20/4/12

Energía, soberanía y acumulación político-cultural

La decisión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de recuperar la soberanía nacional en el manejo de la producción de hidrocarburos, a través de la expropiación del 51% de las acciones de la empresa Repsol, es una de las acciones de mayor trascendencia del ciclo kirchnerista.

Estamos frente a una audaz revitalización de las mejores tradicionales nacional-populares al tiempo que constituye una juiciosa medida destinada a sostener el modelo de crecimiento con equidad social. Los FUNDAMENTOS con los cuales se presenta el proyecto de ley trascenderán sin duda como uno de los documentos más importantes de esta etapa del movimiento nacional. Allí, se sostiene, en concordancia con el art. 1 del proyecto: “Declarar de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.
Todo el proceso político, económico y cultural de los últimos años nos condujo hasta este punto en que se plantea la recuperación del control estatal de una empresa histórica y querida por los argentinos como YPF. Aunque la desinversión de Repsol, que es detallada minuciosamente en los FUNDAMENTOS, y el impacto que genera en la disminución de reservas (y en la obligación de implementar una gravosa importación de hidrocarburos durante el año pasado, que tuvo que ser asumida por el Estado nacional) determina el detonante del proyecto oficial de recuperación, es necesario remitirse a antecedentes de más largo aliento. Con justicia, los FUNDAMENTOS señalan que en la nefasta experiencia de la hegemonía del modelo neoliberal en nuestro país, se encuentra la raíz de los actuales problemas que se verifican en la producción de hidrocarburos argentinos. No por casualidad es dicho capítulo de la historia nacional el que los agoreros intentan disimular, cargando sobre las espaldas de la actual administración gubernamental las carencias de la producción energética. Al mismo tiempo, esas voces vergonzantes quieren desconocer o descalificar la naturaleza socio-histórica del proyecto nacional en curso (de crecimiento económico, autodeterminación, justicia social y democracia) que asoma en el año 2003, en el marco de la crisis política del neoliberalismo y como consecuencia de la voluntad política del kirchnerismo. Sin entender ese proceso se corre el riesgo de ceder espacio a la argumentación maliciosa de aquellos apologistas de la “economía de mercado” que ahora se desgarran las vestiduras por la desinversión y los presuntos errores gubernamentales.
En primer término, es necesario complejizar el abordaje de esta cuestión, saliendo de las explicaciones puramente economicistas. El desguace del Estado instrumentado por el modelo neoliberal, así como la denigración del concepto mismo de lo público resultó una de las herencias más pesadas de los años 1990, y el kirchnerismo comenzó una trabajosa reconstitución, no exenta de vacilaciones y rodeos, que progresivamente fue adquiriendo más y más consistencia. En ese plano se manifestó uno de los puntos de la acumulación político-cultural del movimiento nacional, sin la cual toda perspectiva de reconstrucción de la Patria y de modificación progresista de la correlación de fuerzas sociales para dicha transformación es puramente hipotética. Aquellas medidas que en apariencia no están inmediatamente ligadas al movimiento de lo económico, desde la política de Derechos Humanos a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fueron sin embargo fundamentales para el despliegue del modelo de crecimiento económico, diversificación y equidad social. Porque sin una noción de lo público y del bien común fuerte, rica y adecuada a los nuevos desafíos históricos, los gobiernos de Néstor y luego Cristina no hubiesen alcanzado la fuerza política, la autoridad moral y la convocatoria social para enfrentar a las corporaciones y avanzar en la superación del modelo neoliberal.
Otro elemento clave en la acumulación político-cultural es la recuperación de la noción desoberanía, y es allí donde adquiere enormes resonancias históricas el proceso que se inicia ahora. El proyecto nacional-popular tuvo que emanciparse en primer término de la tutela del Fondo Monetario Internacional, y eso, que tiene una indudable relevancia “económica”, es primordialmente una cuestión de soberanía: la potestad de un pueblo y un Estado de controlar su propia política y trazar prioridades que respondan al ascenso de los sectores más postergados y a las necesidades internas del desarrollo. También por cierto a la vida democrática. En referencia a la cuestión Malvinas, nuestra Presidenta enlazó con claridad soberanía y democracia, revitalizando así las a la tradición nacional-popular. Todo esto está íntimamente relacionado con la recuperación de YPF, pues solo nos acercamos a este momento desde la acumulación previa: una política de autodeterminación nacional requiere de un poder político democrático fuerte y de una amplia convocatoria social.
El propio crecimiento de la actividad económica impulsado por el proyecto nacional-popular necesariamente requiere de una provisión abundante y barata de energía para sostenerse, resultando un despropósito el hecho de que nuestro país pueda producir dicha energía y el saqueo y la desidia de monopolios como Repsol conspiraran contra dicha posibilidad. Aquí se entrecruzan crecimiento económico, desarrollo, soberanía, bien común, y poder político-popular, resultando insuficiente (o peor aún, malicioso) cualquier planteo que se reduzca a una racionalidad económica de manual, abstraída de las correlaciones de fuerzas político-sociales y de las pujas entre corporaciones y poderes democráticos. El mismo debate iniciado en el Senado de la Nación, con la presencia de los flamantes interventores Julio De Vido y Axel Kicillof, es una muestra de la puja político-ideológica. No se discute solo aspectos técnicos, o la oportunidad, o las posibles alternativas y correcciones al proyecto oficial, sino perspectivas políticas acerca del desarrollo nacional y la autodeterminación. Solapadas en las posiciones de algunos referentes de la oposición, que argumentan acerca de los errores en la política energética del kirchnerismo, están presentes posturas claudicantes frente a los improcedentes reclamos de Repsol y frente a las amenazas y prepotencias (de cuño colonialista) del actual gobierno español.
Llegamos hasta este momento no por casualidad. Se plantea ahora la recuperación del control nacional de los hidrocarburos porque nunca se trató simplemente de una decisión técnica susceptible de ser tomada antes o después, sino del despliegue concreto, con sus contradicciones, del modelo de crecimiento con equidad social, de la acumulación político-cultural necesaria, de la correlación de fuerzas sociales y políticas favorables. Se abre una nueva etapa signada por complejos desafíos e interrogantes. La decisión de avanzar en la producción de energía y la conducción estatal de YPF modificarán aún más la correlación de fuerzas políticas y sociales, al dotar de una poderosa herramienta al proyecto nacional. Por otra parte, el nuevo escenario exigirá la habilidad y capacidad de articular los intereses del Estado nacional y los estados provinciales comprometidos en la gestión de YPF, también de armonizar lo público y la inversión privada en un horizonte de bien común. Para lograrlo la racionalidad técnica e instrumental en la gestión no alcanzará. Será necesario potenciar la visión política de la autodeterminación que constituye una de las fuerzas interiores del kirchnerismo, y consolidar la acumulación político-cultural del movimiento nacional.


Germán Ibañez-Lo Nacional y Popular

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