéndole tres peticiones a Barack Obama.

Los escépticos consideran que campañas como ésta son inútiles porque los carteles se armarían en otro lado. Es cierto, pero pasan por alto que esta campaña tiene objetivos más amplios. Uno es llamar la atención sobre una de las causas de la violencia y promover la participación ciudadana, otro es incluir en la agenda nacional la urgencia de incorporar la cultura de la paz, la justicia y el respeto a los diversos.

Así pues, mi preocupación con las armas viene de que conozco su poder de seducción y destrucción y el peso que tienen en la cultura de la violencia. Sería utópico esperar que desaparezcan porque el impulso a la destrucción es parte integral de la condición humana. Por experiencia propia y por lo observado en otros países estoy convencido de que sí es posible modificar los valores a y que un ingrediente de esta “pedagogía de la paz” es la participación ciudadana en acciones concretas como la de frenar el contrabando de armas de Estados Unidos a México. En esa gigantesca tarea la solidaridad internacional es indispensable porque, después de todo, estamos ante una vieja confrontación entre los impulsos primarios a destruir y a vivir.


Aquí, en Nuestra Aparente Rendición, publicación original de este artículo.

Sergio Aguayo. Nací en un rancho de Jalisco, crecí en su capital Guadalajara y en 1971 migré a la capital. He dedicado mi vida profesional a estudiar y entender el cambio en México y he hecho todo lo que he podido por reducir las injusticias. Soy egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, estudié la maestría, doctorado y posdoctorado en la Universidad Johns Hopkins y desde 1977 soy profesor en El Colegio de México. También me apasiona el periodismo que practico escribiendo una columna semanal para el diario Reforma, participo semanalmente en el programa de radio que conduce Carmen Aristegui y en otro de la televisión pública (Primer Plano en Canal 11). Finalmente, tengo medio siglo involucrado en movimientos cívicos y sociales y actualmente presido Alianza Cívica. En esas tres actividades fluye mi pasión por entender y mejorar un México en fermento y transformación.