26/10/09

La Mossad en la Argentina.



POR FAVOR, LEAN ESTAS DOS NOTAS, EN ESPECIAL LA SEGUNDA CUANDO DESARROLLA QUIEN ES LA "SIA".
SI BIEN SALE DE UN SERVICIO INFORMATIVO MUY PARTICULAR,ES MUY IMPORTANTE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y DATOS QUE BRINDA EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA ENTIDAD SIONISTA EN NUESTRO AMADO PAÍS. COMO ARGENTINOS, NO PODEMOS PERMITIR QUE LOS SIONISTAS SOMETAN A LA ARGENTINA A ISRAEL Y EE.UU.
DIJO EL GENERAL SAN MARTIN: "SEAMOS LIBRES, LO DEMÁS NO IMPORTA NADA."

¿QUE RELACION EXISTIRIA ENTRE JAMES Y EL MOSSAD?


JAMES CIRO GERARDO, de 36 años, es empresario y monotributista, tiene la otra social de Comisarios Navales, Trabajó para la empresa Construred S.A. para la Contaduría General de Ejército, donde en realidad revistió de PCI (Personal Civil de Inteligencia en 1994 ), también fue agente de la SIDE , Trabajó para la Universidad Nacional de la Matanza , y actualmente se desempeñaba en la Policía Federal... Fue Buzo Táctico del Ejercito.

Trabajó para la Consultora Lyon SRL, donde uno de los socios de la empresa que se dedicaba a la “seguridad” era el teniente coronel retirado Alberto José Jaime, un ex oficial de inteligencia del Ejército vinculado a Unión de Promociones del Ejército, un grupo que sostiene a Cecilia Pando.

Por otra parte , James, se especializó en el Área de la Triple frontera y habla con fluidez el Árabe, lo cual nos lleva al ultimo punto: Su relación con el Mossad.



Hay varios nombres que se cruzan , uno de estos es:



Las antenas de la compañía telefónica Nextel revelaron que Ciro James, el espía que pinchó los teléfonos de Sergio Burstein, dirigente de la agrupación Familiares y Víctimas del atentado a la AMIA y del empresario Carlos Ávila, realizó decenas de comunicaciones con su teléfono celular desde el interior del edificio donde funciona el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. El informe que tiene el juez Norberto Oyarbide en su despacho –y que motorizó cuatro allanamientos realizados ayer– consigna además que James mantenía un contacto muy fluido con Jorge Alberto “Fino” Palacios, renunciado titular de la Policía Metropolitana, con su actual jefe, Osvaldo Chamorro, y con Roberto Ontivero, un hombre del círculo íntimo de Palacios que también entró a la nueva policía.



Roberto Ontiveros, figura en un informe de Seprin, relacionado con presuntas operaciones de Inteligencia del MOSSAD en la Provincia de Tucumán:



Seprin : Marzo 31, 2004 15:45


...Mostramos el informe de los legisladores .... sobre la contratación de un "espionaje privado para el Gobernador de Tucumán" A raíz de ser este gobernador apoyado por la DAIA, muchos consideran que "se estableció una base del Mossad en Tucumán, mas que nada " porque creen que hay células terroristas dormidas en esa provincia (comunidad árabe), según "supuestos informes" de la CIA y del Mossad... Aquí el extenso documento con los detalles, pedidos de informes, el decreto de Alperovich, y otras consideraciones mas que hacen preocupante este tema, cuando en particular desde el Gobierno Nacional se busca la destrucción de las FFAA y FFSS a partir de desmantelar sus servicios de Inteligencia, bajar presupuesto y destrucción moral de las Fuerzas Armadas...





Parece que Tucumán fue desde , la idea de hacer una nueva "Nación- separada de la Argentina" en la época de la Subversión, a una base operativa del Mossad ( SIC).



CONTRATACION DE UNA EMPRESA ISRAELI PARA SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN


Pag 46 del Informe:



La SIA opera en América Latina, los Estados Unidos, Europa e Israel, y está expandiendo sus actividades a Europa Oriental, el Caribe y el Lejano Oriente. En la organización de la conferencia también participa el CSTPV (Centre for the Study of Terrorism and Political Violence, Universidad de St. Andrews, Escocia)



Disertarán Jean Louis Bruguiere, vicepresidente primero del Tribunal de Gran Instancia de París y asesor especial de la Unión Europea en terrorismo; Magnus Ranstorp, director del Cstpv; David Bukai, especialista en radicalismo islámico de la Universidad de Haifa; Sami Moussafi, ex asesor de la oficina del primer ministro de Israel, y Alexandre Martchenko, ex subsecretario de Inteligencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Brasil, entre otros. También será uno de los disertantes Roberto Ontivero, jefe de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas y Delitos Complejos de la Policía Federal, delegación Iguazú. El objetivo es permitir a decision makers de diferentes ámbitos de los sectores público y privado de toda América Latina participar en un evento único en su tipo”.



En su reciente visita a Buenos Aires, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Roger Noriega, dijo que, más allá de la cooperación de la Argentina, Brasil y Paraguay, la Triple Frontera seguía estando bajo la lupa de su gobierno. Sobre todo, por la presencia islámica.





Roberto Ontivero será uno de los disertantes


El subcomisario Roberto Ontivero, jefe de la sección Triple Frontera de la Unidad de Investigación Antiterrorista será uno de los disertantes en la conferencia internacional que se realizará en Iguazú el miércoles de la semana que viene.



Entrevistado por Radio Universidad de Posadas señaló que “la región conocida como la Triple Frontera está en boga desde hace mucho tiempo, para nosotros en particular desde el desgraciado hecho del atentado a la embajada de Israel, y a la AMIA”.



“Del mismo modo, distintos organismos oficiales, distintos gobiernos y países tienen su interés puesto en esta región debido a las características de la zona; siempre que hablo con los, medios locales trato de diferenciar cual es la realidad de cada una de las ciudades que componen la Triple Frontera. Si bien compartimos con las autoridades locales que en esta parte de la región no existen actividades terroristas; en lo que hacen a la región que componen Paraguay y Brasil las características son distintas, sabemos perfectamente del asentamiento de comunidades árabes, que si bien en su gran mayoría son personas de bien, establecidos desde hace muchos años, bien pueden ser células dormidas”.



Nota: SIA, Security and Intelligence Advising, es una empresa internacional especializada en consultoría en seguridad, inteligencia y protección, fundada en Israel.



Hay que destacar algunos detalles: El espionaje telefónico o bien las escuchas, se realzaban de una forma un tanto burda , resulta ser que metían personas de interés en las escuchas, en causas judiciales y el Juez ordenaba a la SIDE intervenir esos teléfonos. Sin dudas , ahí aparece Robos y Hurtos de la Federal , donde metieron a mucha gente, no solo que “podría haber enviado Montengro a espiar” sino que tenían sus negocios. Ya sea con Jueces de Misiones. Ya que no cierra porque espiaron a al empresario Ávila... Eso es un negocio...Y lo ponían como contrabandista o pirata para justificar las escuchas...



James que efectivamente investigaban a Burstein y Avila por el homicidio. En este terreno trabajó con el jefe de Homicidios de la policía de Misiones, comisario Raúl Rojas, y con el auxiliar de Inteligencia misionero, Diego Guarda. Lo insólito no es únicamente que ni Burstein ni Avila tienen relación con la pesquisa de Misiones, sino que las escuchas telefónicas se hicieron cuando James ya no estaba en la Superintendencia de Investigaciones. Pidió la baja a principios de agosto, se fue de licencia y nunca regresó porque le dieron la baja en los primeros días de septiembre. Aún así, el 2 de septiembre, los policías de Misiones presentaron un escrito en el juzgado pidiendo que James siguiera trabajando con ellos. Todo esto será materia de investigación ahora por parte de Oyarbide: la sospecha es que los policías y los funcionarios judiciales de Misiones participaron del armado de la causa trucha contra Burstein y Avila y, por lo tanto, fueron claves en el espionaje ilegal. Todo indica que, a cambio de un pago, fueron el vehículo para espiar a quien perdió a su esposa en el atentado y al empresario y productor televisivo.



En toda la trama, James jugó un papel importantísimo, al punto que recibió una autorización del juzgado de Misiones para retirar los casetes grabados a Burstein y Avila. Hoy, Oyarbide les pedirá a los jueces de Posadas las 400 horas de grabación que hizo la SIDE. Es obvio que esas cintas no les importaban nada, porque en realidad nunca investigaron a Burstein y Avila por el homicidio de Piccoli. Sólo fue una excusa.







Informes de Inteligencia detallan que se llevaran puesto a muchos PFA, y a varios Jueces, los de Misiones estarían muy implicados y los de capital en plena investigación .



Por lo tanto no es casualidad que Figuren Jueces de Misiones, relacionados con las escuchas ilegales...

Tampoco es casualidad que la denuncia la haga Sergio Burstein de las escuchas , contra la policía de Macri. Ya que estamos hablando del Mossad.

Lo cierto es que no solo se podría apuntar a un armado de los servicios secretos, sino una operación de espionaje Internacional?



Este es el informe completo: http://www.seprin.com/menu/espionaje-tucuman.htm



Por el momento las investigaciones y algunas fotos en Boca de james Ciro , se deben a Fernando Pocino , Director de reunión interior de la S.I.



Por otra parte –a pedido del fiscal Alberto Nisman ( = SIDE.- MOSSAD) – Oyarbide solicitó los videos de seguridad instalados en la sede de Observaciones Judiciales de la Side, situada en la Avenida de los Incas, en donde el espía retiraba las grabaciones a Burstein y Carlos Ávila. La razón: determinar si se movilizaba en un vehículo del Ministerio de Seguridad.






Un detalle , aparecerán en los medios fotos de James con Roberto Digón. Para muchos , Digón fue el que hizo aparecer las fotos de Francisco de Narváez, disfrazado , junto a Sol Acuña... Un detalle.

Empresas donde James es Socio:



SOCIEDADES




Fecha: 09/11/2007

COM 3 SATELITAL SA 1) DIEGO MARCELO FOCHE , argentino, 25/01/66, casado, comerciante, DNI: 17732055 domicilio José Enrique Rodó 869 localidad Wilde Partido Avellaneda Prov. de Bs. As.; CIRO GERARDO JAMES , argentino, 20/03/73, casado, abogado, DNI: 23202470 , domicilio Avenida Santa Fe 4970 Piso 13º Departamento C Cap. Fed; EMILIANO LUCIANO ROSSO , argentino, 09/06/64, soltero, abogado, DNI: 16920274 , domicilio Avenida Córdoba 817 Piso 1º Departamento 2 Cap. Fed.- 2) 22/10/07.- 3) Avenida Cordoba 817 Piso 1º Departamento 2 Cap. Fed.- 4) El desarrollo, compra, venta, importación y exportación de sistemas informáticos en su más amplia expresión, formas y objetivos como así también de sus materiales y equipos técnicos de soporte y de productos derivados y relacionados a los mismos; y al desarrollo y puesta en funcionamiento de un servicio de control y seguimiento vehicular (de cargas, de mercaderías, de personas, y de todo otro bien y/u objeto de cualquier naturaleza que sea susceptible de dicha fiscalización o seguimiento), incluso con control de monitoreo y/o cualquier otro sistema que haga al manejo de información y contacto (especialmente sistemas satelitales, a través de todo tipo de herramienta, y en especial de internet e intranet); pudiendo subsidiariamente dedicarse al desarrollo de marketing y consultoría relacionada con el objeto Social 5) 99 años.- 6) $ 12.000.- 7 y 8) PRESIDENTE: CARLOS ALBERTO FOCHE , con domicilio especial en José Enrique Rodó 869 localidad Wilde Partido Avellaneda Prov. de Bs. As.; DIRECTOR SUPLENTE: ALFREDO ALEJANDRO MARTINEZ , con domicilio especial en Juramento 3411 Cap. Fed., la sociedad prescinde de la sindicatura.- 9) 31/12 de cada año.- AUTORIZADO SERGIO IBARRA POR ESCRITURA Nº 2640 DEL 22/10/07 ANTE EL ESCRIBANO ANDRES J. BELLO. Certificación emitida por: Andrés J. Bello. Nº Registro: 1596. Nº Matrícula: 2666. Fecha: 05/11/2007. Nº Acta: 156. Libro Nº: 92. e. 09/11/2007 Nº 8538 v. 09/11/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina - Nro: 31278 del 09/11/07







PROTECT COMPAÑIA DE SEGURIDAD SRL POR 1 DIA - Matrícula 73288, Legajo 01/136187 DPPJ, CUIT. 30709272930 Cesión de cuotas Inst. Privado del 23/3/06. LUIS GILBERTO CAPLI , Arg., nac. 30/12/57, casado, empleado adm., DNI. 14123 222, CUIT. 20141232224 dom. Lavalle 9399, Moreno, Bs. As. Cede 7000 cuotas partes $ 1 c/u. a CARMEN ANGELICA DAVALOS , Arg., nac. 29/3/59, casada, cmte, DNI. 14620337, CUIL. 27146203375 dom. San VIadimiro 35, Llavallol, Lomas de Zamora, Bs. As. y CIRO GERARDO JAMES , Arg., nac., 20/3/73, solt., empleado, DNI. 23202470, CUIT. 20232024705 dom. Av. Santa Fe 1714, unidad 19 , CABA cede 2500 cuotas partes $ 1 c/u a Carmen Angélica Dávalos y cede 500 cuotas partes $ 1 c/u a DIEGO DAVID BAEZ ; Arg., nac. 2/6/73, casado, empleado adm., DNI. 23447236, CUIT. 20234472365 dom, Paraguay 6837, Moreno, Bs. As. Luis Gilberto Capli renuncia como gerente y es aprobada su gestión. Diego David Báez es designado socio gerente y acepta cargo. - Hernán Leeds, Abogado. C.F. 30.514

Fuente: Boletin Oficial Pcia. Buenos Aires - Nro: 25407 del 11/05/06





STI SISTEMAS TELEFONICOS INTEGRALES SRL Constitución: Escritura 464, 20/7/04 Registro 1819, Cap. Fed., Socios: JORGE MANUEL ZENARRUZA arg., nac., 17/12/76, casado, empleado, DNI 25.613.402, CUIL 20256134021 dom. Olazábal 1447, 3 C, Cap. Fed. y CIRO GERARDO JAMES arg., nac. 20/3/73, soltero, empleado, DNI 23.202.470, CUIL 20232024705 dom. Acoyte 1237, 1 4, Cap. Fed., Denominación: S.T.I. SISTEMAS TELEFONICOS INTEGRALES S.R.L. Duración 99 años desde inscripción. Objeto: dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros, a la instalación, reparación, y mantenimiento de planteles y/o equipos telefónicos de todo tipo. Capital: $ 7000. Cierre Ejercicio: 30 junio. Adm. y Rep. legal: Gerente. Socio Gerente: Jorge Manuel Zenarruza. Duración 3 años. Sede Social: Santiago del Estero 983, Cap. Fed. Escribano Carlos D. Barcia Nº 53.136

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina - Nro: 30499 del 26/07/04



HISTORIA LABORAL



Empleadores

Documento
Razón Social
Desde
Hasta



30-64951418-2
CONSTRURED S A
07/1993
10/1993



30-54669051-9
CONTADURIA GENERAL DEL EJERCIT
07/1994
11/1994



30-68730859-6
CONSULTORA LYON S R L
05/2001
10/2001



30-68730859-6
CONSULTORA LYON S R L
12/2001
12/2001



30-68730859-6
CONSULTORA LYON S R L
04/2002
04/2002


ESPIONAJE EN TUCUMAN:

A raíz de la notas periodísticas, de seprin y otos medios, mostramos el informe de los legisladores .... sobre la contratación de un "espionaje privado para el Gobernador de Tucumán" A raíz de ser este gobernador apoyado por la DAIA, muchos consideran que "se estableció una base del Mossad en Tucumán, mas que nada " porque creen que hay células terroristas dormidas en esa provincia (comunidad árabe), según "supuestos informes" de la CIA y del Mossad... Aquí el extenso documento con los detalles, pedidos de informes, el decreto de Alperovich, y otras consideraciones mas que hacen preocupante este tema, cuando en particular desde el Gobierno Nacional se busca la destrucción de las FFAA y FFSS a partir de desmantelar sus servicios de Inteligencia, bajar presupuesto y destrucción moral de las Fuerzas Armadas...


Parece que Tucumán fue desde , la idea de hacer una nueva "Nación- separada de la Argentina" en la época de la Subversión, a una base operativa del Mossad ( SIC).

Lo cierto que al Igual que Juárez, y muchos gobernadores tiene su propio servicios de Informaciones e inteligencia . Pero aquí, al mejor estilo de los 90 es privado.

No debemos criticar , a la empresa SIA, ya que La CIA tiene también sus unidades operativas como Kroll que todo el mundo de la comunidad de inteligencia sabe que es una rama de la CIA privada :

Eduardo Eurnekian y Juan Navarro, quienes en un juego de espías, contrataron a Kroll el primero y a la filial argentina (de bajísimo perfil) Smith-Brandon el titular del Exxel Group, una batalla que escondía un duelo de titanes detrás: CIA (Kroll, que llegó a la Argentina a través de Frank Holder, ex de la agencia de inteligencia) versus FBI (Smith-Brandon, cuyo primer representante local fue el ex concejal radical Alejandro Ruiz Laprida).

Pero esto que ocurre , es preocupante porque el espacio del rol del estado , es sin duda una acción cada vez menor, y no solo las empresas de servicios, sino sobre la Inteligencia , que es sinónimo de Defensa Nacional ( Bien entendida por supuesto).-
Quieren desmantelar la policía Bonaerense, no realiza inteligencia criminal. Cierran la Escuela de Inteligencia de la PFA, le quieren infiltrar 2000 aspirantes ( piqueteros y militantes de ultra izquierda etc a la PFA con la policía de Ibarra).
Lo ex montos influyen en las estructuras y en la "INSTRUCCION" de la nueva policía.

Los militares están destruidos, no solo presupuestariamente , sino moralmente.
Y lo que que queda es la SI. Vapuleada por las acciones políticas, que le "dan rienda suelta al espionaje político ordenado por los políticos de Turno".-

La operación de Axel Blumberg , es sin dudas , un operación conjunta de la SIDE y de la Bonaerense... Pero le echan toda la culpa a la Bonaerense...

El Plan del presidente parece ser "destrucción de los aparatos de Inteligencia" estatales, para " al parecer beneficiar a sus Amigos conectados al terrorismo Global" como Hebe de Bonafini , en el caso de la ETA FARCS y MRTA ...


AQUI EL INFORME :





CONTRATACION DE UNA EMPRESA ISRAELI PARA SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN



SUMARIO


1 - DECRETO Nº 191/1(MSC) mediante el que se establece que la seguridad de todas las dependencias públicas está a cargo de la Policía de la Provincia

2 - Decreto Nº 344/1 contratación directa de la empresa Security and Intelligence Advising (S.I.A.)

3 - Pedido de informes del Leg. A. Sangenis al Ministerio de Seguridad Ciudadana; 17/03/2004

4 - Pedido de informes ampliado por un grupo de legisladores

5 – Antecedente de la empresa S.I.A.

6 – Repercusión periodística

7 – Ley Nº 24.059 de SEGURIDAD INTERIOR

8 – Documentos

1. Seguridad privada israelí en Centroamérica - Por Heinz Dieterich Steffan
2. Entre el estado de derecho y las leyes de los gobernantes: la cultura legal Israelí de la Corte Suprema de Justicia - Por Gad Barzilai.
3. HARRY COMUNICACIONES. Inteligencia estratégica on line ISRAEL: LIMITES ANTITERRORISTAS CON LA TRIPLE FRONTERA








1 - DECRETO Nº 191/1(MSC)



San Miguel de Tucumán 5 de Noviembre de 2003



DECRETO Nº 191/1(MSC)



VISTO, la necesidad de establecer pautas para los servicios de vigilancia y seguridad en los distintas dependencias del Estado Provincial y



CONSIDERANDO

Que la seguridad en dichos organismos es competencia exclusiva del Estado Provincial, la cual se ejecuta a través del Departamento General de Policía.



Que se advierte una diversidad de criterios en los distintos estamentos públicos para la provisión de los servicios de vigilancia y seguridad.

Que es Propósito del Poder Ejecutivo ejercer las facultades conferidas por el ordenamiento legal.

Que en tal sentido, es menester determinar un criterio uniforme para todas las dependencias publicas, siendo pertinente disponer pautas especificas a seguir en materia de seguridad en el Ámbito de la Administración Publica Centralizada, Descentralizada y entes Autárquicos.



Por Ello

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:



ARTICULO 1º : Disponese que en el ámbito de la Administración Publica Centralizada, Descentralizada y Entes Autárquicos, los servicios de seguridad y vigilancia que se presten serán brindados a través del Departamento General de Policía, con personal Policial, en el marco de las normativas vigentes, por lo expuesto en l os considerandos precedentemente.



ARTICULO 2º: El presente decreto sera refrendado por el señor Ministro de Seguridad Ciudadana y firmado por el señor Secretario de Estado de Seguridad Ciudadana.



ARTICULO 3º: Dese al registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.



2 - Decreto Nº 344/1



San Miguel de Tucumán 14 de Noviembre de 2003





Decreto Nº 344/1

Expediente Nº 2214/110-D-2003



Visto el reciente cambio de autoridades del gobierno Provincial y

CONSIDERANDO

Que resulta necesario la implementación de medidas de seguridad e inteligencia en el despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la gobernación , como así también en la sede de la representación oficial de la Provincia en Capital Federal , tendientes a garantizar la reserva y privacidad del accionar de las autoridades a superiores del Poder Ejecutivo , conforme lo manifiesta el señor representante Oficial a fs. 7

Que a fs. 2 obra presupuesto de la misma SIA ( Security and Intelligentence Advising) , con domicilio en Avda Gral. Indalecio Chenaut Nº 1793, ciudad de Buenos Aires el que asciende a la suma de $35.776,07 ( PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON SIETE CENTAVOS ) , IVA , incluido y sobre el cual se han expedido sin formular objeciones la Contaduría Gral. De la Provincia y la Dirección Gral. De Presupuesto, a fs. 5 y 6 , respectivamente .

Que ante lo expuesto, se estima procedente contratar en forma urgente y con la reserva del caso los servicios requeridos con la empresa antes mencionada, encuadrándose la gestión en las previsiones del articulo 59º , incisos2)y 6) de la Ley de Administración Financiera Nº 6.970

Por ello, y ante lo dictaminado por Fiscalia de Estado a fs. 9 (Dictamen Nº 2682/2003)

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA



ARTICULO 1º :Autorizase a la Dirección de Administración de la Gobernación, a contratar en forma directa con la firma SIA( Security and Intelligence Advising), con domicilio en Avda. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1793, ciudad de Buenos Aires, los servicios de seguridad e inteligencia, en el despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la Gobernación, como así también en la sede de la Representación Oficial de la Provincia en la Capital Federal, por la suma total de $35.776,07 ( PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON SIETE CENTAVOS) IVA. Incluido, quedando facultada la citada dirección a emitir el correspondiente Libramiento de Entrega, para hacer efectivo el pago a la empresa antes mencionada, en atención a lo expresado precedentemente.



ARTICULO 2º: Imputase la erogación resultante de lo dispuesto en el Articulo 1º al Anexo 3, jurisdicción 10 , Unidad de Organización Nº 040, Denominación SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN; Finalidad 1, Funcion90, Partida Principal 012 Partida Parcial 01220, del Presupuesto General Vigente.



ARTICULO3º: El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad Ciudadana, y firmado por el señor Secretario General de la Gobernación.



ARTICULO 4º : Dese al Registro Oficial de Leyes y Decreto, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-





3 - Pedido de informes del Leg. A. Sangenis



San Miguel de Tucumán, 17 de Marzo de 2.004.





Sr. Presidente de la

Comisión de Seguridad y Justicia

De la Honorable Legislatura

Leg. Virgilio D. Heredia

S / D




De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Legislador en su carácter de Presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Honorable Legislatura y por las atribuciones conferidas por el Art. 52 de la Constitución de la Provincia y el Art. 71 del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, con el fin de solicitarle se dirija al Sr. Ministro de Seguridad Ciudadana para que remita la información que a continuación se especifica:



1) Informe al Sr. Ministro si el Poder Ejecutivo ha procedido específicamente a contratar de un modo directo a la empresa privada SIA (Security and Intelligence Addvising) con domicilio en Avda. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1793 de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo autoriza el Decreto Nº 344/1 del 14/11/03, publicado en Boletín Oficial de Fecha 04/12/03, pag. Nº 3968.

2) Remita una copia autenticada de la totalidad del expediente Nº 2214/110 – D- 2003 del citado decreto.



Sin otro particular lo saludo con distinguida consideración.





Legislador Alejandro Sangenis




4- Pedido de informes ampliado por un grupo de legisladores



San Miguel de Tucumán, 25 de Marzo de 2004.-



SEÑOR

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

DR. VIRGILIO DANIEL HEREDIA

S____________/____________D



De nuestra mayor consideración:





Tenemos el agrado de dirigirnos al Sr. Presidente, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 52 de la Constitución de la Provincia y el Art. 71 del Reglamento de este H. Cuerpo, con el fin de requerir a través de su digno intermedio, el siguiente Pedido de Informes al Sr. Ministro de Seguridad Ciudadana, Dr. Pablo Baillo, el que ha pesar de haber respondido por escrito no haber participado de la contratación de la Empresa SIA, es el funcionario responsable del área, por competencias atribuidas por la Ley de Ministerios:



1.- Proceda a informar el Sr. Ministro, si el Sr. Gobernador de la Provincia, miembro del “Sistema de Seguridad Interior”, creado por la Ley de Seguridad Nacional Nº 24.059, ha solicitado participar en las reuniones del “Consejo de Seguridad Interior”, en calidad de miembro no permanente, y si en su caso, ha delegado tales funciones a su área.-



2.- Informe el Sr. Ministro, si el Gobierno de la Provincia ha cumplimentado su obligación legal impuesta por el Art. 18 de la Ley Nacional de Seguridad Interior, de crear el “Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior”.-



3.- Informe el Sr. Ministro, si la Empresa “Security and Intelligence Advising”, ha sido fundada en el Estado de Israel y está integrada por ex miembros del Ejercito y el servicio de inteligencia del citado País.-



4.- Informe el Sr. Ministro, quiénes han sido los autores ideológicos, impulsores y gestores de esta contratación, atendiendo a su repuesta por escrito de fecha 18 de Marzo del corriente, en la que declara que la misma “no ha tenido trámite en la órbita de este Ministerio”.-



5.- Informe el Sr. Ministro, si existen actos administrativos, documentos, acuerdos u otro tipo de convenios, escritos o verbales, realizados entre el P.E. y la precitada Empresa, que revistieren el carácter de secretos, restringidos y/o que no hubieren sido publicados o dados a conocer hasta el presente, procediendo a remitirlos, produciendo un informe escrito en el supuesto de acuerdos verbales, el que igualmente deberá enviarse.-



6.- Remita el Sr. Ministro, la totalidad de los actos administrativos, documentos, acuerdos y todo otro tipo de convenios públicos, realizados entre el P.E. y la Empresa.-



7.- Informe el Sr. Ministro, sobre las investigaciones y evaluaciones realizados por el Gobierno de la Provincia sobre los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad del Estado Nacional: Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, como así mismo sobre la Policía de la Provincia, que han fundamentado y justificado la decisión del Gobierno de la Provincia de desechar, descartar y rechazar a la totalidad de estas fuerzas que con carácter de exclusividad e indelegabilidad integran por mandato legal el Sistema de Seguridad Nacional, para prestar “servicios de seguridad e inteligencia en el despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la Gobernación, como así también en la sede de la Representación Oficial de la Provincia en la capital Federal”, como reza textualmente el Decreto Nº 344/1.-



8.- Informe el Sr. Ministro, sobre las investigaciones y evaluaciones realizados por el Gobierno de la Provincia sobre la Empresa SIA, organización que en modo alguno integra el Sistema de Seguridad Interior Nacional, que ha generado en el Gobierno de la Provincia la convicción de mayor capacidad de seguridad, eficiencia, inteligencia, aptitud, protección que respecto a la totalidad de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad del Estado Nacional y de la Policía de la Provincia, justificantes de su contratación.-



9.- Informe el Sr. Ministro, sobre las investigaciones y evaluaciones que deben haber sido sustento del Gobierno de la Provincia, en la configuración de un cuadro de situación sobre los riesgos, contingencias y crisis potenciales en cierne que determinen y fundamenten sus objetivos de necesidades específicas sobre seguridad, inteligencia y protección, en general sobre la Provincia y en particular en “el despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la Gobernación, como así también en la sede de la Representación Oficial de la Provincia en la capital Federal”.-



10.- Informe el Sr. Ministro, sobre la consultoría, investigaciones y evaluaciones que sobre el mismo objeto planteado en el punto precedente ha realizado la Empresa para justificar y fundamentar su contratación por ante el Gobierno de la Provincia.-



11.- Informe el Sr. Ministro, sobre las recomendaciones, planificación y organización de programas de seguridad, inteligencia y protección que concretamente a propuesto la Empresa.-



12.- Informe el Sr. Ministro sobre el portfolio en seguridad, inteligencia y protección que concretamente ha contratado el Gobierno de la Provincia a la Empresa.-



13.- Informe el Sr. Ministro, sobre si el Gobierno de la Provincia ha cumplido con su obligación legal de poner en conocimiento del Consejo de Seguridad interior el contrato que ha suscrito con la Empresa.-



14.- Informe el Sr. Ministro, exhaustiva y detalladamente, sobre el despliegue de los recursos humanos, tecnológicos, armamentísticos, de infraestructura, que en las áreas de seguridad, inteligencia y protección, utilice y haya instalado en la Provincia y en el “despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la Gobernación, como así también en la sede de la Representación Oficial de la Provincia en la capital Federal”, así como las fases que estuvieren pendientes, con igual grado de minuciosidad.-



15.- Informe el Sr. Ministro, exhaustiva y detalladamente, sobre si el portfolio contratado por el Gobierno de la Provincia con el propósito de que la Empresa preste “servicios de seguridad e inteligencia en el despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la Gobernación, como así también en la sede de la Representación Oficial de la Provincia en la capital Federal”, comprende las siguientes prestaciones, conforme al catalogo de servicios que ofrece la propia Empresa en su sitio en Internet: www.siacorp.com:



a) Custodia VIP para el Gobernador: Evaluación y visión abarcadora de medidas y técnicas especiales para la protección profesional del Gobernador de alto perfil de exposición y campaña pública, incluyendo análisis de riesgos, técnicas varias de tiro, incluyendo formación de francotiradores con visión comprensiva de técnicas de tiro fijo y en movimiento. Utilización de diferentes armas en diferentes situaciones, conducción de vehículos en situaciones de riesgo, con ejercicios prácticos, metodo de lucha cuerpo a cuerpo Krau Magah y la planificación e implementación de programas de prevención y seguridad.-

a.1.) Informe si el curso brindado por la Empresa al Grupo Cero de la Policía Provincial, encargado de la seguridad del Gobernador, a que hace referencia en su sitio de Internet y que fuera publicado en el Diario El Siglo de fecha 25.05.03, esta referido a la custodia VIP, señalada en el punto anterior, debiendo remitir el Sr. Secretario General la totalidad de la documentación autenticada referida a la contratación, programa, monto, participantes y restante información referida a tal curso.-

b) Instalación de vigilancia electrónica y contramedidas en el despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la Gobernación, como así también en la sede de la Representación Oficial de la Provincia en la capital Federal, especialmente si ellas comprenden: Escuchas, instalación de micrófonos, cámaras ocultas, etc., que impliquen control de funcionarios y personas que se contacten con los mismos, con el fin de detectar funcionarios desleales y “due diligence”.-

c) Investigación e Inteligencia consistente en:

c.1.) Acumulación de información y análisis de información (“Humit”, “Conmint” y “Elint”), incluyendo la planificación de operaciones de inteligencia.-

c.2.) Inteligencia sobre lo que el Gobierno de la Provincia considera oposición política.-

c.3.) Investigación en departamentos de recursos humanos y reclutamiento de personal.-

c.4.) Planificación de operaciones favorables al Gobierno de la Provincia y de contramedidas respecto a las que se consideran inconvenientes.-

c.5.) Implementación de proyectos de gobierno.-

c.6.) Instrumentación de unidades operativas.-



16.- Informe el Sr. Ministerio, sobre toda otra contratación realizada con la Empresa, cualquiera sea el objeto a que la misma se refiera, en curso de ejecución o planificada hacia el futuro, incluyendo toda consultoría y compra de armamento, tecnología e infraestructura útil para la implementación de actividades de seguridad, inteligencia y protección.-



17.- Informe el Sr. Ministro nombres de los directivos de la Empresa a nivel Nacional y Provincial, indicando domicilio societario local en su caso.-



18.- Informe el Sr. Ministro sobre todos los restantes elementos que resultare conducente a la profundización del conocimiento requerido.-



Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para reiterar al Presidente, las seguridades de mi distinguida consideración.-





Legisladores Sangenis, Canevaro, Danessi, Costanzo, Cano, Padilla, Granero, Stordeur





5 – Antecedente de la empresa S.I.A.



Fuente sitio oficial de la empresa: www.siacorp.com



Quienes somos?

SIA -Security and Intelligence Advising- es una organización internacional especializada en la consultoría en seguridad, inteligencia y protección, fundada en Israel y formada por un grupo selecto de profesionales con probadas aptitudes, vasta experiencia y reconocida trayectoria. Los expertos de SIA recomiendan, planifican y organizan programas de seguridad, inteligencia y protección, para las compañías privadas más importantes, como así también para instituciones y gobiernos en todo el mundo.

Los servicios de SIA cubren una amplia gama de áreas, a la vez que ofrecen una experiencia sin igual en muchos de los lugares más exigentes y riesgosos del mundo. SIA opera en las siguientes áreas: Seguridad, Investigación y Capacitación.
Además, SIA brinda servicios de consultoría para la instrumentación y capacitación de unidades anti-terroristas y unidades anti-narcóticos; incluyendo el asesoramiento para la compra del equipamiento necesario para estas unidades.

Del mismo modo, los servicios ofrecidos por SIA no solo responden a los estándares de eficiencia más altos, sino que son llevados a la práctica dentro de los límites de un férreo Código de Etica como así también en conformidad con los requisitos legales vigentes, las

Nuestra vasta y multidisciplinaria experiencia, sumada a una fuerte presencia en America Latina nos permiten tener una clara visión de los entornos políticos y empresarios locales, factor que contribuye a que nuestros clientes alcancen sus objetivos.

Fundada por un equipo de expertos oficiales senior retirados de diversos Servicios de Seguridad e Inteligencia (GSS) y de varias unidades de elite del Ejército de Defensa de Israel, SIA reúne un grupo altamente calificado de profesionales con años de experiencia sin igual en la evaluación, planificación y aplicación de programas de seguridad, inteligencia y protección.

Asimismo, SIA cuenta entre su personal a varios oficiales retirados de los Servicios de Inteligencia Europeos, que suman su probado conocimiento y experiencia.

Planificación de sistemas de seguridad integrales para minas de diamantes en Africa;
Instrumentación de unidades antiterroristas en países de Africa, Medio Oriente y América Latina;
Instrumentación y capacitación de organizaciones y unidades de inteligencia estatales en América Latina;
Instrumentación de unidades de protección a VIPs en varios países de Africa y América Latina;
Consultoría en seguridad e investigación para bancos, entidades financieras y compañías aseguradoras;
Instrumentación de sistemas de seguridad integrales y consultoría en seguridad y prevención de pérdidas para grandes supermercados y comercios minoristas;
Investigación en el área de inteligencia comercial y contra-medidas para laboratorios farmacéuticos en América Latina y Estados Unidos;
Instrumentación de sistemas de seguridad para plantas energéticas y de petróleo en Sudamérica y América Central;
Capacitación de gerentes de seguridad de grandes compañías y consultoras independientes en América, Africa y Medio Oriente;
Organización de conferencias internacionales sobre terrorismo y contra-terrorismo con especialistas internacionales de primera línea.


6 – Repercusión periodística



Diario La Gaceta Jueves 18 de Marzo
MAXIMA SEGURIDAD

En el oficialismo están preocupados por la seguridad del gobernador José Alperovich. Por ello, el PE contrató en forma directa, por $ 35.776, a la empresa Security and Intelligence Advising (SIA) para que garantice la privacidad y la reserva de los actos de Alperovich en la Casa de Gobierno. La medida también alcanza a la representación de la provincia en la Capital Federal (está a cargo de Benjamín Bromberg).



Diario La Gaceta Sabado 20 de Marzo
SEGURIDAD PRIVADA
De ser verdad que el PE contrató a la empresa Security and Intelligence Advising en forma directa por $ 35.776 “para que garantice la privacidad y la reserva de los actos del gobernador en la Casa de Gobierno”, flaco favor le hace al Ministerio de Seguridad creado por él mismo. ¿Puede el PE contratar en forma directa por la nada despreciable suma arriba mencionada? ¿Puede hacerlo contando la provincia con su costosísimo cuerpo de seguridad? ¿Con este contrato no está delatando su desconfianza, y la ineficiencia de sus funcionarios y de los organismos y agentes de seguridad del Estado para cuidarlo y cuidarnos? Con tal criterio, al considerarlos inútiles, correspondería que los eliminara a todos y que entonces sí, contrate una empresa privada capaz que nos brinde también a nosotros, a todo el pueblo de Tucumán, esa seguridad y protección anheladas, que nos son tan necesarias como lo son para el gobernador.
Elida Pasqualini de Acosta. Rondeau 762. S.M. de Tucumán



Diario La Gaceta Domingo 21 de Marzo
Preguntas por una agencia de seguridad
El legislador opositor Alejandro Sangenis presentó un pedido de informes dirigido al ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, para conocer los motivos de la contratación (en forma directa) de una agencia de seguridad porteña. La empresa es Security and Intelligence Addvising (SIA), cuya sede está situada en avenida General Indalecio Chenaut 1.793, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La autorización a contratar con la firma consta en el decreto 344/1, del 14 de noviembre de 2003, publicado en el Boletín Oficial en diciembre pasado. Sangenis remitió su solicitud al presidente de la comisión parlamentaria de Seguridad, el peronista Virgilio Daniel Heredia, para que él gestione las respuestas. También pidió una copia autenticada del expediente de origen de la operación comercial. El legislador mencionó que SIA es una organización fundada por oficiales retirados de servicios de seguridad europeos y de Israel.



Diario El Siglo Lunes 22 de Marzo
Nuevos pedidos de informes en las áreas de Gobierno y Seguridad. Comienza una semana de fuertes críticas al Ejecutivo
Malestar de legisladores opositores por el nombramiento de dos nuevos jueces de paz en Burruyacu y Santa Rosa de Leales. El trabajo de una agencia fundada en Israel.

La semana que se inicia se presenta comprometida para la Casa de Gobierno, sobre todo por la puntualización que en las últimas horas hicieron legisladores enrolados en las fuerzas de oposición parlamentarias.
La primera cuestión la tiraron sobre la mesa los legisladores republicanos José Costanzo y Ramón Sierra Morales, quienes remitieron notas al presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara Rodolfo Ocaranza y al ministro de Gobierno Edmundo Giménez, solicitando informes sobre el nombramiento de dos jueces de paz, uno en Burruyacu y otro en Santa Rosa de Leales -ambos vinculados a la actividad política- por parte del gobernador José Alperovich quien, si bien tiene atribuciones para los nombramientos, los mismos son cuestionados por los legisladores por el trasfondo ético que tendrían.
"A pedido del Ejecutivo estudiamos y sancionamos la ley para que los juzgados de paz estén en manos de letrados, pero inmediatamente después de su sanción y antes de la promulgación, el Ejecutivo nombra a dos nuevos jueces. Queremos saber sus nombres y si son letrados, como marca la nueva Ley", sostuvo Costanzo.
Por otro lado, dirigentes vinculados a los territorios en los que fueron nombrados los dos nuevos jueces se mostraron muy molestos y hasta amenazaron con una solicitada para dar a conocer su malestar y los porqué de los nuevos nombramientos. Cabe acotar que la nueva ley manda a que, además de ser letrados, los nuevos jueces de paz deben tener acuerdo de la Legislatura para poder asumir en sus funciones.
El otro tema no es menor: se trata nada menos que de la sensible área de Seguridad en donde, mediante un decreto del 14 de noviembre, el Poder Ejecutivo contrató a una agencia de seguridad e inteligencia para que opere en la provincia. La denuncia fue dada a conocer por el legislador Alejandro Sangenis, quien le solicitó informes al ministro de Seguridad Pablo Baillo.
Ayer se sumó el radical José Cano, quien solicitará la comparencia del Secretario de Derechos Humanos, Lobo Bougeau, para que explique los alcances de las operaciones de la empresa además de plantear un análisis sobre si se violó o no la Ley de Seguridad Nacional.
"Queremos saber para qué los contrataron, no vaya a ser que después aparezcan listas negras de personas como en Santiago del Estero", sostuvo Cano.
Por su parte el dirigente peronista Enrique Romero informó que "se trata de una agencia fundada en Israel para la realización de trabajos de inteligencia, investigación y seguridad que responde a la política propia del cliente".
Oscar López dijo que con la contratación se viola una ley de seguridad nacional.



PORTAL TUCUMAN AL DIA - 22 de Marzo de 2004
Legisladores de la oposición piden informes al ministro de Seguridad y al secretario de Derechos Humanos. La empresa SIA, Security and Intelligence Advising –‘asesoramiento en seguridad e inteligencia’-- es de origen israelí y se especializa en custodia de “lideres”, lucha antiterrorismo y actividades de inteligencia.
La filial argentina de SIA fue contratada por el gobierno tucumano para brindar custodia en sus desplazamientos del gobernador, José Alperovich y al titular de la Casa de Tucumán, en capital federal, Benjamín Bromberg. El instrumento legal elegido en la oportunidad fue la contratación directa según lo publicado por el Boletín Oficial de diciembre.
La empresa, en su página web, se adjudica el adiestramiento al grupo CERO, Cuerpo Especial de Rescates y Operaciones, de la policía provincial en mayo del año pasado durante la gestión de Julio Miranda. En la oportunidad, un centenar de efectivos recibieron instrucción en el manejo de armas de asalto, actuación en grupos comandos, complementada con prácticas de actividades físicas extremas. Los entrenamientos fueron realizados en el pedemonte y en un gimnasio particular.
El legislador Alejandro Sangenis, del Movimiento Popular Tres Banderas, pidió que el ministro de Seguridad, Pablo Baillo informe al cuerpo los motivos de la contratación directa de los servicios de custodia de SIA y las razones del gobierno para realizarla.
Por otra parte el legislador radical José Cano, anticipó a TAD que se invitará a una reunión de la Comisión de Derechos Humanos, al secretario provincial del área, Bernardo Lobo Bugeau, para que informe al cuerpo sobre si él conoce los términos de la contratación de SIA. Cano entiende se estaría violando la ley de Seguridad Interna que establece que el Estado nacional es el responsable de la seguridad ciudadana. En relación a una de las actividades “estrella” de SIA, la lucha contra el terrorismo, Cano advirtió que “el único terrorismo que hay en la provincia es el hambre y la desocupación”.
La SIA se identifica como una empresa israelí dedicada a la consultoría especializada en servicios de seguridad, inteligencia y protección para compañías multinacionales, organizaciones estatales y fuerzas de seguridad pública en varios países del mundo.
Dentro de sus labores está la oferta de garantizar la seguridad personal de estadistas, funcionarios gubernamentales, políticos y empresarios, constituyéndose así en especialistas de la protección de líderes de las comunidades o empresas.
“Fundada en Israel y formada por un equipo multidisciplinario de especialistas con presencia global, SIA opera con los niveles éticos más altos, manteniendo estricta confidencialidad”, reza en uno de los párrafos principales de la página en internet www.siacorp.com.



PORTAL ESTO ES TUCUMAN- 22-Marzo 2004
Hace algo menos de un año en este mismo espacio advertimos del significado de la presencia del Mosad en Tucumán que según las informaciones de la prensa de aquel momento vino a entrenar al grupo CERO por gestión del entonces senador José Alperovich.

Posteriormente, cuando se conoció la conformación del Ministerio de Seguridad advertimos que se trataba de una estructura finalmente destinada a la inteligencia política. Para conducir el ministerio fue convocado el ex alumno del Liceo Militar y ex busista Pablo Baillo, de gran amistad con el militar retirado de la inteligencia del ejército y actual Director de Transporte Ramón Bulacio.

En los últimos meses y ante varias denuncias de intimidaciones a organizaciones políticas y gremiales consideradas opositoras, analizamos que se trataba en realidad de una operación de la línea de conducción informal de la policía provincial que de esta manera notificaba al poder formal de su “independencia” y “fidelidad” a la pirámide de autoridad oculta que existe desde hace años en la fuerza de la provincia.

Ahora, por medio de un pedido de informes del legislador Alejandro Sangenis, se conoce públicamente el Decreto 344/1 del 14 de Noviembre de 2003, Expte. Nº 2214/110-D- 2003. mediante el cual se contrata los servicios de una organización privada de inteligencia. Según reza el decreto para “servicios de seguridad e inteligencia en el despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la Gobernación, como así también en la sede de la Representación Oficial de la Provincia en la Capital Federal”.

Se trata dela firma SIA, Security and Intelligence Addvising, con domicilio Avda. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1793, ciudad de Buenos Aires, una organización paramilitar internacional conformada por agentes del Mosad, el servicio secreto del Estado de Israel según la propia organización declama en su página Web www.siacorp.com . La SIA tiene filial en Buenos Aires y en varios otros países del mundo entre los que se cuentan Chile, Uruguay, Brasil, México y Colombia.

Operaciones del Mosad no son nuevas en Latinoamérica. Agentes del Mosad han tenido responsabilidad directa en el tráfico de armas a Ecuador, Panamá y Colombia y actualmente operan en Venezuela para derrocar a Hugo Chávez por medio de sus agentes Víctor Manuel García, pretendido gerente de una compañía encuestadora que se adjudicó la dirección civil del movimiento militar contra Chávez, reconociendo que su comando de dirección lo tenía en Fuerte Tiuna, e Isaac Pérez Recao, que aparece comandando un grueso contingente de paramilitares armados que llegaron a tomar por asalto la Comandancia de la Armada en la última asonada militar que casi asesina a Chávez..

El Mosad es posiblemente la organización criminal mas importante del planeta dejando incluso en segundo lugar a la popular CIA. Sus agentes son especialistas en técnicas de tortura, método “investigativo” que en Israel es legal en tanto se trate de árabes o palestinos. Es el único estado del planeta que se atrevió a legitimar la tortura por medio de resoluciones de su Suprema Corte de Justicia. Estos agentes son tenidos también como elevadamente entrenados y especializados en la falsificación de pruebas, documentos y hechos destinados a utilizarse en procesos judiciales para inculpar de cualquier delito grave a quien se considere “enemigo” si su carácter de tal no implicó violación de la ley alguna.(*)

La SIA se describe a si misma como una organización dedicada a “asistir a nuestros clientes para que desarrollen exitosamente sus negocios en ámbitos complejos, y, así, permitirles controlar y erradicar todos los riesgos a través de la preparación de un portfolio en seguridad, inteligencia y protección que sea flexible y a su medida".

Los agentes entrenados por el Mosad como otros servicios de inteligencia, camuflan sus actividades en todo el mundo por medio de mercenarios, empresas fantasmas y sustitución de identidades como en el caso de Venezuela.

Existe todo un mercado internacional organizado de “seguridad e inteligencia” cuyos miembros incluyen a las agencias de inteligencia de la región. En ese mundo operan comerciantes, comisionistas, militares y ex-militares, y representantes de la industria armamentista como también grupos de irregulares, incluyendo los representantes de escuadrones de la muerte y narcotraficantes.

Esta organización fue la que en realidad entrenó al grupo CERO allá por Mayo de 2003 convocados por el entonces senador Alperovich,. Así lo propagandizan en su sitio de Internet incluso con reproducciones de páginas del diario El Siglo que copiamos aquí. Lo consideran parte de sus antecedentes para conseguir “clientes”.



LA GACETA – 23 / 03 /04
El PE justificó la contratación de una agencia. Críticas de opositores
Tres dirigentes de distinto origen advirtieron que el PE violó la ley nacional de seguridad interior al contratar una agencia privada y extranjera. El ex candidato a legislador Oscar López solicitó a la Legislatura que ponga el caso en conocimiento del presidente Néstor Kirchner. Por su parte, el presidente del partido Bandera Blanca, Exequiel Avila Gallo, pidió al Tribunal de Cuentas que investigue la denuncia y que el gobernador afronte con fondos propios los costos de cuidar su privacidad. El justicialista Enrique Romero denunció la gravedad de la decisión y advirtió que la Inteligencia israelí se instaló en Tucumán.

Explicaciones oficiales sobre la seguridad.
La contratación de la Empresa Security an Intelligence Addvising (SIA) fue autorizada por el gobernador José Alperovich.
El Poder Ejecutivo justificó la contratación de una empresa extranjera para la realización de tareas de seguridad e Inteligencia en el ámbito de la Casa de Gobierno y en la delegación de la Provincia en la Capital Federal. En una declaración oficial, el Gobierno afirmó que el gasto fue motivado exclusivamente para garantizar el servicio de comunicaciones del gobernador y la reserva de las cuestiones de Estado que se toman en los ámbitos mencionados.
La contratación de la Empresa Security an Intelligence Addvising (SIA) fue autorizada por el gobernador José Alperovich el 14 de noviembre de 2003, pero la semana pasada el legislador Alejandro Sangenis presentó un pedido de informes a la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura y al Ministerio de Seguridad Ciudadana.
El parlamentario advirtió que la decisión podría violar la ley nacional de seguridad interior, porque la firma, aunque tiene sede en Buenos Aires, está vinculada al Estado de Israel. “La Inteligencia y la seguridad son cuestiones de competencia exclusiva del Estado”, advirtió.
Ayer el ministro Pablo Baillo deslindó su responsabilidad en el tema. En una nota enviada al presidente de la comisión legislativa, Virgilio Heredia, el funcionario informó que el expediente fue tramitado por la Secretaría General de la Gobernación.
Desde esa cartera se informó: “el gasto se fundamentó en las necesarias tareas de reacondicionamiento del despacho del gobernador y demás dependencias de la gobernación, lo que se produce en cada cambio de autoridades, incluyendo medidas de seguridad e Inteligencia que garanticen la reserva lógica que debe existir en donde se toman las decisiones más importantes a nivel de Gobierno”.
Según la información oficial, la contratación se realizó por única vez y contó con la intervención de la totalidad de los organismos de contralor del Estado provincial. Por otra parte, el Poder Ejecutivo dejó aclarado expresamente que la seguridad del gobernador está a cargo de la Policía de la provincia en forma exclusiva y que el jefe de la custodia personal del mandatario sigue siendo el comisario principal Carlos Suárez Vila.



DIARIO EL SIGLO 24 DE MARZO DE 2.004.

Buscaron eliminar posibles cámaras ocultas y pinchaduras de teléfonos. La contratación de SIA fue para rastrear micrófonos. "El servicio es algo normal"

"Es un tema sin demasiada importancia, que está siendo agitado con un propósito exclusivamente político. La contratación de este tipo de agencia de seguridad es habitual en cualquier lugar, no sólo en Tucumán. No hay violación alguna a la ley de seguridad nacional, que nada dice al respecto", afirmó el subsecretario de Gobierno, Luis Aragón. Aclaró que las normas al respecto nunca pueden determinar cuál es el método o procedimiento necesario para disponer de la seguridad oficial.

El gobernador José Alperovich dijo que no se sentía seguro y requirió los servicios de inteligencia de la agencia privada de seguridad de origen israelí. Malestar con la oposición.
El Poder Ejecutivo de Tucumán justificó la contratación de una empresa de seguridad privada de Buenos Aires, "para la seguridad electrónica del gobierno". José Jorge Alperovich, afirmó: "No estaba seguro y necesito tranquilidad en mis conversaciones, más aún teniendo en cuenta todo lo sucedido en Tucumán en los últimos años".
La agencia de origen israelí, Security and Intelligence Advising (SIA), fue contratada en forma directa en noviembre del año pasado por el gobierno de Tucumán, abonando unos 37 mil pesos.
El objetivo de la firma fue buscar micrófonos ocultos, filmadoras, pinchadura de teléfonos que utiliza frecuentemente el Gobernador, incluido el de su domicilio particular y la red electrónica oficial.
También realizaron tareas similares en la representación oficial de Tucumán en la Capital Federal.
Este trabajo se había hecho un mes después de haber asumido en sus funciones.
El legislador Alejandro Sangenis y el abogado Oscar López, coincidieron en destacar que se viola la Ley de Seguridad Interior.
Alperovich comentó a la prensa que las fuerzas de seguridad de nuestra provincia no cuentan con los elementos necesarios para realizar el trabajo que efectuó la SIA. "Siempre critican todo lo que hago y parece que no entienden que este gobierno no roba, es honesto.
Voy a dedicarme a trabajar y no voy a perder el tiempo en responder esas críticas", expresó el Jefe del Ejecutivo.
Las fuertes críticas generadas sorprendieron a las mismas autoridades del Ministerio de Seguridad Ciudadana, dado que la contratación no pasó por su órbita, sino que fue en forma directa por parte de la Secretaría General de la Gobernación, que conduce Antonio Jalil.
De lo único que se encargará el Ministerio de Seguridad de Tucumán es de colocar en el acceso a la Casa de Gobierno el portal de control de metales, similar al utilizado en aeropuertos.



DIARIO EL SIGLO 24 DE MARZO
Contra la "globalización de la seguridad". Crítica peronista al gobierno
El dirigente peronista Antonio Guerrero hizo manifestaciones ayer con motivo de recordarse hoy un nuevo aniversario del golpe militar de 1976, pero sus declaraciones sonaron especialmente duras contra el gobierno de la provincia al sostener, respecto de la contratación de la agencia privada de seguridad e inteligencia israelí, que "como repudiamos al golpe del 76, también lo hacemos contra los que quieren globalizar la seguridad de Tucumán trasladando un conflicto a nuestra provincia, ajeno a la idiosincrasia de los tucumanos y en contra de nuestras leyes y de la Constitución".
El ex ministro de Gobierno de Julio Miranda remarcó que "desde nuestro sector solicitamos la nulidad del decreto del Poder Ejecutivo que autorizó el contrato con la agencia de seguridad e inteligencia en cuestión".
Se trata de la primera manifestación dura y concreta en torno a alguna decisión del gobierno provincial por parte de un referente de peso en la estructura del peronismo como partido, lo que tiene una indudable lectura política de un inicio de confrontación.



DIARIO LA GACETA 24 DE MARZO DE 2.004.

Previsión oficial por la fe judía del gobernador El terrorismo internacional.
El mandatario sostuvo que algunas acciones son incontrolables. Admiten que hay que extremar las medidas de seguridad.
¿La condición de judío del gobernador José Alperovich, pone a Tucumán en el mapa del terrorismo internacional? En todo caso, ¿el Poder Ejecutivo tomó previsiones especiales por esta causa en materia de seguridad del mandatario provincial? LA GACETA trasladó ambas inquietudes a funcionarios del PE y al propio titular del PE.
“El terrorismo internacional es incontrolable, ni Estados Unidos lo pudo frenar”, apuntó Alperovich cuando se le inquirió sobre posibles medidas de protección. Negó haber recibido sugerencias de la Nación para aumentar su custodia. Por otro lado, cree que corre más riesgo “por los intereses que afecto a causa del bisturí que metí en Tucumán”.
“No se tomaron previsiones especiales, pero estamos atentos porque es judío”, admitió el secretario general de la Gobernación, Antonio Jalil, al aludir al mandatario. Recordó que se puso en alerta a las instituciones judías después de las amenazas de los palestinos de atentar contra todos los que profesan esa religión en el mundo. “Argentina sufrió dos atentados lamentables (Embajada israelí y la AMIA), hay que tener en cuenta que son fanáticos y que pueden golpear en cualquier momento”, agregó.
A la luz de los acontecimientos, ¿precisamente eso no instala a Tucumán en una situación especial?, se le planteó. “Seguro, por eso hay que extremar las medidas de seguridad”, señaló. Cuando se le inquirió si ya se tomaron algunas, Jalil contestó: “el contrato con la empresa Security and Intelligence Advising (SIA) es un ejemplo en esa materia y, en cuanto a la custodia del gobernador (al mando del comisario principal Carlos Suárez Vila) creemos que es muy buena; de todas maneras, no viene mal adoptar las máximas previsiones y estar alertas”. Jalil dijo que no habló del tema con Alperovich y que nunca se tiene verdadera conciencia hasta que se sufre un atentado. “No se piensa que un gobernador de una provincia chiquita pueda ser elegida como blanco”, acotó. El ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, manifestó que la Provincia “tomó las previsiones que le toca”. Señaló que no hubo ninguna sugerencia de la Nación para desplegar actividades de seguridad especiales para el gobernador. “Los despliegues son los habituales”, apuntó.



DIARIO LA GACETA 24 DE MARZO
Alperovich temía la existencia de micrófonos en su despacho. Alperovich dijo que quería conversar con tranquilidad. “Espionaje”
El dirigente peronista Enrique Romero insiste en que el PE contrató a la firma SIA para “tareas de espionaje” en Tucumán. En tal sentido pidió a la Legislatura que requiera información al Ministerio del Interior sobre la empresa internacional. Por su parte, Antonio Guerrero (La Línea) repudió a quienes pretenden globalizar la seguridad en la provincia. Solicitó la nulidad del decreto que autorizó el contrato con la firma.

El titular del PE dijo que la empresa SIA rastrilló la sede del Ejecutivo.
Defienden la contratación. El jefe provincial sostuvo que lo critican porque no roba y porque su gestión es honesta. “Por única vez”. Pago de $ 34.390.
El gobernador José Alperovich contrató a la empresa Security and Intelligence Advising (SIA) porque temía que sus conversaciones telefónicas y diálogos en el despacho privado de la Casa de Gobierno pudieran ser escuchados por extraños con una tecnología especial instalada en la sede del Poder Ejecutivo. Ayer explicitó esa desconfianza en un diálogo con periodistas, en el que justificó el servicio requerido a la firma, y que provocó serios cuestionamientos de sectores políticos opositores al Gobierno, por supuestas violaciones a la ley nacional de seguridad interior.
Oficina limpia
“Esta empresa hizo una ‘limpieza’ de micrófonos y otras tareas que hacen a mi seguridad”, señaló Alperovich. Añadió que no podía asumir e instalarse en su oficina del palacio gubernamental sin tener la garantía de “que estaban limpias, por todas las cosas que estaban sucediendo”. “Necesito conversar con tranquilidad a partir de todo lo que ocurrió en Tucumán en los últimos años”, agregó sin dar mayores precisiones sobre el sentido del último concepto.
Insistió en que el procedimiento de la contratación fue absolutamente legal y que acudió a SIA porque las fuerzas de seguridad locales no contaban con elementos para realzar este tipo de operaciones. Afirmó que esta tarea no es permanente y que se hizo por única vez.
Respecto de las críticas de la oposición, Alperovich manifestó que lo hacen porque “este gobierno no roba, es honesto y porque se preocupa por la gente”.
En manos de la Policía
El secretario general de la Gobernación, Antonio Jalil, dijo a LA GACETA que el servicio de SIA estuvo estrictamente vinculado a aspectos de tecnología de la comunicación y que nada tuvo que ver con la custodia personal. “La custodia del gobernador fue, es y estará en manos de la Policía provincial; lo demás sólo son cuestionamientos políticos”, expresó.
El funcionario ratificó los dichos de Alperovich al apuntar que todo fue legal. Explicó que el inciso sexto del artículo 59 de la Ley de Administración Financiera le permitía al PE realizar la operación con SIA en forma secreta, pero que no se optó por esa posibilidad.
“Todo está en orden; el Tribunal de Cuentas intervino sin hacer observaciones, no se hizo nada en forma ilegal”, reiteró. Por el trabajo realizado en octubre, según dijo, el Ejecutivo le pagó a SIA la suma de $ 34.390.



DIARIO LA GACETA 26 DE MARZO
Afirman que Tucumán es un blanco terrorista. Sangenis advirtió sobre una contratación Una agencia de seguridad vinculada al Estado de Israel.

El legislador Alejandro Sangenis denunció que la contratación de una agencia de seguridad vinculada al Estado de Israel para realizar tareas de seguridad relacionadas con el gobernador José Alperovich colocó a la provincia como potencial blanco del terrorismo internacional.
Según el parlamentario, Alperovich debería saber que los tucumanos jamás lo diferenciaron por su ascendencia judía. “Incluso lo votaron, demostrando así que la única discriminación que padecemos es la pobreza”, dijo.
“¿Por qué descalifica a la Policía de Tucumán y a los organismos nacionales, y opta por la Inteligencia de una de las partes del conflicto en Medio Oriente?”, preguntó Sangenis. “El gobernador parece un hombre enceguecido y encerrado en el círculo de los nuevos sordos: sus funcionarios. Aún no cumplió seis meses de mandato..., tiene tiempo para reflexionar”, concluyó.



Esto Es Tucumán- 27 de marzo de 2004

Piden informes sobre la contratación de la SIA-Mosad

La insuficiente respuesta al primer pedido de informes del legislador Alejandro Sangenis sobre la contratación de una empresa de seguridad de origen israelí, motivó una nueva iniciativa de legisladores de la oposición.

Alejandro Sangenis, Carlos Canevaro, Rodolfo Danessi, José Cano, Ernesto Padilla, José Costanzo, Pedro Stordeur y Ramón Granero pidieron informes con detalles minuciosos del carácter y finalidad de dicha contratación y el rol asumido por la provincia el “Consejo de Seguridad Interior” (expediente 54-VLL-04).

Según el pedido elevado por los legisladores al Ministro de Seguridad Ciudadana Pablo Baillo, deberá informar sobre las evaluaciones hechas por la Provincia sobre la empresa en cuestión, que servicios exactamente fueron o son prestados, que tipo de instalaciones, equipamiento y personal tiene SIA en Tucumán, e incluso si existen actos administrativos, documentos, acuerdos y todo otro tipo de convenios, escritos o verbales, realizados entre el P.E. y la precitada Empresa, que revistieren el carácter de secretos, restringidos y/o que no hubieren sido publicados o dados a conocer hasta el presente.

El legislador incluye en la solicitud el requerimiento de conocer que investigaciones y evaluaciones existen que le hallan permitido configurar al Gobierno de la Provincia, un cuadro de situación sobre los riesgos, contingencias y crisis potenciales en cierne que determinen y fundamenten sus objetivos de necesidades específicas sobre seguridad, inteligencia y protección y, consecuentemente que investigaciones y evaluaciones realizados por el Gobierno de la Provincia sobre los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad del Estado Nacional: Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, como así mismo sobre la Policía de la Provincia, fundamentaron y justificaron la decisión en el Gobierno de la Provincia de desechar, descartar y rechazar a la totalidad de estas fuerzas que, con carácter de exclusividad e indelegabilidad integran por mandato legal el Sistema de Seguridad Nacional.



La Gaceta – 28 de marzo de 2004
Luz, cámara, acción. Algunos funcionarios del Ejecutivo se enteraron en la Cámara de cuánto les tocaba en el Presupuesto. Las sobreactuaciones, con el transcurso del tiempo se vuelven verdaderos bumeranes para los poderosos. (Por Federico van Mameren).
Esta semana los legisladores aprobarán el nuevo Presupuesto de la provincia sin grandes reproches a la previsión de gastos hecha por el PE.
Después del tristemente célebre 11 de setiembre de 2001, George Bush exageró cada una de sus palabras y cada uno de sus movimientos. El mundo entero recibió en capítulos su telenovela. Jamás encontró a Bin Laden y menos aún aparecieron las armas químicas que justificaban la guerra en Irak. La sobreactuación lo dejó tan mal parado que se duda de las palabras del principal referente de la máxima potencia mundial. A cambio, el pueblo lo pone en tensión y lo amenaza con desbancarlo.
José María Aznar no tuvo tiempo de pensar. Exageró y sobreactuó con tal velocidad luego de los atentados del 11 de marzo, que el pueblo español lo dejó en la vía y le quitó el poder en menos de cinco días al Partido Popular, algo que las encuestas jamás se hubieran animado a predecir.
El Presidente argentino no se queda atrás. Sobreactúa y exagera cada paso que da y después no tiene problemas en desdecirse o dar marcha atrás ante la mirada atónita de buena parte de la población. Esta semana el acto en la ESMA fue un paso en falso para la construcción de su poder.
Después de la emotiva ceremonia de recordación del golpe militar de 1976, sumó más enemigos que los descriptos por la esposa del gobernador José Alperovich en el acto de comienzo de clases en Tucumán. Pero el Presidente quedó tan desubicado como Beatriz Rojkés en aquella ceremonia.
Sectores de derecha, militares, empresarios fruncieron el ceño y miraron de reojo al presidente de la Nación. Pero también algunos sectores de izquierda y hasta los propios integrantes de Hijos terminaron bajándole línea a un presidente que por sobreactuar actos que exigían solemnidad antes que ampulosidad, terminó más abucheado que aplaudido. Ni hablar de los gobernadores o de otros sectores del peronismo que le pegaron con dureza al mandatario, que recibió un corte transversal en su popularidad.

En las comarcas subtropicales
En las comarcas subtropicales del norte argentino, José Alperovich también protagoniza su propia telenovela. En capítulos, todas las mañanas se muestra en algún lugar de la provincia. Lejos de aparecer como el gobernador que controla y que toma contacto con la gente, la sobreexposición lo desfigura. Así, días atrás terminó increpando y desafiando a un periodista de Canal 8 sólo porque las preguntas de Eduardo Paul no le gustaban. Alperovich, desde que asumió, no se cansó de hablar de su defensa de las libertades y de marcar diferencias con la gestión anterior, en la que se quemó una edición dominical de LA GACETA y hasta se agredió a periodistas. Sin embargo, en pocos días se olvidó. Las sobreactuaciones, con el transcurso del tiempo, se vuelven verdaderos bumeranes para los gobernantes. Justamente, la Justicia provincial puede terminar complicándose con la investigación al interventor del Subsidio de Salud, que terminó autorizando el pago de más de 20.000 pesos a un ciudadano que no era afiliado de dicha obra social. Es que el único responsable de ello es el propio gobernador, quien nunca se cansó de repetir ante cuanto micrófono se le acercó que él tomó la decisión de esa equivocada -aunque “humanitaria”- distribución de fondos.
¿Cómo harán en la Justicia para juzgar a Koltan y no al mandatario provincial, cuando él mismo reconoce su responsabilidad? Da la sensación de que se asoma la impunidad que suele enfermar al poder.
Esta semana que pasa a la historia el mandatario provincial recibió a empresarios dispuestos a invertir. Cuando entraron a su despacho repitió la remanida frase de que los interesados en invertir en Tucumán tendrán alfombra roja, pero a la vez, llegó a decir unas siete veces en una misma reunión: “este Gobierno no coimea”. La primera vez fue comprensible; las otras seis no sólo no convencieron, sino que terminaron cayendo mal, tanto como si a Koltan le regalaran un afiche del legislador Alejandro Sangenis.
Otra vez las exageraciones dejan mal parado al mandatario, innecesariamente.
Las contradicciones y la desesperación por estar en todos lados y no delegar nada tampoco ayudaron en esta primera etapa de gestión.
Así, por ejemplo, el 5 de noviembre Alperovich; el ministro de Seguridad, Pablo Baillo, y su secretario, Osvaldo Nieva, firmaron el decreto por el cual se dispone que todo servicio de seguridad en la Provincia estará a cargo de la Policía tucumana.
Nueve días después borró con el codo lo que había firmado con la mano. Junto con Baillo y con el secretario general de la Gobernación, Antonio Jalil, decidió que hacía falta contratar “para medidas de seguridad e Inteligencia en el despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la Gobernación” a la empresa SIA (Security and Intelligence Advising), que claramente está muy lejos de ser una institución integrada por efectivos tucumanos, como lo había previsto en el decreto 191 que se había rubricado días antes. Las explicaciones oficiales fueron que esa agencia de seguridad israelí se contrató para revisar si había micrófonos escondidos en el palacio que el pueblo le prestó por cuatro años a Alperovich. Esa tarea de “limpieza” suele realizarse cuando se produce un cambio de gobierno; lo llamativo es cómo Jalil, Baillo y Alperovich no confiaron ni en los policías locales y ni siquiera en efectivos nacionales (Gendarmería, la Policía Federal y la SIDE) para realizar esa tarea.
Al difundirse esta situación Baillo no actuó como Koltan y el ministro de Seguridad dejó en claro que esa decisión no pasó por su ministerio sino por la Secretaría General de la Gobernación.
Las contradicciones también molestaron a un sector de estatales que vieron cómo el Gobierno exageró la sanción a un grupo de empleados que eran empleados del Estado y a la vez estaban jubilados. En el Ministerio de Economía hay destacados funcionarios que tienen ese doble rol, pero de ellos nadie habló.
La sobreactuación del mandatario en la novela tucumana es algo que advierten los “sijosesistas” que rodean al gobernador. Tal vez por eso esta semana reunió a un sector de la prensa y Alperovich pidió no ser el único blanco de las preguntas diarias de los periodistas. Ahora, en el entorno alperovichista quieren darles más juego a los ministros, algo que al principio el propio gobernador no quería.

Reforma y presupuesto
Esta semana la Legislatura y Alperovich volverán a la escena principal. El titular del Poder Ejecutivo abrirá un nuevo período de sesiones en la Cámara. En esa oportunidad arriesgará algunos anuncios de su gestión. Uno de los temas centrales que hasta el último momento se evaluará si conviene anunciar es la puesta en marcha de la reforma de la Constitución provincial.
Seguramente, esa propuesta será aplaudida por los legisladores seducidos por la posible reelección.
Cuarenta y ocho horas antes los legisladores le habrán aprobado a Alperovich el Presupuesto. Sin un estudio profundo, oficialistas e incluso algunos opositores aprobarán el incremento de algunas partidas del Presupuesto. Muchos levantarán la mano para que se sancione el Presupuesto en general. Pero pocos -principalmente opositores- se quejarán en el tratamiento en particular del manejo clientelar y político de algunas partidas y advertirán sobre el riesgo de que antes de fin de año pueda haber ampliaciones en algunas cuentas.
A la hora de elaborar el Presupuesto, muchos funcionarios de la Casa de Gobierno se enteraron en la Legislatura de lo que pasaba. La comisión de Hacienda de la Cámara se convirtió en “el muro de los lamentos” de muchos funcionarios que tarde se anoticiaron de la plata que manejarán en lo que queda del año.
Sin embargo, en la Cámara, el oficialismo está dispuesto a mantener la sonrisa de Alperovich. Más allá de ciertos cuestionamientos, en la sesión del martes el Presupuesto será aprobado.
En una democracia como en la que vivimos es fundamental tanto el rol del Gobierno central como el de la oposición. Hasta ahora, en la Provincia, este último lugar está reservado para algunos críticos, pero ningún partido asume su papel para evitar los excesos.



La Gaceta – 28 de marzo de 2004
Opositores quieren saber si SIA despliega tareas de Inteligencia. Más preguntas a Baillo. Ocho legisladores piden datos sobre el contrato con la agencia de seguridad.
Las explicaciones oficiales de los motivos de la contratación de la empresa Security and Intelligence Addvising (SIA), para que realice tareas de vigilancia y protección en el despacho del gobernador José Alperovich, no conformaron a la oposición.
Un grupo de ocho legisladores pidió ahora al presidente de la comisión de Seguridad, el peronista Virgilio Daniel Heredia, que le eleve un cuestionario al ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, sobre la elección de SIA y el nivel de participación del gobernador José Alperovich en el Consejo de Seguridad Interior de la Nación.
Las preguntas fueron elaboradas por Alejandro Sangenis, Carlos Canevaro, Rodolfo Danesi, José Cano, Ernesto Padilla, José Costanzo, Pedro Stordeur y Ramón Graneros, quienes quieren conocer si SIA despliega tareas de Inteligencia sobre la oposición política y aconseja sobre campañas públicas favorables al Gobierno. Además, requirieron datos sobre “cuáles servicios fueron o son prestados por la empresa; qué tipo de recursos humanos, tecnológicos, armamentísticos y de infraestructura tiene SIA en Tucumán, y si existen actos administrativos, documentos, acuerdos u otro tipo de convenio, escrito o verbal, realizados entre el Poder Ejecutivo y la firma que revistieren el carácter de secretos, restringidos o que no hubieren sido publicados o conocidos”.
En el primer pedido de informes, Baillo dijo que no participó de la contratación de SIA. El nuevo interrogatorio está otra vez dirigido a él como responsable del área. De esa cartera depende la creación del Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior, sobre cuyo funcionamiento también inquirieron los legisladores.

Dudas sobre el origen
Desde la oposición se quiere saber si “SIA ha sido fundada en el Estado de Israel y está integrada por ex miembros del Ejército y del servicio de Inteligencia de ese país”. También se le pregunta a Baillo quiénes han sido los autores ideológicos, impulsores y gestores de la contratación, en detrimento de otras empresas, agencias o fuerzas estatales de seguridad e Inteligencia nacionales.
“El ministro debe informar sobre las investigaciones y evaluaciones que hizo el Gobierno, que deben haber sido el sustento en la configuración de un cuadro de situación sobre los riesgos, contingencias y crisis potenciales en cierne, y que determinaron y fundamentaron sus objetivos de necesidades específicas sobre seguridad, Inteligencia y protección. También debe hacerlo sobre las recomendaciones, la planificación y la organización de programas en la materia, qué ha propuesto la empresa y sobre cuáles ha contratado”, dijeron.
Entre los servicios ofertados en general, los legisladores resaltaron que figuran la custodia especial para el gobernador; la instalación de vigilancia electrónica y contramedidas de espionaje (especialmente si abarcan escuchas, instalación de micrófonos o cámaras ocultas) y la acumulación y análisis de información.



Tucumán al Día- 28 de marzo de 2004
Legisladores quieren saber todo sobre la SIA
(Marta Rodetto) Escribió "Tras considerar “insuficiente”, la respuesta requerida al ministerio de Seguridad Ciudadana sobre la contratación de la empresa de seguridad SIA, los legisladores Alejandro Sangenis, Carlos Canevaro, Rodolfo Danessi, José Cano, Ernesto Padilla, José Costanzo, Pedro Stordeur y Ramón Granero, le pidieron esta vez, conteste por escrito, detalles minuciosos del carácter y finalidad de esa contratación y el rol asumido por la provincia el “Consejo de Seguridad Interior”, según expediente 54-vll-04.

Según el pedido se deberá informar de las evaluaciones hechas por la provincia sobre la empresa en cuestión, qué servicios exactamente fueron o son prestados, qué tipo de instalaciones, equipamiento y personal tiene SIA en Tucumán, e incluso si existen actos administrativos, documentos, acuerdos u otro tipo de convenios, escritos o verbales, realizados entre el ejecutivo y SIA, si revisten el carácter de secretos, restringidos o que no hayan sido publicados o dados a conocer hasta el presente.

La solicitud incluye el requerimiento de conocer qué investigaciones y evaluaciones existen que le permitieron al gobierno provincial configurar un cuadro de situación sobre los riesgos, contingencias y crisis potenciales en cierne que determinen y fundamenten sus objetivos de necesidades específicas sobre seguridad, inteligencia y protección. Como consecuencia de este planteo se quiere saber qué investigaciones y evaluaciones fueron realizados por el gobierno de la provincia de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional: Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, como así mismo sobre la Policía de la provincia, las cuales habrían fundamentado y justificado la decisión en el Gobierno de “desechar, descartar y rechazar la totalidad de estas fuerzas que, con carácter de exclusividad e indelegabilidad integran por mandato legal el Sistema de Seguridad Nacional”.



Tucumán al Día- 28 de marzo de 2004
Legisladores quieren saber todo sobre la SIA
(Marta Rodetto) Escribió "Tras considerar “insuficiente”, la respuesta requerida al ministerio de Seguridad Ciudadana sobre la contratación de la empresa de seguridad SIA, los legisladores Alejandro Sangenis, Carlos Canevaro, Rodolfo Danessi, José Cano, Ernesto Padilla, José Costanzo, Pedro Stordeur y Ramón Granero, le pidieron esta vez, conteste por escrito, detalles minuciosos del carácter y finalidad de esa contratación y el rol asumido por la provincia el “Consejo de Seguridad Interior”, según expediente 54-vll-04.

Según el pedido se deberá informar de las evaluaciones hechas por la provincia sobre la empresa en cuestión, qué servicios exactamente fueron o son prestados, qué tipo de instalaciones, equipamiento y personal tiene SIA en Tucumán, e incluso si existen actos administrativos, documentos, acuerdos u otro tipo de convenios, escritos o verbales, realizados entre el ejecutivo y SIA, si revisten el carácter de secretos, restringidos o que no hayan sido publicados o dados a conocer hasta el presente.

La solicitud incluye el requerimiento de conocer qué investigaciones y evaluaciones existen que le permitieron al gobierno provincial configurar un cuadro de situación sobre los riesgos, contingencias y crisis potenciales en cierne que determinen y fundamenten sus objetivos de necesidades específicas sobre seguridad, inteligencia y protección. Como consecuencia de este planteo se quiere saber qué investigaciones y evaluaciones fueron realizados por el gobierno de la provincia de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional: Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, como así mismo sobre la Policía de la provincia, las cuales habrían fundamentado y justificado la decisión en el Gobierno de “desechar, descartar y rechazar la totalidad de estas fuerzas que, con carácter de exclusividad e indelegabilidad integran por mandato legal el Sistema de Seguridad Nacional”.



La Gaceta – 29 de marzo 2004
ESPIONAJE EN TUCUMAN. SIA investiga lo que a la Policía le prohíben. Numerosos miembros de la oposición denunciaron que son víctimas de persecuciones por sus actividades. “Traición a la Patria”. Según el ministro de Seguridad, Pablo Baillo, el Departamento Informaciones sólo debe seguir a los delincuentes. Métodos perimidos. Una misteriosa desaparición
En Tucumán, los espías son como las brujas. No existen, pero que los hay, los hay. En los últimos días, dos hechos pusieron sobre el tapete la cuestión de la “Inteligencia” en la provincia. Por un lado, la controvertida presencia del comisario Antonio Zacarías Rodríguez en una reunión que se desarrollaba en la sede del Partido Socialista Popular (PSP). Por otro, la decisión del Gobierno de contratar a la empresa israelí SIA, Security and Intelligence Advising, para que controle la seguridad del gobernador José Alperovich.
Si la Justicia allanara hoy el D2 (Departamento Informaciones), ¿qué encontraría?. “No tengo idea, y la verdad, prefiero no saber”. De esta manera, el ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, respondió a LA GACETA sobre los servicios de Inteligencia en Tucumán. Hoy, según Baillo, la premisa no es saber qué hacen los personajes políticos o gremiales de Tucumán (“como sí sucedía en otros tiempos y en otros contextos”, dijo), sino tener pleno conocimiento de la actividad delictiva en la provincia.
Baillo advirtió que él no puede responder respecto del seguimiento de personas, por grupos que no dependen de su Ministerio. “La Policía ya no lo hace. Nuestro Departamento Informaciones recibió instrucciones precisas al respecto. Yo quiero que hagan Inteligencia criminal, no política”, aseguró. Fernando Hevia, subdirector de Control de Gestión del Ministerio de Seguridad, cree que la disposición está a tono con la que existe en el país. “El presidente (Néstor) Kirchner fue muy claro. Ni la Gendarmería ni la Policía Federal hacen ese tipo de trabajos. Ni siquiera la SIDE, que ahora actúa en la resolución de casos delictivos”, explicó. ¿Cómo explicar entonces que si a la Policía se le prohíbe hacer Inteligencia, se contrate un grupo internacional que se especializa justamente en esa actividad? Según el dirigente justicialista Enrique Romero, se trata de traición a la Patria. “El gobernador no confía en las fuerzas de seguridad nacionales, que pueden hacer perfectamente ese trabajo. Sin ir más lejos, cuando asumió Julio Miranda como gobernador, Gendarmería Nacional hizo un barrido en el despacho para detectar micrófonos o pinchaduras de teléfonos”, afirmó Romero.

Ahora en disquetes
Pero si ahora el D2 no hace Inteligencia política, en algún momento fue su principal actividad. “Se trata de métodos permitidos, utilizados en otras épocas. ¿De qué me sirve que me traigan carpetas con información de personas, si todo llega a través de los medios periodísticos?”, dijo Baillo. Sin embargo, dirigentes opositores, entre ellos, Carlos Arnedo, de UDA, Rodolfo Sucar, Gumersindo Parajón, Teresa Hernández de Ramayo, de Sadop, y Roberto Palina, de la Fotia, denunciaron que policías se infiltran en sus reuniones y en las marchas. El comisario mayor Jesús Brito, jefe de Informaciones, aseguró que buscan obtener datos de los delincuentes. “No nos interesa qué hacen los políticos ni los gremialistas”, afirmó.
El avance de la tecnología permitió además que las famosas carpetas quedaran de lado. Hasta no hace mucho, el D2 estaba lleno de disquetes con información confidencial sobre cada uno de los personajes públicos de la provincia. Ese material desapareció misteriosamente. Se cuenta que una camioneta estuvo parada durante horas en el D2 y que varios hombres guardaron en el vehículo todo el material comprometedor. Material que puede traer más de un dolor de cabeza al “investigado”.
Según Romero, en Tucumán trabajan varios grupos de Inteligencia. “Pero el peor de todos es el que está montando el Gobierno”, dijo el ex dirigente, quien al mismo tiempo alertó sobre la presencia de grupos afectados al seguimiento de personas.
Por las dudas, recuerde las viejas señalizaciones que se ubicaban en las vías: “pare, mire y escuche”. Alguien lo puede estar espiando.



Baillo impartió la orden luego de un escándalo

A mediados de febrero, el Gobierno de la provincia le prohibió a la Policía que haga “Inteligencia”. En una nota enviada al jefe de Policía, Pedro Ledesma, el ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, advirtió que los integrantes de la fuerza de seguridad debían abstenerse de “obtener información, producir tareas de Inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el sólo hecho o en razón de su fe religiosa, acciones privadas, opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones políticas, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales o cualquier actividad lícita que desarrollen los ciudadanos”. La orden fue impartida luego de que dirigentes del Partido Socialista denunciaran que un policía había tratado de “infiltrarse” en una reunión del partido.








La Gaceta – 29 de marzo de 2004

Controlar y erradicar los riesgos. En la web de SIA se indica que la empresa nació en Israel y que está integrada por “especialistas”






La empresa www.siacorp.com contratada por el gobernador José Alperovich indica en su página en Internet: “A medida que las compañías de negocios se expanden globalmente, las corporaciones y los gobiernos en el mundo se enfrentan a problemas tales como el robo de propiedad intelectual, sabotaje, fraude, delitos cibernéticos, actos de terrorismo, atentados, secuestros e inestabilidad política. La protección del personal, las propiedades y las operaciones en medios hostiles se ha convertido en una necesidad en aumento”.
“Fundada en Israel, y formada por un equipo multidisciplinario de especialistas con presencia global, SIA opera con los niveles éticos más altos, manteniendo estricta confidencialidad”. “SIA permite a las organizaciones corporativas y gubernamentales enfrentar con éxito los desafíos más complejos, desarrollar sociedades y alianzas confiables y expandir sus actividades por el mundo”. “En SIA asistimos a nuestros clientes para que desarrollen exitosamente sus negocios en ámbitos complejos, para permitirles controlar y erradicar todos los riesgos a través de la preparación de un portfolio en seguridad, Inteligencia y protección que sea flexible y a su medida”.

Cuestionario
Por la contratación, el legislador Alejandro Sangenis pidió que se realice una investigación, y solicitó que el ministro de Seguridad, Pablo Baillo, dé explicaciones. “Es inaceptable una cosa así; creo que el decreto por el cual se permitió a esta gente trabajar en la provincia debe ser derogado”, aseguró. El cuestionario que se le realizó a Baillo (aún no se sabe qué responderá, ya que él afirmó que no participó en la elección de SIA), fue firmado además por los legisladores Carlos Canevaro, Rodolfo Danesi, José Cano, Ernesto Padilla, José Costanzo, Pedro Stordeur y Ramón Graneros.



TELEFONO DESCOMPUESTO

LA LEY.- La “pinchadura” de teléfonos sólo puede ser ordenada por un juez (tanto provincial como local), a pedido de fiscal (en el caso de la Justicia provincial). Este trabajo es realizado por personal de Observaciones Judiciales, que depende administrativamente de la SI (Secretaría de Inteligencia)

MUCHO CUIDADO.- El fiscal de Instrucción Alejandro Noguera indicó que se debe ser muy cuidadoso al solicitar una intervención telefónica. “Se trata de la vida privada de las personas, y es el mismo caso que la violación de correspondencia. Quienes realizan este trabajo remiten luego al juez o al fiscal la desgrabación de los casetes, para que uno determine qué se puede utilizar como prueba”.

UN ESCANDALO.- En Tucumán, uno de los mayores escándalos con “pinchaduras” de teléfono se dio cuando el ex juez federal Ricardo Maturana decidió intervenir las conversaciones de Carlos Cisneros (dirigente de la Bancaria), el empresario Rubén Urueña, los hermanos Angel y Rubén Ale, y el empresario de espectáculos Gabriel Fulgado. La intervención se dio en el marco de una investigación por narcotráfico. Al final, no hubo pruebas para seguir adelante, pero el caso, ocurrido en agosto de 1998, causó un enorme revuelo político.

POCOS CASOS.- Según el fiscal Alejandro Noguera, no se solicitan muchas intervenciones. “Se dan en casos de estafas, o de desapariciones, pero son muchísimas menos de lo que la gente cree”, aseguró.


Sólo pueden haber tres servicios de Inteligencia

La Ley de Inteligencia Nacional es la 25.520; fue sancionada el 27 de noviembre de 2001 y promulgada el 3 de diciembre de ese año, durante la presidencia de Fernando de la Rúa.
Uno de los puntos sobresalientes indica que en todo el ámbito nacional sólo tres dependencias podrán desarrollar tareas de Inteligencia. Ellas son la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE), dependiente de la Presidencia de la Nación; la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior de la Presidencia de la Nación, y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa. La reglamentación indica que los órganos de información e Inteligencia existentes a nivel provincial pondrán a disposición de la SI la información que obtengan y que pueda conducir a la detección de amenazas y conflictos que afecten la seguridad interior de la Nación.
Con respecto a los equipos que se utilizan para el seguimiento de personas, la legislación vigente no los prohíbe. Pero, por ejemplo, no está permitido su uso (eso, obviamente, en la teoría) para copiar exámenes. Sin embargo, una personas que se sienta perjudicada por la utilización de equipos de espionaje puede iniciar acciones legales contra los espías.







7 – Ley Nº 24.059 de SEGURIDAD INTERIOR



Principios básicos. Sistema de Seguridad Interior. Finalidad, estructura, órganos, misiones y funciones. Cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional. Empleo de los cuerpos policiales y fuerzas de Seguridad. Complementación de otros organismos del Estado. Empleo Subsidiario de elementos de combate de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad interior. Control parlamentario de los órganos y actividades de seguridad interior e inteligencia. Disposiciones transitorias y complementarias.



LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Título I

Principios básicos

ARTICULO 1º — La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior.

ARTICULO 2º — A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.

ARTICULO 3º — La seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos del artículo 2º.

ARTICULO 4º — La seguridad interior tiene como ámbito espacial el territorio de la República Argentina, sus aguas jurisdiccionales y su espacio aéreo.

ARTICULO 5º — La seguridad interior, de conformidad con los principios derivados de la organización constitucional, se encuentra reglada mediante leyes nacionales y provinciales referidas a la materia, con vigencia en cada jurisdicción y por la presente ley, que tendrá carácter de convenio, en cuanto a la acción coordinada interjurisdiccional con aquellas provincias que adhieran a la misma.

Título II

Del sistema de seguridad interior. Finalidad, estructura, órganos, misiones y funciones

ARTICULO 6º — El sistema de seguridad interior tiene como finalidad determinar las políticas de seguridad así como planificar, coordinar, dirigir, controlar y apoyar el esfuerzo nacional de policía dirigido al cumplimiento de esas políticas.

ARTICULO 7º — Forman parte del sistema de seguridad interior:

a) El Presidente de la Nación;

b) Los gobernadores de las provincias que adhieran a la presente ley;

c) El Congreso Nacional;

d) Los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia;

e) La Policía Federal y las policías provinciales de aquellas provincias que adhieran a la presente;

f) Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

ARTICULO 8º — El Ministerio del Interior por delegación del Presidente de la Nación, además de las competencias que le son otorgadas en la Ley de Ministerios, ejercerá la conducción política del esfuerzo nacional de policía, con las modalidades del artículo 24.

Coordinará también el accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos policiales provinciales, con los alcances que se derivan de la presente ley.

A los fines del ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos precedentes, contará con una Subsecretaría de Seguridad Interior.

El ministro del Interior tendrá a su cargo la dirección superior de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional. Respecto de estas últimas, dicha facultad queda limitada a los fines derivados de la seguridad interior, sin perjuicio de la dependencia de las mismas del Ministerio de Defensa, y de las facultades de dicho ministerio y de las misiones de dichas fuerzas, derivadas de la defensa nacional.

La facultad referida en el párrafo precedente implica las siguientes atribuciones:

1. Formular las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interior, y elaborar la doctrina y planes y conducir las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior, con el asesoramiento del Consejo de Seguridad Interior.

2. Dirigir y coordinar la actividad de los órganos de información e inteligencia de la Policía Federal Argentina; como también de los pertenecientes a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, en estos últimos casos exclusivamente a los efectos concernientes a la seguridad interior.

3. Entender en la determinación de la organización, doctrina, despliegue, capacitación y equipamiento de la Policía Federal Argentina; e intervenir en dichos aspectos con relación a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, en estos últimos casos exclusivamente a los fines establecidos en la presente ley.

4. Disponer de elementos de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, a través de los jefes de los respectivos cuerpos y fuerzas, y emplear los mismos, con el auxilio de los órganos establecidos en la presente ley.

ARTICULO 9º — Créase el Consejo de Seguridad Interior con la misión de asesorar al ministro del Interior en la elaboración de las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interior, como asimismo en la elaboración de los planes y la ejecución de las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior.

ARTICULO 10. — Para el cumplimiento de la misión asignada el Consejo de Seguridad Interior tendrá como funciones:

a) La formulación de las políticas relativas a la prevención e investigación científica de la delincuencia en aquellas formas que afectan de un modo cuantitativa o cualitativamente más grave a la comunidad;

b) La elaboración de la doctrina y los planes para la coordinación e integración de las acciones y operaciones policiales tanto nacionales como interjurisdiccionales;

c) El asesoramiento en cuanto al suministro de apoyo de personal y medios que dichas acciones y operaciones requieran;

d) Asesorar en todo proyecto de reglamentación de las disposiciones de la presente ley;

e) Requerir de los organismos civiles nacionales o provinciales de inteligencia y los de las fuerzas de seguridad y policiales, toda información e inteligencia necesaria, la que deberá ser suministrada;

f) Supervisar la actuación de la oficina del Convenio Policial Argentino, y demás convenios policiales e internacionales;

g) Incrementar la capacitación profesional de los recursos humanos del sistema, tendiendo a la integración y economía de los esfuerzos del sistema educativo policial;

h) Establecer la coordinación necesaria con el Consejo de Defensa Nacional;

i) Promover la adecuación del equipamiento de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en el punto b).

ARTICULO 11. — El Consejo de Seguridad Interior estará integrado por miembros permanentes y no permanentes, ellos serán:

Permanentes.

a) El ministro del Interior, en calidad de presidente;

b) El ministro de Justicia;

c) El secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico;

d) El subsecretario de Seguridad Interior;

e) Los titulares de:

— Policía Federal Argentina;

— Prefectura Naval Argentina;

— Gendarmería Nacional; y

— Cinco jefes de policía de las provincias que adhieran al sistema los que rotarán anualmente de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación, procurando que queden representadas todas las regiones del país.

No permanentes.

— Ministro de Defensa;

— Titular del Estado Mayor Conjunto;

— Los jefes de policía provinciales no designados para integrar el Consejo en forma permanente;

Los gobernadores de provincia que así lo solicitaren podrán participar en las reuniones del Consejo.

Los legisladores integrantes de las Comisiones Permanentes de Seguridad Interior de ambas Cámaras del Congreso de la Nación que así lo soliciten, podrán participar de las reuniones del Consejo. (Párrafo incorporado por art. 1º de la Ley Nº 25.443 B.O. 18/07/2001)

ARTICULO 12. — El Consejo de Seguridad Interior se dará su propio reglamento interno de funcionamiento y organización. A sus reuniones pueden ser llamados a participar con fines de asesoramiento todos aquellos funcionarios públicos nacionales y provinciales e invitar a las personalidades cuya concurrencia resulte de interés a juicio del Consejo.

ARTICULO 13. — En el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, cuando se lo considere necesario, se constituirá un Comité de Crisis cuya misión será ejercer la conducción política y supervisión operacional de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales y provinciales que se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior en cualquier lugar del territorio nacional y estará compuesto por el ministro del Interior y el gobernador en calidad de copresidentes, y los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal. Si los hechos abarcaren más de una provincia, se integrarán al Comité de Crisis los gobernadores de las provincias en que los mismos tuvieren lugar, con la coordinación del ministro del Interior. En caso de configurarse el supuesto del artículo 31 se incorporará como copresidente el ministro de Defensa y como integrante el titular del Estado Mayor Conjunto. El subsecretario de Seguridad Interior actuará como secretario del comité.

ARTICULO 14. — El Consejo de Seguridad Interior y el Comité de Crisis tendrán como órgano de trabajo a la Subsecretaría de Seguridad Interior mencionada en el artículo 8º. La misma contará en su estructura con un Centro de Planeamiento y Control y una Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. (Expresión "Dirección de Inteligencia Interior" sustituida por expresión "Dirección Nacional de Inteligencia Criminal" por art. 47 de la Ley Nº 25.520 B.O. 06/12/2001)

ARTICULO 15. — El Centro de Planeamiento y Control tendrá por misión asistir y asesorar al Ministerio del Interior y al Comité de Crisis en la conducción de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad a los efectos derivados de la presente ley.

Estará integrado por personal superior de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, policías provinciales, y por funcionarios que fueran necesarios.

ARTICULO 16. — La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal constituirá el órgano a través del cual el ministro del Interior ejercerá la dirección funcional y coordinación de la actividad de los órganos de información e inteligencia de la Policía Federal Argentina; como también de los pertenecientes a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, en estos últimos casos exclusivamente a los efectos concernientes a la seguridad interior, y de los existentes a nivel provincial de acuerdo a los convenios que se celebren. (Expresión "Dirección de Inteligencia Interior" sustituida por expresión "Dirección Nacional de Inteligencia Criminal" por art. 48 de la Ley Nº 25.520 B.O. 06/12/2001)

Estará integrada por personal superior de Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, policías provinciales, y los funcionarios que fueran necesarios.

ARTICULO 17. — La Subsecretaría de Seguridad Interior tendrá las siguientes funciones:

a) Asesorar al ministro en todo lo atinente a la seguridad interior;

b) Planificar, coordinar, supervisar y apoyar las operaciones policiales interjurisdiccionales o entre las instituciones que integran el sistema;

c) Supervisar la coordinación con otras instituciones policiales extranjeras, a los fines del cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales en los que la República haya sido signataria;

d) Asistir al ministro del Interior en la fijación de la doctrina, organización, despliegue, capacitación y equipamiento de la Policía Federal Argentina, como también en la intervención en idénticos aspectos que cabe al ministerio respecto de las fuerzas de seguridad, para el mejor cumplimiento de las misiones asignadas en los planes correspondientes;

e) Asistir al Consejo de Seguridad Interior para el mismo objetivo en lo relativo a las policías provinciales.

ARTICULO 18. — En cada provincia que adhiera a la presente ley se creará un Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior.

El mismo constituirá un órgano coordinado por el ministro de Gobierno (o similar) de la provincia respectiva y estará integrado por los responsables provinciales del área de seguridad y las máximas autoridades destinadas en la provincia de Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. Cada provincia establecerá el mecanismo de funcionamiento del mismo y tendrá como misión la implementación de la complementación y el logro del constante perfeccionamiento en el accionar en materia de seguridad en el territorio provincial mediante el intercambio de información, el seguimiento de la situación, el logro de acuerdo sobre modos de acciones y previsión de operaciones conjuntas y la evaluación de los resultados.

Título III

De los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional

ARTICULO 19. — Será obligatoria la cooperación y actuación supletoria entre Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

ARTICULO 20. — Los efectivos de cualesquiera de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional podrán actuar en jurisdicción atribuida a otras en persecución de delincuentes, sospechosos de delitos e infractores o para la realización de diligencias urgentes relacionadas con su función, cuando esté comprometido el éxito de la investigación, debiendo darse inmediato conocimiento, y dentro de un plazo no mayor de cuatro horas con la excepción del delito de abigeato, al Ministerio del Interior y a la institución policial o de seguridad titular de la jurisdicción.

Se procurará establecer mediante convenios, análogas obligaciones y facultades con relación a las policías provinciales.

ARTICULO 21. — Las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional son consideradas en servicio permanente. Sus miembros ejercerán sus funciones estrictamente de acuerdo con las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y a un principio de adecuación de los medios a emplear en cada caso, procurando fundamentalmente la preservación de la vida y la integridad física de las personas que deban constituir objeto de su accionar.

ARTICULO 22. — Los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que integran el sistema de seguridad interior no podrán ser empeñados en acciones u operaciones no previstas en las leyes de la Nación. Por otra parte, los aludidos cuerpos y fuerzas deberán incorporar a sus reglamentos las recomendaciones del Código de Etica Profesional establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Título IV

Del empleo de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad

ARTICULO 23. — El empleo de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales fuera del ámbito de las normas que reglan la jurisdicción federal estará estrictamente sujeto al cumplimiento de alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada;

b) Cuando se encuentran gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal;

c) En situación de desastre según los términos que norman la defensa civil.

ARTICULO 24. — Producidos los supuestos contemplados en el artículo precedente, el gobernador de la provincia donde los hechos tuvieren lugar podrá requerir al Ministerio del Interior el concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, a fin de dominar la situación. Se dará al Comité de Crisis la intervención que le compete, de acuerdo a lo normado en la presente ley.

Sin requerimiento del gobierno provincial, no podrán ser empleados en el territorio provincial los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional sino una vez adoptadas las medidas prescritas en los artículos 6º y 23 de la Constitución Nacional, o bien por orden de la justicia federal.

ARTICULO 25. — El Comité de Crisis podrá delegar en un funcionario nacional o provincial de jerarquía no inferior a subsecretario nacional o ministro provincial la supervisión operacional local de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad a empeñarse en operaciones de seguridad interior. El aludido funcionario estará facultado, además, para ordenar la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza, así como para graduar la intensidad de la misma.

En caso de resultar necesario un grado de acción conjunta mayor al de colaboración, coordinación de operaciones simultáneas o relaciones de apoyo, el Comité de Crisis designará a cargo de las operaciones conjuntas de seguridad a un jefe perteneciente a uno de los cuerpos policiales o fuerzas de seguridad del Estado nacional intervinientes, al que se subordinarán los elementos de los restantes cuerpos policiales y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales participantes en la operación.

Título V

De la complementación de otros organismos del Estado

ARTICULO 26. — El Consejo de Seguridad Interior establecerá los contactos necesarios con el resto de los organismos nacionales y provinciales cuyos medios se prevea emplear en las operaciones de seguridad interior o situación de desastre según las normas que reglan la defensa civil, a fin de coordinar su asignación en forma y oportunidad.

ARTICULO 27. — En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis- que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior.

ARTICULO 28. — Todo atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar, independientemente de poner en forma primordial en peligro la aptitud defensiva de la Nación, constituye asimismo una vulneración a la seguridad interior.

ARTICULO 29. — En los casos previstos en el artículo 28 constituye una obligación primaria de la autoridad militar la preservación de la fuerza armada y el restablecimiento del orden dentro de la aludida jurisdicción, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia.

ARTICULO 30. — Para los supuestos del artículo 28, en cuanto a los aspectos relativos a la seguridad interior, el Consejo de Defensa Nacional creado por la ley 23.554 y el Consejo de Seguridad Interior establecerán la adecuada coordinación del apoyo que las fuerzas de seguridad y policiales pueden brindar en esas circunstancias en lo atinente a la preservación del orden en el ámbito territorial militar.

Título VI

Del empleo subsidiario de elementos de combate de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad interior

ARTICULO 31. — Sin perjuicio del apoyo establecido en el artículo 27, las fuerzas armadas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2º.

ARTICULO 32. — A los efectos del artículo anterior el Presidente de la Nación, en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 86, inciso 17 de la Constitución Nacional, dispondrá el empleo de elementos de combate de las fuerzas armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior, previa declaración del estado de sitio.

En los supuestos excepcionales precedentemente aludidos, el empleo de las fuerzas armadas se ajustará, además, a las siguientes normas:

a) La conducción de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales nacionales y provinciales queda a cargo del Presidente de la Nación asesorado por los comités de crisis de esta ley y la 23.554;

b) Se designará un comandante operacional de las fuerzas armadas y se subordinarán al mismo todas las demás fuerzas de seguridad y policiales exclusivamente en el ámbito territorial definido para dicho comando;

c) Tratándose la referida en el presente artículo de una forma excepcional de empleo, que será desarrollada únicamente en situaciones de extrema gravedad, la misma no incidirá en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las fuerzas armadas, las que mantendrán las características derivadas de la aplicación de la ley 23.554.

Título VII

Del control parlamentario de los órganos y actividades de seguridad interior

(Denominación sustituida por art. 50 de la Ley Nº 25.520 B.O. 06/12/2001)

ARTICULO 33. — Créase una comisión bicameral de fiscalización de los órganos y actividades de seguridad interior.

Tendrá por misión la supervisión y control de los organismos y órganos de seguridad interior actualmente existentes, de los creados por la presente ley y de todos los que se creen en el futuro.

(Artículo sustituido por art. 50 de la Ley Nº 25.520 B.O. 06/12/2001)

ARTICULO 34. — La comisión estará integrada por ocho miembros de la Cámara de Senadores e igual número de miembros de la Cámara de Diputados designados por las Cámaras respectivas. Tendrá carácter permanente y dictará su propio reglamento interno.

(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 24.194 B.O. 29/04/1993)

ARTICULO 35. — La comisión verificará que el funcionamiento de los órganos y organismos referidos en el artículo 33, se ajuste estrictamente a lo preceptuado en las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, constatando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, así como de las disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos denominada "Pacto de San José de Costa Rica", incorporada a nuestro ordenamiento legal por ley 23.054.

ARTICULO 36. — La comisión tendrá todas las facultades y atribuciones necesarias para el cumplimiento de su cometido y, en especial, para la realización de las investigaciones que fueran pertinentes en los órganos y organismos aludidos en el artículo 33.

Quedará especialmente facultada para:

a) Requerir de todo organismo o ente público nacional, provincial o municipal, como asimismo de entidades privadas, toda la información que estime necesaria, la que deberá ser suministrada;

b) Requerir del Poder Judicial cite y haga comparecer con el auxilio de la fuerza pública a las personas que se considere pertinentes, a fin de exponer sobre hechos vinculados a la materia de la comisión;

c) Requerir de los organismos judiciales pertinentes, se impida la salida del territorio nacional, sin autorización, de aquellas personas que constituyeran objeto de las investigaciones a emprenderse;

d) Proponer al Poder Ejecutivo nacional medidas tendientes a la superación de las deficiencias que se advirtieran con motivo de las investigaciones propuestas.

ARTICULO 37. — La comisión producirá anualmente un informe público a las Cámaras de Senadores y de Diputados y un informe secreto dirigido a las Cámaras referidas y al Poder Ejecutivo nacional, en el cual informará respecto de los resultados de la labor desarrollada y las mejoras que crea necesario implementar.

En caso de existir disidencias entre los miembros de la comisión, la misma podrá producir tantos informes en minoría como disidencias existan en su seno.

Título VIII

Disposiciones transitorias y complementarias

ARTICULO 38. — Derógase el artículo 13 de la ley 23.554, así como el cuadro anexo al mismo.

ARTICULO 39. — La Policía Federal Argentina dependerá orgánica y funcionalmente del Ministerio del Interior.

ARTICULO 40. — Los gastos que demande la implementación de las disposiciones de la presente ley, se sufragarán con fondos provenientes de las partidas presupuestarias nacionales para la función seguridad que anualmente se aprueben, y con los aportes que determine en forma anual el Consejo de Seguridad Interior proporcionalmente para cada provincia.

ARTICULO 41. — El Convenio Policial Argentino continuará vigente en la medida de su compatibilización con las previsiones de la presente ley, quedando su oficina subordinada a la supervisión del Consejo de Seguridad Interior en los términos del artículo 10, inciso f).

ARTICULO 42. — El Consejo de Seguridad Interior establecerá las disposiciones indispensables para la compatibilización prescrita por el artículo precedente, pudiendo proponer dejar sin efecto las normas del Convenio Policial Argentino que se contrapongan con el contenido de la presente ley.

ARTICULO 43. — La reglamentación del presente régimen se efectuará previo requerimiento por parte del Ministerio del Interior a todos los miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad Interior, de todas aquellas sugerencias que resulten oportunas y necesarias para poner en ejecución de las previsiones de esta ley.

ARTICULO 44. — El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio del Interior, invitará a los gobiernos de provincia para que adhieran expresamente a las disposiciones de la presente ley, mediante el acto institucional prescrito por sus respectivas constituciones. La adhesión deberá ser comunicada en forma fehaciente al Poder Ejecutivo nacional, también por conducto del Ministerio del Interior.

ARTICULO 45. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. — ALBERTO R. PIERRI. — EDUARDO MENEM. — Juan Estrada. — Edgardo Piuzzi.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.





8 – Documentos – Por Heinz Dieterich Steffan



Seguridad privada israelí en Centroamérica
En el lujoso Centro de Convenciones de Miami, alrededor de tres mil empresarios latinoamericanos y estadounidenses de organismos privados de "seguridad e inteligencia" escucharon la dramática advertencia de la empresa Security and Intelligence Advising (SIA) de que los intelectuales se encuentran entre los principales elementos de riesgo para la seguridad de los Estados y que, por lo tanto, se les estaban "poniendo banderías". "Poner banderías" significa en la jerga de esas empresas, poner alguien bajo observación.

La advertencia fue hecha por el alto ejecutivo (Security Senior Expert) de la SIA, Amar Salmar, en su conferencia sobre "El rol de la inteligencia en la lucha contra el Terrorismo Global en el Siglo XXI", como invitado especial de la Latin American Security Association (ALAS) que organizó el evento. El financiamiento de la reunión que tuvo lugar del 9 al 11 de julio del presente, estuvo a cargo de unas 300 empresas que hacen sus ganancias en el mercado de "seguridad e inteligencia" que florece bajo el sol de la "guerra internacional contra el terrorismo", para la cual Washington ha autorizado unos treinta mil millones de dólares desde el 11 de septiembre.

Es ese mercado a quien la opinión publica mundial tiene que "poner banderías", porque sus tendencias de evolución son cada vez mas preocupantes para las fuerzas democráticas de la aldea global. Uno de esos desarrollos alarmantes es el intento de ciertos gobiernos y clases políticas de privatizar determinadas funciones de soberanía del Estado y convertir a los cientos de miles de empleados armados de esas compañías en una reserva paramilitar para funciones represivas del Estado, tal como se observa, por ejemplo, en Argentina.

Mas preocupante aun es la zona gris de operadores de las guerras sucias, en la cual los servicios de inteligencia y fuerzas militares estatales, los productores, comerciantes y lobbyistas de la industria armamentista y los escuadrones de la muerte, interactúan, tal como sucedió recientemente en la venta de armamento israelí a los escuadrones de la muerte de Colombia: los paramilitares.

Oris Zoller, Administrador General de Representationes Internacionales, GIRSA, que es una filial del complejo militar-industrial israelí, fue el operador de esa transacción. Ciudadano israelí, al igual que Amar Salmar, Zoller radica en la Ciudad de Guatemala, desde donde triangulo un negocio poco transparente entre las policías de Nicaragua, Panamá y GIRSA, a través del cual tres mil fusiles de asalto AK-47 y cinco millones de municiones procedentes de Nicaragua iban a terminar en manos de la policía de Panamá. Sin embargo, el armamento que la policía nicaragüense entrego en trueque contra unas cuantas subametralladoras Mini-Uzi y pistolas Jericho, nunca llego a los destinatarios declarados, sino que enriqueció el arsenal de los escuadrones de la muerte colombianos. Supuestamente, la culpa de tal desenlace la tiene un panameño de origen israelí, Shimon Yelinek quien fue el lobbyista entre GIRSA y la policía panameña y a quien ahora nadie puede encontrar, porque ha desaparecido de la escena.

Zoller sostiene que la Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y el servicio de inteligencia israelí, MOSSAD, no tienen nada que ver con la operación, pero tal desmentido es poco creíble. Porque es obvio que una operación de esta naturaleza que requiere el consentimiento de tres gobiernos y de múltiples instituciones policíacas, militares y aduaneras de los países involucrados, no puede realizarse sin ser descubierto por la red internacional de espionaje de la CIA y del MOSSAD.

Y una segunda razón debilita aun mas la pose de inocencia oficial de Zoller. En la zona gris de los operadores de las guerras sucias en toda América Latina, pero particularmente en el área de Centroamérica y el Caribe, ex agentes y militares israelíes juegan un papel fundamental. Por ejemplo, el entrenamiento profesional de los primeros escuadrones de la muerte de los narcotraficantes colombianos, del Cartel de Medellín, en 1990, estuvo a cargo de ex militares israelíes. El jefe de este grupo, el teniente coronel Yair Klein, de la unidad de elite Harub, formo en 1989 su empresa "Punta de Lanza", especializada en la venta de armamento y tecnologías bélicas, que después de entrenar a los sicarios, regreso a Israel con los bolsillos llenos de narcodólares.

De hecho, la intervención de los servicios secretos israelíes en esa región se remonta una década mas atrás, cuando a inicios de los ochenta el know how de "contrainsurgencia" de esos servicios fue puesto al servicio de los terrorismos de Estado en Honduras y Guatemala, para convertirse pronto en engranaje integral de la agresión de los mercenarios del gobierno de Ronald Reagan (los "contras") contra el gobierno Sandinista de Nicaragua. De Honduras y Guatemala la red se extendió rápidamente a la Republica Dominicana, donde se encargo de la seguridad del entorno del presidente sempiterno Balaguer, y a Chile, cuya dictadura pinochetista se mostró muy receptiva a sus homólogos de Medio Oriente. A la cabeza de esa cruzada anti-terrorista estaba uno de los heraldos de la lucha contra el "terrorismo internacional": el ministro de defensa israelí, Ariel Sharon, quien dirigió la invasión militar a Libano y fue responsable de las matanzas en los campos de refugiados palestinos.

En el golpe de Estado del 11 de abril del presente, contra el presidente venezolano Hugo Chávez, apareció de nuevo un empresario de origen israelí, Isaac Pérez Recao, vinculado a la industria armamentista y dueño de empresas de seguridad privada en Venezuela. Según las investigaciones de las autoridades venezolanas, Pérez Recao fue una de las principales cabezas de la conspiración contra Chávez. Cuando fallo el golpe militar, huyo en avión a Miami, donde sufre la dura vida del exilio latinoamericano, intercambiando con sus colegas de la "seguridad privada" ideas profesionales sobre las amenazas del terrorismo internacional del siglo XXI.

Lo que seguramente no esta en la agenda de discusión de esos "expertos", es la siguiente pregunta: ¿ Que puede hacer la sociedad global, cuando la seguridad privada se convierte en peligro publico?







Documentos – Por Gad Barzilai


Entre el estado de derecho y las leyes de los gobernantes: la cultura legal Israelí de la Corte Suprema de Justicia

Introducción
Las democracias deberían comprometerse con una serie de requisitos mínimos. Los criterios más importantes para definir como democracia a un régimen político son: elecciones libres, existencia legítima y legal de una oposición, transiciones pacíficas en los gobiernos y en la jefatura del Estado, transparencia pública básica de la gestión del grupo gobernante, respeto por los derechos civiles, igualdad generalizada de derechos políticos, libertad de expresión y de asociación. No todos los regímenes democráticos respetan estos derechos en la misma medida y de la misma forma. La interacción entre procedimientos democráticos y culturas políticas ha sido a menudo problemática. Los procedimientos se expresarán como valores civiles y democráticos dependiendo de la cultura política, incluyendo la cultura legal. La cultura debe articularse y manifestarse como procedimientos democráticos.

Los estudios comparativos han analizado diversos medios conceptuales y metodológicos usados para diferenciar y definir los regímenes políticos (Dahl, 1989; Lijphart, 1984). El término más adecuado para definir a Israel es una poliarquía basada en procedimientos democráticos (Dahl, 1989). Sin embargo, los procedimientos democráticos databan de fecha anterior al Israel configurado desde 1967, y no todos eran igualmente accesibles para las minorías no judías. El Estado de Israel era, de hecho, un régimen judío democrático que imponía sus ideas, sus perspectivas y sus instituciones mayoritarias a las minorías en un panorama político unitario (Barzilai, 1996). Los procedimientos democráticos básicos formaban parte de ese panorama. El tejido de los procedimientos democráticos era legitimado por las mayorías de la élite política y la opinión pública.

Israel ha sido uno de los pocos regímenes democráticos que promulgó el derecho de sufragio universal para toda su población, sin excepciones, desde la instauración misma del Estado en 1948. Desde entonces, se han celebrado catorce elecciones generales de forma pacífica. En tres ocasiones (1977, 1992, 1996) el control del gobierno, de la Knesset (Parlamento) y de la administración pública cambió de manos de un partido político a otro, y en las tres ocasiones, la transición fue pacífica y siguió a las elecciones generales. Si bien el país entero se vio conmocionado por el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, en noviembre de 1995, el sistema no se enfrentó al peligro de un golpe de estado ni a una insurrección militar, y tras las elecciones de 1996 se volvió a producir una transición pacífica en la administración del gobierno. Como promedio, se han presentado unos veinte partidos para las elecciones a la Knesset desde la celebración de las primeras elecciones, en enero de 1949. Por otro lado, el panorama político siempre se ha caracterizado por debates políticos intensos, a veces encendidos, en grandes sectores de la opinión pública y en los grupos extraparlamentarios.

Resulta curioso que este panorama político se haya legalizado y legitimado en Israel. Éste es un país que no pertenece a Occidente, y que ha absorbido la inmigración proveniente fundamentalmente de países con tradiciones no democráticas, a saber, los países de Europa del Este, las antiguas repúblicas soviéticas y los países de Oriente Medio. Su sistema político está marcado por la existencia de graves diferencias sociopolíticas, entre asjenazis y sefardíes, halcones y palomas, judíos laicos y religiosos, árabes y judíos. No existía ningún tipo de infraestructura constitucional para articular y resolver estas tensiones (Barzilai, 1992; Edelman, 1994). Hasta 1977, los centros de poder del Estado estuvieron en manos del partido Laborista dominante. Este partido había mantenido algunos de los principios formales de una democracia, si bien sus ideas básicas y su quehacer político no estaban arraigados en la tradición occidental. Tras el colapso de los laboristas como partido dominante, el partido Likud ganó las elecciones de 1977. El Likud representaba una versión muy nacionalista del carácter sionista. Tanto el partido Laborista como el Likud concibieron la democracia como un conjunto de métodos formales para controlar la esfera de lo público dentro del contexto de las elecciones y de las transiciones de poder.

Desde la Segunda Guerra Mundial, ningún país democrático ha estado tan involucrado en guerras ni acciones militares aisladas como Israel. Desde 1948 hasta el presente (mayo, 1996), el país se ha visto envuelto en siete guerras (sin contar la Guerra del Golfo) y miles de acciones militares aisladas. El estado de emergencia formal (legal) vigente ha generado una excesiva intervención del Estado en la vida ciudadana y ha creado una legislación de emergencia. Las fuerzas armadas son la principal institución sociopolítica en Israel. La vida social se ha concentrado, en gran medida, en torno a asuntos de seguridad. Los sondeos de opinión pública llevados a cabo en los años 70, 80 y 90 han demostrado que los militares israelíes eran la institución pública más prestigiosa de todo el país. La mayoría de la opinión pública israelí opina que los militares son más útiles al Estado que los partidos políticos, el parlamento o el gobierno (Barzilai, Yuchtman-Yaar y Segal, 1994). Incluso en el periodo que siguió a los acuerdos de Oslo (1993-1996), y en medio de las escaramuzas militares contra la guerrilla palestina e islámica, la mejor manera de definir a Israel era como "una nación en armas".

En la mayoría de los países de Oriente Medio, el constitucionalismo de Occidente no ha sido una parte integrante de la cultura política. Principios tan fundamentales de la democracia como la separación de poderes, los derechos civiles y las elecciones libres no han sido adoptados por los países de la región (Kedourie, 1992; Owen, 1992). Por lo tanto, explicar la peculiaridad de la democracia israelí constituye un desafío intelectual aún mayor. Las interacciones entre cultura y procedimientos democráticos en Israel no han sido suficientemente entendidas ni analizadas.

En este artículo, pretendemos analizar dos cuestiones interrelacionadas: en primer lugar, ¿cuáles son los fundamentos del "Estado de derecho" en Israel? En segundo lugar, ¿cuáles son las características fundamentales de la cultura legal de Israel? Mi principal constatación es que la estructura constitucional israelí no surgió como producto de una cultura política de base. Al contrario, fue el resultado de los valores y las versiones que una élite creó, articuló y generó como el "Estado de derecho". La élite política articuló los procedimientos democráticos que fueron aceptados por la mayor parte de la opinión pública. Más tarde, después de los años 70, se desarrolló una cultura legal más liberal. Esta cultura legal se caracterizó por un movimiento colectivo hacia los tribunales y el constitucionalismo. La mezcla de discursos liberales y militaristas ha desatado crisis y planteado nuevos desafíos al "Estado de derecho" en Israel.

Cuando los gobernantes hacen las leyes
La tradición liberal de las democracias occidentales estableció la constitución escrita como el principal pilar del "Estado de derecho". La codificación de los derechos civiles en las constituciones escritas era considerada como una garantía básica contra la coacción política. De la misma manera, los cambios de regímenes más importantes se vieron acompañados de reformas constitucionales y de nuevas constituciones escritas. Ninguno de estos procesos se dio en las etapas iniciales de la creación de Israel.

La posibilidad de promulgar una constitución surgió durante los debates parlamentarios y en el seno de los partidos en los años 50. Sin embargo, la brecha entre los estamentos judíos laicos y religiosos cerró el paso a su promulgación. Mientras la mayoría de los partidos políticos laicos contemplaban al menos una separación parcial entre Estado y religión, los partidos religiosos exigían con firmeza que el Estado siguiera los dictados ortodoxos de la religión judía. Sin embargo, esta brecha no era la razón principal para eludir la promulgación de una constitución escrita. El principal obstáculo era la oposición del Mapai, el partido gobernante. Sus líderes, especialmente Ben Gurion, se oponían a cualquier documento que impusiera restricciones constitucionales a su poder político. En el curso de los debates, los bandos se definieron con bastante claridad. Mientras la minoría árabe, los liberales, el partido Herut, de derechas, la izquierda socialista (el Mapam) y un pequeño partido que representaba a una lista de mujeres exigían una constitución escrita, el partido gobernante, el Mapai, y los partidos religiosos se oponían a la misma (Debates de la Knesset, 1 de febrero, 1950; 8 de mayo, 1950); Actas de la Knesset [Divrei Ha'Knesset] Vol. 4:714-746, 766-784; Vol. 5:1306-1332).

La élite gobernante contaba con su capacidad para cooptar a las contraélites existentes o potenciales con el fin de consolidar un consenso basado en procedimientos democráticos. Las formaciones políticas que se negaban a ser cooptadas -por ejemplo, el Herut, dirigido por Menahem Begin- se vieron marginadas. La aprobación de elecciones se daba por sentado, como continuidad con la tradición parlamentaria inglesa. Sólo unos cuantos grupos marginales y violentos postulaban una entidad judía no democrática. En 1950, el parlamento de Israel (Knesset) decidió que unas Leyes Básicas eran la alternativa a una constitución de carácter global. Estas leyes fueron definidas como capítulos de la "futura constitución", cuando en realidad estaban destinadas a ser un instrumento de la retórica tras la cual se ocultaba el temor a una constitución (escrita) de corte liberal.

No debemos subestimar la importancia de estas leyes. Gracias a ellas, se pudo tejer una estructura de procedimientos que ha preservado la democracia. Ley Básica: La Knesset (1958) definió el espectro de facultades del poder legislativo para promulgar leyes, y para decidir y supervisar las operaciones del Ejecutivo. Ley Básica : El gobierno (1968) definió las facultades del Ejecutivo para actuar en asuntos nacionales e internacionales, e invistió al Ejecutivo de poderes o de una autoridad que no se le había otorgado a ninguna otra institución pública en el país. Dentro de este amplio espectro de facultades y prerrogativas, se autorizaba al gobierno a declarar la guerra o emprender otras acciones militares sin ningún tipo de supervisión del parlamento o del poder judicial. Estas dos leyes otorgaban amplios derechos e inmunidad a los parlamentarios y ministros con el fin de garantizar la soberanía parlamentaria y consagrar la libertad de acción del gobierno.

Ley Básica: El Ejército (1976) declaró la subordinación de las fuerzas armadas a las autoridades políticas elegidas, fundamentalmente al ministro de defensa y al gobierno de Israel. Esta ley estableció la obediencia formal del ejército al gobierno. Se legalizaba así el panorama político en Israel. Los gobernantes elaboraron procedimientos que les permitían ejercer un enorme poder político y, sin embargo, en cierta medida estaban obligados a rendir cuentas.

Ley Básica: El poder judicial (1984) definió las autoridades asignadas a diversos órganos judiciales: los tribunales de circuito, de distrito y el Tribunal Supremo. En principio, el Tribunal Supremo de Israel era una institución que se pronunciaba en dos competencias: como tribunal superior de apelación y como tribunal superior de justicia (TSJ) que trataba de asuntos administrativos y constitucionales. En ausencia de una constitución escrita, el Tribunal Supremo era, de hecho, el órgano responsable de la formación, articulación, generación y ejercicio de los derechos civiles en Israel. En este sentido, el Tribunal contribuía a la creación de una cultura política democrática.

El Tribunal Supremo y su posición pública
Hasta los años 70, el Tribunal ejercía unas funciones judiciales más bien limitadas. Esta limitación se reflejaba en la tendencia de los jueces a abdicar frente a asuntos que podían suscitar grandes diferencias políticas en la opinión pública y que, por lo tanto, eran considerados demasiado "políticos" y "no juzgables". Sin embargo, progresivamente desde 1948, el TSJ ha elaborado una carta de derechos fundamentales redactada por los jueces. Con una serie de resoluciones, el Tribunal ha instaurado la libertad de expresión y de asociación, el derecho de manifestación y de ocupación, dándole un perfil al principio de igualdad política (Lahav, 1993; Mautner, 1993; Segal, 1992). Ningunos de estos derechos se originaron en la legislación de la Knesset. A pesar del prolongado estado de emergencia, el Tribunal impuso ciertas restricciones a la legislación administrativa de emergencia, y puso coto a los graves atentados contra los derechos individuales.

Todos estas resoluciones se produjeron dentro del contexto cultural de dos consideraciones singulares: la seguridad nacional y el judaismo. La doctrina judicial del Tribunal era que ningún uso político de los derechos individuales podía poner en peligro la seguridad del Estado. En 1953, el Tribunal estableció la "prueba del peligro inmediato", según la cual el Tribunal declaraba que atendería a las apelaciones contra las autoridades de gobierno sólo si el uso político de los derechos civiles no implicaba un "peligro inmediato" para la seguridad del Estado. Las resoluciones del TSJ también aceptaron el supuesto de que Israel era esencialmente un Estado judío, dominado por valores judíos. Este comportamiento judicial del Tribunal Supremo reflejaba la sumisión a consideraciones culturales y cierta sensibilidad ante sus limitaciones institucionales. Bajo un régimen parlamentario, el Tribunal podía perder su autoridad al exponerse a una legislación contrajudicial que limitara sus poderes judiciales. Así, el TSJ recurrió al antiguo argumento formal legal de "asuntos políticos" y "conformidad a derecho" para fundamentar sus reservas cuando se trataba de fallar e intervenir en asuntos relacionados con la seguridad nacional y religión y Estado.

Con el tiempo, la creciente presencia de valores liberales en la cultura política (por ejemplo, una mayor conciencia de los derechos políticos individuales) y la ausencia de reglas consolidadas del juego democrático en un panorama sumamente escindido, constituyeron estímulos para un mayor protagonismo judicial. Hacia los años 80, las diferencias sociales se habían acentuado, la polarización política se había agudizado y la corrupción política era cada vez más generalizada. Mientras los dos principales partidos políticos, el Laborista y el Likud, no conseguían suficiente apoyo electoral para crear y gestionar alianzas gobernantes eficaces, el Tribunal era considerado la institución civil de mayor credibilidad en el país. Al polarizarse los poderes parlamentario y ejecutivo, el Tribunal acumuló capacidad institucional. Cuanto más polarizado se volvía el panorama político, más poder institucional ganaba el Tribunal. Como resultado, podía aspirar a consolidar una posición hegemónica.

Entre otras, el TSJ instituyó normas sobre el marco del servicio militar obligatorio, la financiación de los partidos, la validez y la revelación de acuerdos políticos, la exclusión de los partidos políticos radicales de las elecciones parlamentarias, la legalidad de los nombramientos del gobierno en altos cargos de la administración, el pluralismo en las emisiones de radio y televisión, la igualdad de hombres y mujeres en el nombramiento de cargos directivos de empresas públicas y consejos religiosos, la igualdad entre homosexuales y heterosexuales en el ámbito laboral y los límites de la censura.

Los jueces eran conscientes de los debates públicos y de las expectativas políticas contradictorias que suscitaban sus decisiones. En varias resoluciones, señalaron sus reticencias a implicarse abiertamente en temas políticos y controvertidos. Sin embargo, esgrimían el argumento de "consenso público" y "moral pública" para fallar e intervenir en asuntos políticos. Bajo el velo de un profundo respeto judicial por los dictámenes del poder legislativo, y a pesar de la presunción de que los poderes de la administración deberían gozar de una autonomía profesional que les otorgara inmunidad frente a las investigaciones judiciales, el TSJ reforzó su posición institucional. En 1950, el Tribunal Supremo vio 422 casos; en 1970, éstos aumentaron a 2.866; en 1994, fueron 6.965. En 1950, el TSJ vio 86 apelaciones; en 1970, vio 381; en 1994 vio 2.209 (Statistical Abstract of Israel 1995, Vol. 46: 603, 606).1 Considerando el crecimiento demográfico de los israelíes, además de que, desde 1967 el Tribunal ha tenido que atender las apelaciones de los palestinos, la especial posición social y la popularidad que ha alcanzado son evidentes. A pesar del creciente compromiso del Tribunal con un panorama político polarizado, su actuación ha sido suficientemente legitimada por la opinión pública. Tanto los árabes israelíes como los judíos han prestado su apoyo y conferido legitimidad al TSJ. La opinión pública de Israel considera al TSJ como una de las instituciones de mayor prestigio en el país y, en la mayoría de los casos, sus decisiones han sido apoyadas. El Tribunal ha sido un agente importante en la creación del orden político debido a su capacidad para suscitar un respeto en la opinión pública por sus disposiciones judiciales y sus leyes. Sin embargo, se han producido discrepancias entre árabes y judíos. En los sondeos de opinión pública basados en muestreos representativas de árabes y judíos, éstos han apoyado más al TSJ que los árabes porque, al igual que los tribunales inferiores y otras instituciones del Estado, el TSJ es considerado una creación de los judíos (Geocartography 1991).2 De hecho, desde su creación en 1948 hasta la fecha de este artículo (mayo, 1996) no ha sido nombrado ningún juez árabe al Tribunal Supremo de Israel.

El Tribunal Supremo de Israel ha gozado de un gran reconocimiento público difuso y una legitimidad específica. Ambos tipos de apoyo han sido analizados en otros países como condiciones indispensables para que los tribunales puedan funcionar eficazmente (Caldeira y Gibson, 1992; Caldeira y Gibson, 1995; y Gibson y Caldeira, 1995). Se ha concedido un apoyo difuso del TSJ como institución, y lo mismo ha sucedido con su doctrina judicial relativa a diversos temas, por ejemplo, los temas relacionados con Estado y religión o con la seguridad nacional. Se ha brindado un apoyo específico a los fallos del Tribunal. En realidad, se ha producido un consenso importante en torno al Tribunal, sobre todo entre los israelíes judíos, que lo consideran como una de las principales instituciones del Estado judío. Una mayoría cifrada en el 59% de la población israelí judía apoyaba las decisiones judiciales del TSJ. Los fallos que mejor acogida han tenido son los que abiertamente preservaban los procedimientos políticos de la comunidad israelí judía como grupo étnico dominante. Por ejemplo, en 1965 la exclusión de un partido político árabe de las elecciones a la Knesset tuvo mucha popularidad (81,4%). Los fallos que apuntaban a una inclusión de los partidos políticos árabes en la escena política de Israel, así como las decisiones que ampliaban la tutela judicial, por encima de las autoridades responsables de la seguridad, en los territorios ocupados de la franja de Gaza y Cisjordania, obtuvieron menor aprobación: el fallo que sentenció la decisión de los responsables de seguridad de expulsar a los palestinos de los territorios ocupados fue apoyado por sólo el 34,8% (Barzilai, Yuchtman-Yaar y Segal, 1994, 67-110).

El apoyo al Tribunal no depende tanto de las circunstancias factuales concretas. Por eso, ha sido sustancial. Una mayoría (66%) ha apoyado al Tribunal a lo largo del tiempo. La mayoría piensa que el TSJ ha contribuido al Estado. Sólo el Interventor del Estado goza de un nivel similar de legitimidad institucional. El nivel de confianza en el Tribunal era muy elevado: sólo el 11,4% no estaba satisfecho con la institución.

También se prestó un apoyo importante al ejercicio de revisiones judiciales en determinadas esferas públicas. La mayoría de la opinión pública entre la población israelí judía tenía la tendencia a apoyar los fallos relativos a los asuntos religiosos: propugnaban una intervención judicial más bien laica en los asuntos religiosos nacionales con el fin de establecer una separación entre religión y Estado (53,4%) y una mayor supervisión judicial de las instituciones religiosas (65,2%). La mayoría de la opinión pública apoyaba una supervisión judicial del gobierno (67,4%) y de la Knesset (71,5%). Las mismas inclinaciones se reflejaban en lo relativo a los derechos civiles: la mayoría apoyaba las revisiones judiciales que fortalecen las libertades de expresión y manifestación (56,5%) y la libertad de religión (58,7%). Sin embargo, debido al carácter militarista de la sociedad israelí, sólo una minoría de la opinión pública de israelíes judíos apoyaban una tutela judicial de las actuaciones de los militares (36,5) (Barzilai, Yuchtman-Yaar y Segal, 1994, 76-77).

La legitimidad pública del TSJ tiene, en una buena medida, un carácter mítico. Los mitos son una mezcla de invenciones y hechos reales. El 70,8% de la población veía al TSJ como una institución justa porque "funciona sin sesgos ni discriminaciones". Además de su reputación en la justicia procesal, el 79% veía al Tribunal como una institución que funciona "con sabiduría", y para beneficio del "ciudadano medio". Una mayoría (71,7%) definió al TSJ como la institución con mayor autoridad moral en el país. Estas ideas no eran necesariamente erróneas, pero es evidente que se trataba de simplificaciones míticas sobre el TSJ y su funcionamiento. Un análisis factorial de las actitudes individuales hacia el TSJ reveló que los mitos que lo rodeaban y el apoyo difuso eran elementos decisivos de su legitimidad judicial. El apoyo específico brindado al TSJ dependía más de diferencias sociopolíticas que el apoyo mítico o difuso. Este último era predominante en numerosos sectores de la sociedad israelí y en diversos estamentos políticos (Barzilai, Yuchtman-Yaar y Segal, 1994, 67-73, 123-131). Esto significa que el apoyo mítico y difuso era más estable que el apoyo específico como pilar de la cultura legal y política de Israel.

Hay causas estructurales y culturales que explican este fenómeno. Los mitos acerca de la supremacía de lo judicial tienen varios orígenes históricos. Los jueces israelíes han conocido la ley sagrada judía (Halachah), el derecho democrático alemán, el derecho consuetudinario inglés y el derecho constitucional de Estados Unidos. Hasta 1970, la mayoría de los jueces se formaban en las facultades de derecho de Inglaterra o Alemania, mientras que después de 1970, los jueces formados en Israel se constituyeron como un grupo más importante. Hacia comienzos de los años 90, éstos eran mayoría en el Tribunal Supremo. A menudo, uno o dos jueces del TSJ han sido especialistas en el Halachik. Sin embargo, las leyes laicas eran aplicadas con frecuencia, mientras que el uso del Halachik era más bien marginal. Hasta el decenio de los '70, el derecho consuetudinario inglés predominaba en la mayoría de ámbitos del derecho público, y el derecho alemán tenía cierta incidencia. Después de 1970, con la creciente dependencia cultural de Israel con respecto a Estados Unidos, el derecho en este país adquirió mayor peso como fuente de razonamiento legal.

Todas estas tradiciones influyeron en el sistema legal de Israel. Pusieron de relieve la importancia de que hubiera jueces competentes y tribunales superiores, y generaron valores de los litigios, arbitrajes, fallos judiciales, apelaciones, acatamiento y obediencia. La legislación judía enfatizaba la importancia del litigio como medio de solución de los conflictos; el derecho en Alemania hace lo propio con la supremacía de los valores del Estado (Rechtsstaat) y la obediencia a sus órganos, conservando a la vez los procedimientos democráticos; del derecho consuetudinario en Inglaterra proviene el formalismo legal como medio para facilitar el discurso legal; y el derecho en Estados Unidos ha sido una fuente de imitación en lo relativo a la supremacía de los derechos individuales.

El proceso judicial de nombramientos contribuyó a crear el mito de que los jueces no eran actores políticos. Formalmente, los jueces en Israel eran nombrados por un comité profesional e independiente constituido por tres jueces del Tribunal Supremo (incluyendo su Presidente y dos jueces elegidos por sus pares en el Tribunal Supremo), el Ministro de Justicia, un segundo ministro nombrado por el gobierno, dos abogados nombrados por el Colegio de Abogados, y dos miembros de la Knesset, nombrados por el parlamento. Debería cuestionarse su neutralidad política. A menudo, la influencia del Ministro de Justicia y del Presidente del Tribunal Supremo en estos debates ha sido de vital importancia, mucho más importante que su participación formal en la composición del comité. En el Tribunal Supremo de Estados Unidos, los jueces pocas veces han sido personajes anónimos en términos políticos. En Israel, rara vez se conoce la filiación política de los jueces. A pesar del mito de neutralidad que envuelve al Tribunal Supremo de Israel, conviene destacar tres hechos: en primer lugar, sus decisiones han estado muy a menudo plenamente de acuerdo con las políticas del gobierno; en segundo lugar, los jueces se han negado a apoyar los nombramientos de jueces potencialmente disidentes; en tercer lugar, el Tribunal Supremo de Israel ha estado controlado por judíos asjenazis varones laicos mientras se excluía a los árabes, y los judíos religiosos orientales y las mujeres judías tenían menor representación. A pesar de estos hechos políticos, la imagen que la opinión pública tenía de los jueces del Tribunal Supremo era que no intervenían en los hechos políticos cotidianos y en los debates generales.

El liberalismo y el Tribunal Supremo
En 1992, Israel conoció cambios constitucionales importantes. La Knesset promulgó dos nuevas leyes básicas. Ley Básica: libertad de ocupación, y Ley Básica: dignidad humana y libertad. Por primera vez en la historia del país, un texto importante de la legislación parlamentaria proclamaba su vocación de garantía y salvaguarda de los derechos humanos. Esta promulgación reflejaba la influencia de los valores liberales en la sociedad israelí, además de cierta sensibilidad ante el problema de los derechos civiles. Pero también era un reflejo de la oposición de la élite gobernante y la hostilidad de los partidos religiosos ante una constitución escrita. Estas leyes salvaguardaban el derecho a la vida, a la seguridad física, a la intimidad, a un proceso legal justo, a la libertad de ocupación y de movimiento. Sólo una legislación de la Knesset que cumpliera con ciertos requisitos especiales, o una Ley Básica votada por una mayoría especial de 61 miembros de la Knesset podían restringir los derechos recogidos en estas leyes básicas.

Aaron Barak, uno de los jueces más influyentes en la historia de Israel, definió dichas leyes como una "revolución constitucional", porque creaban "derechos supralegalistas", que pasan por encima de la estructura constitucional y guían la lógica del régimen político (Barak, 1993).3 Sin embargo, esta legislación expresaba no sólo cierto progreso sino también una regresión. Las dos leyes básicas reafirmaban las bases fundamentales de Israel como "Estado democrático y judío". Expresaban la oposición existente entre dos principios supralegalistas: el carácter judío y la democracia. Según estas leyes, las traducciones legales y políticas de estos derechos consagrados en el lenguaje del debate constitucional y la práctica política dependen del carácter judío del Estado. Este paradigma legal marginaba a la minoría israelí árabe.

Las Leyes Básicas de 1992 autorizaban implícitamente al poder judicial a revisar y anular cualquier legislación que burlara o contradijera los derechos mencionados más arriba. Aaron Barak sostuvo y alegó que mediante estas leyes el Tribunal Supremo adquiría el poder constitucional de invalidar la legislación aprobada por la Knesset o declararla nula (Barak, 1993). Por lo tanto, atentaban contra el principio de soberanía parlamentaria, establecido en Israel en 1948, y permitían que el Tribunal Supremo emergiera como una institución más influyente, implicándola cada vez más en las resoluciones sobre asuntos públicos polémicos. La retórica de los jueces, sobre todo de Aaron Barak, fomentó este proceso de acumulación de poderes por parte del Tribunal Supremo.

Hacia finales de los años 60, y cada vez más después de 1975, comenzó a gestarse una creciente dependencia de Estados Unidos, lo cual ha provocado en la sociedad israelí un proceso de "americanización". La clase media creció hasta convertirse en el sector social más importante del país. La acumulación de propiedad privada se convirtió en uno de los rasgos fundamentales de la sociedad israelí. La vida cultural -en las artes, la música, el teatro, la literatura, la poesía y la política- enfatizaban el individualismo como el principal rasgo del israelí liberalizado. En lugar de la retórica socialista, la libertad individual se convirtió en el principal símbolo del nuevo discurso político. Nació cierta sensibilidad ante el problema de los derechos civiles, y al menos una mayor conciencia sobre la retórica de los derechos individuales. Los árabes palestinos de Israel quedaron excluidos de las principales esferas de poder del Estado, con escasa representación en los principales órganos políticos del país, marginados de la vida cultural y gravemente privados en términos económicos y sociales. Los árabes palestinos de Israel no estaban incluidos en aquel discurso liberal.

El Tribunal Supremo reflejaba la dualidad del liberalismo y la exclusión. Las sociedades liberales tienen la tendencia a creer en la expresión legal de los conflictos sociopolíticos, lo cual aumenta el predominio de revisiones judiciales centrales o dispersas (Smith, 1985; Brewer-Carias, 1989; Jackson y Tate, 1992; Epstein y Kobylka, 1992; Shapiro y Stone, 1994). El hecho de que el Tribunal Supremo se estuviese convirtiendo en la institución pública más importante de Israel reflejaba esta generalización comparativa. El número creciente de apelaciones al TSJ, así como el entorno más liberal, en términos generales, permitió que el Tribunal Supremo articulara normas liberales. Sin embargo, en sus liberales decisiones, ya señaladas, los litigantes eran judíos, y el Tribunal expresaba su mayor valoración de los derechos individuales sólo en función de esta perspectiva judía.

La supervisión de los asuntos de seguridad nacional
La supervisión civil sobre los temas y organismos de la seguridad nacional debería ser una de las principales características del Estado de derecho en Israel. Todas las poliarquías deberían imponer sus procedimientos y valores democráticos a las organizaciones que propugnan la violencia colectiva. Esto es un punto vital para el nacimiento, la existencia y la perduración de una democracia. Estas generalizaciones son especialmente válidas en el caso de Israel. En este país, el peso funcional de los organismos de seguridad, su compromiso estructural en los procesos de toma de decisiones y su prestigio público requieren una supervisión civil y una transparencia pública. Debido a la relevancia de las fuerzas armadas y de los servicios de seguridad en el conflicto árabe-palestino-israelí, podrían plantear un peligro para las instituciones y los fundamentos de la democracia.

Después de la fundación de Israel, en 1948, su dirigente, David Ben Gurion, quiso abolir todas las organizaciones paramilitares rivales y establecer una sola organización militar cohesionada y totalmente fiel al Mapai, el partido gobernante, y al Estado judío, y sujeta a la supervisión de instituciones civiles. Lo consiguió al crear las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). La Ordenanza de las Fuerzas de Defensa de Israel (1948) estableció el marco legal, donde se declaraba con cierta vaguedad que el ejército estaba subordinado al gobierno. Las IDF obedecían al Primer Ministro y al Ministro de Defensa. En realidad, la élite política había creado el ejército como parte de su estructura de poder, y no se habían constituido aún las pautas legales específicas para la supervisión civil del ejército. El Jefe del Estado Mayor y los demás oficiales de alta graduación no sólo eran militarmente competentes sino que también habían pasado por una selección política que ponía trabas a la promoción de oficiales con las ideas políticas de la oposición.

El modelo de control civil sobre los militares tenía dos características clave. En primer lugar, las fuerzas armadas eran parte integral de la estructura del Estado, un medio indispensable de control y conservación del poder político en manos de una élite: el gobierno podía ejercer la fuerza a través de los militares como derecho prerrogativo, y no había disposición legal alguna que impidiera al gobierno recurrir a la fuerza militar.

En segundo lugar, las fuerzas armadas y la población civil se influían mútuamente de forma simbiótica. Lo militar se había "civilizado". Esto se basaba en un amplio reclutamiento militar, lo cual conformaba un ejército de civiles, a pesar del entorno estratégico que podría haberlo transformado en una guardia pretoriana. Al mismo tiempo, la sociedad estaba militarizada. La opinión pública israelí judía tenía una gran confianza en las fuerzas armadas. La movilidad social desde el ejército al mercado de trabajo y de éste a las altas esferas políticas era bastante común. El hecho de ser oficial de alta graduación podía ser una importante baza para una futura carrera política. Además, el mito de la seguridad era la faceta pública más crítica en el panorama político de Israel. Los partidos políticos, las formaciones extraparlamentarias, los grupos de presión, los medios de comunicación, el sistema educativo, las universidades y los organismos judiciales estaban todos movilizados en torno a los asuntos de seguridad. La principal inquietud del discurso público era la intensa discusión sobre temas de seguridad, y diversas políticas alternativas eran elaboradas y consideradas en términos militares. En este contexto cultural, los militares podían participar decisivamente en los procesos de toma de decisiones, a la vez que se sometían a y cumplían con los procedimientos democráticos.

La ingerencia judicial en el ámbito militar era débil. Los militares gozaban de una autonomía legal, bajo la cual funcionaba su propio sistema judicial. El TSJ no solía intervenir en las facultades judiciales o administrativas de los militares. Sin embargo, los errores militares cometidos durante la guerra de 1973 desataron una ola de protestas. La élite política se desentendió de las presiones políticas alegando que los culpables eran el mando militar y los servicios de seguridad. El gobierno impulsó una legislación destinada a simbolizar una supervisión política más eficaz de los militares. Ley Básica: Los militares (1976) no agregaron gran cosa a lo declarado en la orden de 1948, y se limitaron a afirmar que los militares debían estar subordinados al gobierno. La ley especificaba que el Jefe del Estado Mayor debería ser recomendado por el Ministro de Defensa y nombrado por el gobierno. Sin embargo, la verdadera contribución de esta ley al "Estado de derecho" en Israel quedó confinada al dominio de lo simbólico.

Las revisiones judiciales de las actuaciones de los militares seguían siendo muy limitadas. En 1974, el TSJ vio una apelación contra el ejército. El apelante solicitaba que el Tribunal investigara si el ejército había puesto en práctica las recomendaciones de la Comisión Agranat, después de los errores militares de la guerra de 1973. El apelante también solicitaba al Tribunal que éste exigiera al ejército el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. El TSJ rechazó la apelación. El fallo declaraba que el Tribunal no intervendría en las facultades profesionales de los militares en lo relativo a planes de guerra, entrenamiento militar, estructuras militares y apropiación de material. Todos estos temas, declaraba el fallo del Tribunal, debían quedar exclusivamente bajo administración militar. En realidad, el Tribunal Supremo se sometía al mito de la seguridad, tan predominante en la sociedad israelí.4 Los jueces suponían que los imperativos militares debían justificar graves restricciones judiciales.

El mismo fenómeno se observa en las revisiones judiciales de las operaciones del ejército y otros organismos de seguridad en los territorios ocupados por Israel en 1967 (Negbi, 1981; Shamir, 1990; Hofnung, 1991; Sheleff, 1996). Después de la guerra de 1967, el Tribunal decidió que tenía autoridad judicial en las áreas que se encontraban bajo el control militar y administrativo de Israel. Los jueces llegaron a la conclusión de que la ocupación facultaba al Tribunal para resolver disputas entre el Estado y los habitantes palestinos. Si bien Israel no anexionó la mayoría de los territorios ocupados, era claro que su control duraría mucho tiempo. Como institución política, el Tribunal elaboró una estrategia de participación en la administración de los territorios con el fin de preservar su condición nacional (Benvenisti, 1993; Peleg, 1995).

El TSJ falló contra el Estado en algunas causas. La de mayor repercusión, hasta mediados de los años 90, fue el caso Dowyakat/Allon More, en 1979. En esta causa, el Tribunal Supremo falló contra la expropiación de unas tierras, y ordenó al gobierno de Begin que desalojara a unos colonos judíos. Sin embargo, los jueces no fallaron en contra del principio de los asentamientos judíos en los territorios ocupados. El fallo del Tribunal Supremo no se basó en el fondo del asunto sino en el procedimiento. El TSJ encontró que existían contradicciones básicas entre la posición del Ministerio de Defensa, que sostenía que el asentamiento en Allon More no constituía un "imperativo de seguridad", y la posición del ejército, que alegaba lo contrario. Frente a esta contradicción, el Tribunal decidió aceptar la apelación. Sin embargo, si bien el Tribunal no estaba convencido de que existían "imperativos militares" que justificaran la expropiación de tierras en esa localidad específica, no veía nada ilegal en el principio de la expansión judía ni en los asentamientos en los territorios ocupados (Barzilai, 1997). En general, y en la mayoría de los casos, el TSJ funcionaba como un agente del Estado y legitimaba sus acciones. Como consecuencia, desestimaba la mayoría de las apelaciones presentadas por los palestinos (Shamir, 1990).

En unos pocos casos, el Tribunal admitió apelaciones contra el Estado. Así, falló que las autoridades no deberían usar tácticas militares radicales como demoler las viviendas si antes no se había recurrido a tácticas menos drásticas. En otros casos, el Tribunal falló que los palestinos tenían el derecho a ser oídos ante un tribunal militar y a apelar ante el TSJ antes de que se produjeran deportaciones o demoliciones de viviendas (Peleg, 1995). Sin embargo, en general, el TSJ funcionaba como un agente legitimizador que proporcionaba a Israel los instrumentos formales para legalizar su control ideológico y político en los territorios ocupados.

El Tribunal proporcionó a la cultura política y legal de Israel la ilusión colectiva de que en los territorios prevalecía el "Estado de derecho". En diversos casos, el Tribunal aplicó las leyes administrativas de Israel, con lo cual autorizaba el uso de drásticos medios de ocupación, como las deportaciones o la demolición de viviendas. Además, el Tribunal no era proclive a aplicar acuerdos internacionales como la Convención de Ginebra. Los jueces alegaban que este acuerdo no formaba parte del sistema legal israelí y, por lo tanto, no podía ser aplicado en Israel (Sheleff, 1996). El Tribunal se abstuvo de solicitar al legislativo que ratificara la Convención de Ginebra. Los jueces actuaban bajo la influencia del mito de la seguridad. Cuando los oficiales del ejército y los expertos de seguridad declaraban contra un apelante palestino, afirmando que esas medidas drásticas eran necesarias para mantener la seguridad, los jueces preferían inhibirse en lugar de actuar, y rechazaban las apelaciones.

El creciente liberalismo de la sociedad israelí y el proceso de paz tuvieron algún efecto en el modelo básico de relaciones legales y sociopolíticas entre el ejército y los sectores civiles. Gracias a una mayor sensibilidad ante los derechos individuales, aumentaron las demandas para instaurar una supervisión civil del estamento militar. El número de apelaciones presentadas ante el TSJ contra los militares ha aumentado desde los comienzos de este decenio. Las sociedades liberales son más proclives a utilizar los instrumentos legales y las resoluciones judiciales para solucionar los conflictos sociales. En Israel también ha sido así. Además, el proceso de paz también contribuyó a reforzar la tendencia global. Sin embargo, los fallos judiciales seguían siendo los mismos, y el Tribunal ha tendido a desestimar las apelaciones contra el ejército y a legitimar la política formal.

Un caso famoso, que fue una excepción, debería ser destacado por su relevancia sociopolítica. Allis Miller quería incorporarse a la Fuerza Aérea israelí para ser piloto de guerra. Fue rechazada únicamente por una cuestión de sexo, y no se le permitió pasar las pruebas como postulante. Miller respondió apelando al Tribunal Supremo. En el TSJ se discutió sobre dos problemas: el alcance de las medidas a favor de las minorías y la autoridad del Tribunal para intervenir en la potestad judicial de los militares. El fallo del TSJ era un reflejo de valores liberales en una sociedad comprometida con un proceso de paz. Basándose en sentencias anteriores que ampliaban la doctrina de medidas a favor de las minorías, El Tribunal declaró que una distinción basada exclusivamente en diferencias sexuales era discriminación sexual. El Tribunal aceptó la apelación y obligó a la Fuerza Aérea a admitir a Allis Miller a los exámenes de rutina.5 En el contexto de una sociedad más liberal, y menos sometida a las presiones de un conflicto, el Tribunal fue más eficaz en su supervisión judicial de los militares en un caso donde no estaban en juego los derechos de los palestinos. Las consecuencias de este fallo en el futuro, y la eficacia de la supervisión judicial de los militares dependen del futuro del proceso de paz entre árabes, palestinos e israelíes. La paz puede proporcionar un mayor contenido al significado de "Estado de derecho", lo cual permitiría una supervisión judicial más eficaz de las fuerzas armadas. Al contrario, un conflicto podría mantener o incluso ampliar la autonomía de los militares y disminuir el alcance de una supervisión democrática.

La lucha contra el terrorismo ha provocado un dilema en relación con el alcance de la supervisión democrática de los organismos de seguridad. Si bien los militares estaban subordinados al gobierno en el marco de la Ley Básica de las fuerzas armadas, no existía una legislación similar para los servicios de seguridad. En ausencia de disposiciones legales, el control de los servicios secretos ha estado sujeto únicamente a la práctica política.

La supervisión de los servicios de seguridad era, de facto, una competencia del Primer Ministro. Además, las comisiones de Asuntos Exteriores y de Defensa, incluyendo la subcomisión de servicios especiales, exigían cierto nivel de supervisión democrática. De jure, no se establecieron criterios legales claramente definidos, y gran parte de la supervisión se basaba en los acuerdos no escritos entre los organismos de seguridad y el Primer Ministro. Los servicios secretos gozaban de una gran libertad táctica y operativa, pero no podían funcionar sin la venia política de las autoridades a sus objetivos estratégicos y sus operaciones especiales. Al igual que el ejército, los servicios secretos eran parte integral de la estructura de poder político, y su dependencia del partido gobernante era considerable. Los estamentos políticos sabían que algunas de las operaciones secretas eran ilegales, incluyendo los violentos interrogatorios de sospechosos, sobre todo árabes y palestinos. Otro fenómeno habitual era la presentación, ante los tribunales, de documentos falsos y pruebas inventadas con el fin de obtener autorización judicial para sus interrogatorios y detenciones. En realidad, los gobernantes habían decidido que el "Estado de derecho" no se aplicaría a los servicios secretos.

La atención de los medios de comunicación y las críticas a las autoridades responsables de la seguridad han sido escasas. La censura predominó en cuestiones de libertad de expresión relativas a la seguridad nacional. En 1953, el TSJ debatió sobre la definición de la censura legal, y estableció que, dados los riesgos para la seguridad del Estado, se debía respetar la libertad de prensa siempre y cuando no planteara un "peligro inmediato" para la seguridad nacional. El TSJ rechazó el criterio estadounidense de un "peligro claro y presente", y sentenció que en un "país en armas" como Israel, la censura era más legítima que en las democracias occidentales.6 En 1989, se solicitó al Tribunal que restringiera la censura ejercida contra las críticas de la prensa hacia el Mosad. El TSJ, bajo el liderazgo del juez Aaron Barak, decidió aceptar la apelación contra la censura militar, y falló declarando que la prensa no sólo gozaba de protección ante la prueba del "peligro inmediato", sino que, además, el peso de la prueba del peligro debía ser asumido por el Estado (es decir, el censor militar). Más específicamente, el TSJ falló declarando que la crítica directa del Mosad y del director del Mosad, relativa a su deficiente desempeño, era legal.7 Lo más probable es que aquella resolución obedeciera a la influencia de valores liberales que en los años 80 fueron más aceptados social y legalmente que nunca antes.

La sociedad más liberal, aunque todavía predominantemente militarista, tuvo que lidiar con el tema de la tortura en los interrogatorios. En el periodo 1984-86 se discutió en el TSJ la cuestión de la supervisión del Shabak (el Servicio General de Seguridad). Durante un ataque de la guerilla en el sur de Israel, dos palestinos fueron capturados, interrogados y ejecutados en el curso de los interrogatorios. El asunto salió a la luz pública en un artículo de prensa que fue publicado a pesar de la censura. Sometidos a la presión de la opinión pública se ordenó una investigación contra la cúpula del Shabak; y fueron preparados cargos penales.

Sin embargo, debido a las enérgicas demandas de los órganos de defensa y el gobierno, el Presidente decidió hacer uso de su facultad constitucional para conceder el indulto. En la apelación ante el TSJ contra el indulto, el asunto formal en cuestión consistía en definir si el Presidente podía conceder un indulto antes de que se presentara la acusación criminal y antes de un veredicto que emanara de un juicio. El TSJ declaró que el indulto era legal, y que el cumplimiento del "Estado de derecho" se impondría sólo parcialmente en los servicios de seguridad. El Tribunal aceptó el alegato del Presidente según el cual, considerando los riesgos a los que se enfrentaba el Shabak (es decir, con el terrorismo), los desafíos que debía asumir (con tácticas contraterroristas efectivas), el perdón era legítimo y legal. Uno de los jueces llegó incluso a declarar que se suponía que el Shabak funcionara al margen de la legalidad cuando había de por medio una grave amenaza contra las vidas humanas. El TSJ era consciente de la posibilidad de que el Shabak hubiese presentado ante los tribunales israelíes pruebas falsas obtenidas de los sospechosos mediante la tortura. Sin embargo, bajo la influencia del mito de la seguridad, y como agente legitimador del Estado, el Tribunal rechazó la apelación (Kremnitzer, 1989; Lahav, 1993).8

En 1987, la Comisión Nacional de Investigación Landau publicó un informe en el que se describía el sistema de tortura que empleaba el Shabak con los palestinos, sin contar con autoridad judicial, y su sistema de presentación de pruebas falsas en los tribunales. La Comisión recomendaba nuevos procedimientos técnicos para aumentar la supervisión gubernamental, parlamentaria y judicial de las actividades de los servicios secretos. De haber sido aprobados, estos procedimientos habrían convertido las apelaciones contra el Shabak ante los tribunales en una práctica más habitual y eficaz (Informe de la Comisión Landau, 1987).

En lo relativo a la tortura, la Comisión recomendaba sólo un uso moderado de fuerza física durante los interrogatorios. En ese contexto, la recomendación podría parecer muy liberal. Sin embargo, lo cierto es que legalizaba la tortura como método de interrogatorio. La Comisión intentó establecer un equilibrio entre el "Estado de derecho" como reflejo democrático de la justicia, y los imperativos de la seguridad. Como consecuencia, otorgó su permiso para torturar a los sospechosos, siempre y cuando la fuerza utilizada durante el interrogatorio fuera proporcional a los presuntos daños infligidos por el terrorista y (Informe de la Comisión Landau, 1987). La defensa de una visión judicial crítica que condenara todas las formas de tortura podría haber sido más beneficiosa para el régimen democrático. Pero la comisión decidió que si el Shabak prevée un peligro real e inmediato contra las vidas humanas, se le debería autorizar el uso de fuerza excesiva. La recomendación se basaba en el intento de establecer un equilibrio entre los imperativos de la seguridad y los de la democracia. Sin embargo, las fronteras no estaban debidamente definidas. Como resultado, las situaciones de crisis de seguridad pueden provocar el uso de una fuerza excesiva contra los sospechosos, y el sistema legal israelí legitimará dicha tortura.

La situación legal de la minoría árabe
Israel nació como un estado judío. Lo judío fue el primer valor metalegal de su carácter constitucional. Este hecho fue reconocido en su Declaración de Independencia (1948), que definía el Estado como hogar judío para el pueblo judío en Eretz-Israel. La Ley del Retorno (1950) afirmaba con claridad que los judíos tenían automáticamente derecho a la nacionalidad. Todos los demás, incluyendo los palestinos en el exterior, no gozaban de este derecho. La Ley de Nacionalidad (1952) definía el patriotismo y el cumplimiento del servicio militar como requisitos para obtener la nacionalidad israelí. A la mayoría de los israelíes árabes se les eximió del servicio militar, y el patriotismo de la Diaspora palestina fue condenado basándose en argumentos de "seguridad". Los palestinos que emigraban o que no habían nacido en Israel quedaban excluidos del derecho a la nacionalidad israelí en cuanto regresaban al país.

Los gobernantes, el Mapai y Ben Gurion, utilizaron el Estado de derecho para crear y conservar un poder hegemónico. Una situación legal de emergencia declarada en 1948 facultó al gobierno para aplicar una legislación de emergencia y privar a los israelíes árabes de sus derechos hasta 1966. El gobierno de corte militar impuesto a los árabes los privó de derechos civiles básicos, como el derecho a la libertad de movimiento. Las normas de emergencia los sometieron a vigilancia y restringieron su derecho a la intimidad. Los imperativos de seguridad también fueron esgrimidos para restringir gravemente sus derechos a la propiedad. Las tierras árabes fueron expropiadas y los árabes se vieron legalmente despojados de su derecho a volver. La legislación israelí declaraba que todas las tierras abandonadas durante la guerra de 1948 pasarían a ser custodiadas por el Estado. Formalmente, esas tierras podían ser devueltas, pero las apelaciones de los palestinos en este tema fueron rechazadas por el TSJ. A menudo, el Tribunal aceptaba los argumentos del Estado, que declaraba que los apelantes habían cometido "deserción" para con su "nación" durante la guerra, y que esa falta de lealtad les privaba de su derecho a retornar. En otros casos, el Tribunal aceptó los argumentos según los cuales el retorno de los palestinos al país constituiría un grave peligro para la seguridad nacional.9

El sistema legal fue utilizado por la mayoría judía con el fin de controlar no sólo los fundamentos de la cultura política sino también las reglas del juego político. Por un lado, los israelíes árabes gozaban del mismo derecho a votar y ser elegidos a la Knesset. Por otro, se sospechaba de su lealtad al Estado judío, por lo que se veían expuestos a la posibilidad de ser excluidos de las elecciones debido a sus posiciones contra el carácter judío de Israel.

La sanción -poco habitual- de exclusión de una formación de las elecciones se implantó en Israel contra los partidos políticos judíos. El partido de Kaana y sus sucesores fueron excluidos debido a su racismo y a sus actitudes y acciones claramente antidemocráticas. Estos partidos protestaban no sólo contra la democracia sino también contra la convivencia de judíos y árabes en la misma tierra. Exigían la expulsión a la fuerza de los árabes de todas las tierras de Eretz Israel, incluyendo a los habitantes de Israel. La élite política judía temía que estos partidos agravaran las tensiones entre lo judío y los principios democráticos del Estado, fomentando las demandas de una separación entre la religión judía y el Estado.

En 1984, el tema fue planteado ante el Tribunal Supremo. Los jueces expusieron su deseo de excluir la lista del partido de Kaana en las 11ª elecciones a la Knesset (1984). Puesto que ninguna ley lo permitía, el Tribunal se abstuvo de fallar en contra de la lista, y en su lugar expresó sin ambages su expectativa de una reforma constitucional.10 Así, la Ley Básica: La Knesset fue modificada en 1985. La sección 7A (3) autoriza la exclusión de partidos políticos racistas de las elecciones a la Knesset. En virtud de esta sección, se excluyó al partido de Kaana de las 12ª elecciones a la Knesset, en 1988.11

Por otro lado, los partidos israelíes árabes fueron excluidos de las elecciones sin una legislación específica. En el sistema legal israelí, una protesta contra el carácter judío del Estado era considerado un peligro para la seguridad nacional. Una protesta de ese tipo era causa suficiente para sufrir la exclusión. La élite, junto al Tribunal Supremo, no hacía distinciones entre la seguridad del Estado y el carácter judío del Estado. Cualquier signo de oposición al caracter judío del Estado era considerado, entre otras cosas, como una amenaza a su existencia.

En 1965, la Comisión Electoral Central, un órgano político que representa a los partidos en la Knesset, se valió de su autoridad formal para impedir que una lista árabe participara en las elecciones para la sexta composición de la Knesset (1965). La formación Al Ard cumplía con todos los requisitos técnicos exigidos para registrarse en las listas electorales. Ninguna ley en Israel permitía negar el derecho básico a ser elegido al parlamento. Sin embargo, el TSJ admitió la exclusión electoral. La opinión de la mayoría ponía de relieve que Israel es un Estado nación judío y que su condición judía es un hecho fundamental. El Tribunal consideraba que cualquier desafío real a la hegemonía de la condición judía en la definición de la nacionalidad israelí es una amenaza elemental para la existencia del Estado. Al referirse a la Declaración de Independencia, el Tribunal creaba una carta de ciudadanía dual: una para los judíos, que son dueños y administradores del Estado y todos sus centros de poder, y otra para los israelíes árabes, que pueden participar en el proyecto institucional sionista de Israel, pero que no pueden intentar cambiar por medios pacíficos la perspectiva cultural dominante.12

En 1985, cuando la Knesset modificó la Ley Básica: La Knesset, se agregó la sección 7A (1). Esta sección permitía excluir de las elecciones a cualquier partido político que luche por la "negación de la existencia del Estado de Israel como Estado del pueblo judío." La aplicabilidad de esta sección fue debatida ante el Tribunal Supremo en una apelación contra la inclusión electoral de la Lista Progresista Arabe-Judía por la Paz y la Igualdad. En este caso específico, la lista fue aprobada, y la apelación fue rechazada. Sin embargo, el Tribunal declaró que la sección 7A (1) era legítima, y no solicitó a la Knesset que la aboliera. De hecho, los cinco jueces del Tribunal Supremo entendieron que la sección sería relevante en futuras exclusiones de los partidos israelíes árabes (Peled, 1992; Gavison 1995). El Tribunal aceptó la doctrina de que la oposición a Israel como Estado del pueblo judío podría justificar una exclusión electoral. El desacuerdo entre la mayoría y la minoría giraba únicamente en torno al alcance de la aplicación de la sección. La mayoría decidió que sólo se debería excluir de las listas electorales a una oposición que implicara una amenaza inmediata y real para la existencia del Estado y que, en este caso concreto, las pruebas contra la Lista Progresista no señalaban la existencia de dicha amenaza. Sin embargo, el Tribunal Supremo no modificó la presunción de que los grupos no sionistas de oposición a la condición judía del Estado constituyen una posible amenaza para la seguridad.13

Conclusiones
Mi punto de partida teórico era que el "Estado de derecho" y los principios democráticos pueden contradecirse mútuamente. Lo que la élite define como justo y legal no coincide necesariamente con lo que pueda pensar el público en general y los teóricos de la política, y viceversa. He utilizado el término "poliarquía" como un punto de partida adecuado para evaluar el carácter del "Estado de derecho". Un análisis sistemático de la poliarquía israelí me ha permitido analizar los conflictos entre derecho y democracia en Israel. Como en muchos otros países, la élite ha creado, articulado y generado el sistema legal no sólo como medio para crear un orden político democrático sino también como medio para controlar al conjunto de la población.

En mi análisis del caso de Israel, he estudiado el alcance, las características y limitaciones de la cultura legal. La estructura del sistema legal israelí, así como los valores, normas y expectativas relativas al "Estado de derecho" se han visto influidas por dos perspectivas fundamentales e interrelacionadas: la condición judía y la seguridad nacional. En este contexto cultural, la élite gobernante ha elaborado sus leyes. En este contexto, la cultura legal de la élite ha generado la cultura legal de las masas.

En Israel, al igual que en otros países, las distinciones entre derecho, política y sociedad son artificiales. Las leyes no eran sólo los criterios por los que se regía la vida cotidiana; también eran el producto de una ideología y una cultura dominantes. Las exigencias de democracia, de la condición judía como nacionalidad, la seguridad nacional y las relaciones entre la mayoría judía y la minoría árabe palestina continúan definiendo las principales tensiones de la cultura legal israelí. Estas tensiones influyen en la situación de los derechos humanos y civiles en Israel y en los territorios bajo su control.

La tendencia liberal que Israel ha experimentado recientemente han dado mucho más relevancia a las luchas en torno al "Estado de derecho". Las resoluciones sobre diversos problemas sociopolíticos no pueden ser la solución. Los conflictos entre árabes y judíos en Israel a propósito del carácter del Estado, las tensiones entre religión y Estado, el problema del equilibrio entre la seguridad nacional y la democracia seguirán creciendo. El principal desafío para la cultura legal israelí consiste no en ponerles trabas a esas tensiones inevitables sino en legitimarlas. Tal vez las reivindicaciones culturales sean el único camino para una transformación positiva que abarque desde las leyes de los gobernantes hasta el Estado de derecho. El Estado de derecho debería fundamentarse en una mayor valoración de los derechos humanos y civiles, que deben ser respetados incondicionalmente para beneficio de los individuos, los grupos y las naciones que optan por la convivencia.

Nota biográfica

Gad Barzilai es jurista y catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, POB 39040 Ramat Aviv, Tel Aviv 69978, Israel, especialista en política, derecho y solución de conflictos. Entre sus publicaciones destaca Wars, Internal Conflicts, and Political Order: A Jewish Democracy in the Middle East (1996), y artículos en publicaciones como Armed Forces and Society, Comparative Strategy, Government and Opposition, Journal of Peace Research, Law and Courts Newsletter y Publius. Gad Barzilai ha recibido diversos premios y becas internacionales, entre las cuales una beca Fullbright (1987-88).







Documentos HARRY COMUNICACIONES. Inteligencia estratégica on line


ISRAEL: LIMITES ANTITERRORISTAS CON LA TRIPLE FRONTERA



Se trata de la SIA, Security and Intelligence Advising, es una empresa internacional especializada en consultoría en seguridad, inteligencia y protección, fundada en Israel. También coordina el encuentro un centro de estudios de terrorismo de Escocia. Preocupación legislativa, porque es un evento cerrado al público.

Una empresa de seguridad privada israelí y un centro de estudios sobre el terrorismo de Escocia armaron un foro de debate sobre el terrorismo en la zona caliente de Argentina, Paraguay y Brasil: con la consigna El Terrorismo Global y la Triple Frontera: mito o amenaza se reunirán el próximo miércoles en el hotel Cataratas de Iguazú con la participación de expertos internacionales en la materia, pero en un evento cerrado al público. El canciller argentino estaba invitado, pero Rafael Bielsa habría declinado la convocatoria porque es un evento privado, aunque se traten temas de seguridad nacional.

La SIA, Security and Intelligence Advising, es una empresa internacional especializada en consultoría en seguridad, inteligencia y protección, fundada en Israel. Posee oficinas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Israel, México y Uruguay. Se dedica a entrenar fuerzas armadas y se seguridad en antiterrorismo.

La Conferencia está dirigida a funcionarios gubernamentales y del sector privado, oficiales de fuerzas armadas, seguridad e inteligencia, poder judicial, legislativo, diplomáticos, académicos y empresarios de toda América Latina, Europa y Estados Unidos. Tendrá un carácter cerrado, y la presencia de los participantes será sólo por invitación. La Conferencia cuenta con el auspicio del Departamento Comercial de la Embajada de Israel en Argentina.

¿Que temas se tratarán?

* Terrorismo internacional islamista.
* Situación del terrorismo internacional en la zona.
* Situación del crimen transnacional organizado en la zona.
* Delitos financieros y su relación con la Triple Frontera.
* Inteligencia en la lucha contra el terrorismo. Análisis de las actividades en la zona.
* Estrategias contraterroristas y la Triple Frontera: Un enfoque multidisciplinario.

La SIA, pese a la posición oficial del gobierno Argentino y la discusión dentro del grupo 3+1 que conforma con Brasil y Paraguay y Estados Unidos como invitado, que sostiene que no hay actividades terroristas en la zona, aseguró hace poco en un informe especial que "...La zona de la Triple Frontera no es un mito, es una realidad latente, que se encuentra en estado de menor actividad, con el único objetivo de volver a incrementar las acciones una vez concluida la etapa de “Alerta”...".. El mismo documento de la empresa argumenta que “(la posición oficial) constituye una muestra más de la negación institucional con la que los países que comparten la Triple Frontera han elegido responder políticamente a la amenaza terrorista que opera en la región”. En sus documentos, indican que en la zona conviven terroristas internacionales, traficantes de armas, drogas y seres humanos, tratantes de blancas y criminales dispuestos a cometer cualquier delito por dinero.

La SIA opera en América Latina, los Estados Unidos, Europa e Israel, y está expandiendo sus actividades a Europa Oriental, el Caribe y el Lejano Oriente. En la organización de la conferencia también participa el CSTPV (Centre for the Study of Terrorism and Political Violence, Universidad de St. Andrews, Escocia)

Disertarán Jean Louis Bruguiere, vicepresidente primero del Tribunal de Gran Instancia de París y asesor especial de la Unión Europea en terrorismo; Magnus Ranstorp, director del Cstpv; David Bukai, especialista en radicalismo islámico de la Universidad de Haifa; Sami Moussafi, ex asesor de la oficina del primer ministro de Israel, y Alexandre Martchenko, ex subsecretario de Inteligencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Brasil, entre otros. También será uno de los disertantes Roberto Ontivero, jefe de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas y Delitos Complejos de la Policía Federal, delegación Iguazú. El objetivo es permitir a decision makers de diferentes ámbitos de los sectores público y privado de toda América Latina participar en un evento único en su tipo”.

En su reciente visita a Buenos Aires, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Roger Noriega, dijo que, más allá de la cooperación de la Argentina, Brasil y Paraguay, la Triple Frontera seguía estando bajo la lupa de su gobierno. Sobre todo, por la presencia islámica.



Roberto Ontivero será uno de los disertantes

El subcomisario Roberto Ontivero, jefe de la sección Triple Frontera de la Unidad de Investigación Antiterrorista será uno de los disertantes en la conferencia internacional que se realizará en Iguazú el miércoles de la semana que viene.

Entrevistado por Radio Universidad de Posadas señaló que “la región conocida como la Triple Frontera está en boga desde hace mucho tiempo, para nosotros en particular desde el desgraciado hecho del atentado a la embajada de Israel, y a la AMIA”.

“Del mismo modo, distintos organismos oficiales, distintos gobiernos y países tienem su interés puesto en esta región debido a las características de la zona; siempre que hablo con los, medios locales trato de diferenciar cual es la realidad de cada una de las ciudades que componen la Triple Frontera. Si bien compartimos con las autoridades locales que en esta parte de la región no existen actividades terroristas; en lo que hacen a la región que componen Paraguay y Brasil las características son distintas, sabemos perfectamente del asentamiento de comunidades árabes, que si bien en su gran mayoría son personas de bien, establecidos desde hace muchos años, bien pueden ser células dormidas”.

Roberto Abínzano: “Estados Unidos quiere instalar la idea de que somos irresponsables para controlar la Triple Frontera"

Entrevista realizada por Marina Casales

El docente-investigador de la Universidad Nacional de Misiones analizó la situación de de La Triple Frontera como punto de interés de Estados Unidos a propósito de la realización del encuentro "Terrorismo Global y la Triple Frontera: Mito o amenaza? previsto para la semana próxima en Puerto Iguazú. En este sentido, el catedrático señaló que el interés está puesto en el acuífero Guaraní, "este depósito subterráneo de agua potable que tiene cincuenta mil millones de kilómetros cúbicos".

Aseguró que "Estados Unidos cree que nuestros países no están en condiciones de preservar ese recurso y de mantenerlo incontaminado".

Abínzano es integrante de la Mesa Coordinadora del Proyecto Sur y abordó en una entrevista realizada por FM Libre el movedizo y complejo "Terrorismo Global" desde distintas aristas: formas, alcances y objetivos. El docente es titular del Proyecto de Investigación: "Procesos Transfronterizos complejo. El "caso de la Triple Frontera". Movimientos sociales, colectivos , "bajo sospecha" políticas públicas y control. También se mostró sorprendido porque el encuentro esté organizado y convocado por una consultora de seguridad israelí.

¿De qué manera se puede abordar está problemática del terrorismo global?

Pido disculpas porque lo que diga va a ser una mínima parte de lo que se podría decir sobre el tema. Esto habría que desglosarlo en varias partes. Podemos hablar del terrorismo en general, del terrorismo en la Triple Frontera y el terrorismo que se está dando en algunas partes del mundo. Coon respecto al terrorismo en general, uno podría definirlo como formas violentas, anónimas o cuasi anónimas, de tratar de forzar la voluntad de instituciones o pueblos para tratar de lograr determinados objetivos. Se elige un camino de violencia que lo que hace es paralizar al enemigo o al rival y tratar de obligarlo, como forma extorsiva, a tomar determinadas políticas. Podría ser la ETA en España en este momento, usa el terrorismo porque cree que con eso va a torcerle la mano al Estado y va a acceder a uno de los tantos pedidos que ha formulado en relación a sus presos y a un montóon de otros cuestiones. Habría un terrorismo que practica el pueblo, la sociedad civil, que no practican las organizaciones oficiales. Pero también hay un terrorismo hecho desde el Estado. Probablemente ése sea el más antiguo y el que más se ha practicado en la historia. Bastaría con analizar ciertos procesos históricos contemporáneos y redefinir el terrorismo. El terror como un estado de ánimo para poder sojuzgar a pueblos, a clases o sectores de la sociedad y nos encontraríamos con una gama enorme de procesos de estados disimulados, disfrazados y que creo es el más peligroso y repudiable. En esta discusión siempre se cae en si hay terrorismo bueno y terrorismo malo.

¿Hay terrorismo bueno y terrorismo malo?

R. A.: - No, lo que puede haber son distintas explicaciones pero el terrorismo siempre es malo, lo aplique quien lo aplique, lo use quien lo use. Porque el terrorismo por empezar, actúa sobre inocentes. Los que adquieren el estado de terror son personas inocentes, los que sufren muertes, heridas irreparables, conmociones que no se curan de por vida son generalmente personas inocentes. Entonces, no hay terrorismo bueno, lo que hay son distintas explicaciones para actos de terrorismo. Uno puede decir los franceses volaban trenes de los nazis, y todos aplaudíamos en el cine y eso era terrorismo. Porque no eran fuerzas regulares. Hasta la guerra tiene sus reglas. Entonces, Francia se había rendido, tenía que desarmar su ejército. Sin embargo, la resistencia peleaba usando el terrorismo y creo que todos los que tenemos un fuerte sentido antinazi sentíamos que eso estaba bien. Y ahí es donde se nos queman ls papeles cuando decimos hay distintos terrorismos.

De qué manera se instaura la ecuación: Triple Frontera igual a inseguridad?

R.A.: - Yo estoy estudiando la Triple Frontera y me voy a dedicar los próximos años a eso. Lo primero que hay que hacer es reivindicar a la comunidad árabe. Es una comunidad que ha caído bajo sospecha y esto es una injusticia flagrante porque no existe una sola prueba, no se ha podido aportar una sola prueba de que dentro de la comunidad árabe instalada en la Triple Frontera existan grupos terroristas.

¿Por qué se insiste entonces en el monitoreo constante de la zona en la búsqueda de grupos terroristas fundamentalistas?

R.A.: - La primera confusión viene con los grupos fundamentalistas y el terrorismo. Hay grupos fundamentalistas católicos y grupos fundamentalistas cristianos reformados y supongo que de otras religiones. Separemos una cosa de la otra. La comunidad árabe que hay en la Triple Frontera, sobre todo en Brasil y Paraguay, que pertenece a la región Islámica, no es uniforme. Hay Chiitas y Sunitas y dentro de los Chiítas hay un pequeño grupo que quizás adhiere, simpatiza, con los grupos de resistencia de Medio Oriente: de Siria, Palestina y eso no tiene nada de malo. Porque esos grupos están peleando por una injusticia tremenda que es lo que se ha hecho con el Estado Palestino y del cual es culpable todo el mundo porque las Naciones Unidas, las potencias, no logran resolver de una vez por todas, el derecho del pueblo Palestino a su autodeterminación y a tener un Estado propio. Ahí es donde me extraña que la gente de Israel (SIA, consultora de seguridad que tiene su base en ese país y que es la organizadora del encuentro) venga a hablar de Terrorismo, porque sería extraordinario que vinieran a hablar de terrorismo del cual son víctimas pero también son victimarios; porque parece mentira que un pueblo que sufrió lo que sufrió el pueblo judío, aplique medidas que son totalmente arbitrarias y terroristas con el pueblo Palestino.

¿Por qué se neutraliza desde el discurso este mapa tan diverso que termina en la otra ecuación: grupos fundamentalistas igual a inseguridad?

R. A.: - Yo creo que esto se explica de la siguiente manera. Estados Unidos está tratando de instalar la idea de que nuestros países son irresponsables para controlar esa zona porque esa es una "zona peligrosa" entre comillas. Lo que pasa es que esa zona es riquísima, complejísima, donde se manejan miles de millones de dólares anuales en comercio, donde hay indudablemente contrabando, falsificaciones y no se pagan royalties, y no se pagan derechos de autor a productos que son de Estados Unidos y de otros países. Es una zona riquísima en turismo. Además, es la zona donde está el acceso mas importante del acuífero Guaraní. Este depósito subterráneo de agua potable que tiene cincuenta mil millones de kilómetros cúbicos. Entonces, Estados Unidos cree que nuestros países no están en condiciones de preservar ese recurso y de mantenerlo incontaminado, etc, etc. Que, por otra parte, es un recurso que ya se está usando porque ya se está sacando agua. El acuífero tiene los puntos críticos que son los puntos de carga, descarga y recarga, porque no es un depósito cerrado. Entonces, como ellos planifican para cien años, y nosotros para diez meses, esa es la diferencia, ellos ya están pensando en el recurso del agua potable para el futuro. Otro interés, la biodiversidad de los parques nacionales que son totalmente desconocidas, la gran cantidad de sustancias activas que puede haber y que han tratado inutilmente de cambiar reservas naturales por deuda externa. Ahí se juntan demasiados factores. Yo creo que es un tema muy complicado.

Cómo debieran nuestros países tratar el tema ante tantos pedidos de monitoreo, con tantos intereses en en juego y teniendo la adeuda externa como transfondo, que me parece que no habría que perder de vista esta cuestión.

R. A.: - Argentina le tiene que decir no al terrorismo. Todos le tenemos que decir no al terrorrismo. Pero si hay terrorismo en esa zona somos nosotros, brasileños, paraguayos y argentinos, los que nos tenemos que poner de acuerdo para impedir que haya terrorismo en esa zona. No tenemos que permitir que venga nadie de afuera. Porque los que vienen de afuera no vienen con esas intencioones porque incluso pueden llegar a inventar ese terrorismoo. Dónde están las armas de Sadam Hussein. El caso de Irak creo que todo el mundo tiene muy transparente. Hubo otras intenciones. Se inventó, se construyó un enemigo... Entonces , primero yo creoo que ahora tenemos que fortalecer nuestro gobierno y tener total control de esa región. Y segundo, si tenemos que pagar una deuda externa, y creo que nuestros países en ningún momento dijeron que no la van a pagar, nunca podrán hacerlo con el hambre del pueblo, la marginación. No deben hacerlo. Pagaremos la deuda en el momento en que empecemos a crecer económicamente porque es ilegítima, impagable, fue contraída por dictaduras militares. De la cual, sus efectos y resultados no se hicieron ver para el desarrollo de nuestros pueblos. Entonces, hay que aprender a decir no. No tenemos que permitir que la Triple Frontera se convierta en una especie de base de operaciones. Podemos dialogar civilizadamente de igual a igual, pedir ayuda técnica, cooperación si hace falta. No nos olvidemos que en Argentina hubo argentinos que murieron en dos atentados tremendos que fueron el de la Amia y la embajada (de Israel). No nos tenemos que olvidar que eran argentinos. A mí no me importa que religión tenían ellos, es un problema de ellos pero eran compatriotas. Esos monstruosos atentados deben ser duramente castigados, como deben ser castigados todas las formas de terrorismo y repito, la más excecrable de todas es la que proviene del Estado.




30-68730859-6
CONSULTORA LYON S R L
08/2002
09/2002



30-64622868-5
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MAT
02/2006
06/2007



30-68730859-6
CONSULTORA LYON S R L
11/2002
07/2007









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